El Estatut de la clase política

Por Josep Piqué, presidente del PP de Catalunya (EL PERIÓDICO, 02/10/05):

El Estatut de 1979 fue –y es– el Estatut de todos. Respondía a una demanda social generalizada –“Volem l’Estatut”– y era un objetivo político en sí mismo. Todo el mundo quería conseguir el autogobierno, en el marco de una España democrática. Los resultados son claramente positivos y esto no lo discute nadie. El proceso de democratización y de descentralización que ha vivido España –y dentro de ella, Catalunya– ha sido y es motivo de admiración en todo el mundo. Y yo, personalmente, he sido testigo directo de ello durante mis años como ministro de Asuntos Exteriores. Un cuarto de siglo después, el balance es, evidentemente, satisfactorio. Es cierto, sin embargo, que después de todos estos años, han ocurrido muchas cosas que no podían ser previstas.

Hoy somos un país de inmigración. Con retos dramáticos, explícitamente expresados a través de las imágenes que recibimos estos días de Ceuta y Melilla. Hace un cuarto de siglo, España era un país de emigrantes. Hace un cuarto de siglo queríamos participar en la construcción europea. Hoy somos –menos de lo que yo quisiera– protagonistas directos. Hace un cuarto de siglo, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones eran impensables. Hoy transforman nuestras vidas cotidianas. Lo mismo podemos decir del panorama audiovisual, desde el monopolio público a la pluralidad de hoy y, sobre todo, la de mañana. La integración de los mercados –todos, financieros, laborales, comerciales…– no tiene nada que ver con lo que existía a finales de los años 70. La globalización nos descubre muchos horizontes, retos y desafíos nuevos. Y tantas y tantas otras cosas. Todo ello es cierto. Y justifica la voluntad de adaptar nuestras instituciones a las nuevas circunstancias. Pensando en los ciudadanos. En sus problemas y sus inquietudes y preocupaciones. Procurando hacerlo en términos de eficacia, sin segundas intenciones. Y en este terreno, desde el PP de Catalunya, mostramos nuestra disposición total. A mejorar el autogobierno. A mejorar su financiación. Pensando en las personas. Pero no podemos compartir segundas intenciones. Me resulta evidente que para el resto de las fuerzas políticas catalanas –PSC, ¡quién te ha visto y quién te ve!, cómo llamándoos socialistas sois estrictamente nacionalistas!–, lo que se pretende, con el pretexto de disponer de un nuevo instrumento jurídico adaptado a los momentos actuales, es transformar, por vía indirecta y deshonesta por insincera, el pacto constitucional de 1978. Aquí nadie ha dicho la verdad, a excepción del PPC. Lo que se quiere es invertir la voluntad democrática, expresada por todos hace un cuarto de siglo, y romper con un gran activo: las instituciones hasta ahora son de todos y permiten la neutralidad en el juego normal de las alternancias democráticas. Ahora lo que se quiere es volver a la dinámica histórica de nuestro país, según la cual las instituciones responden a las mayores coyunturas que existen en cada momento y que hace la Constitución –o los estatutos– a su medida, excluyendo a los demás. En el Parlament de Catalunya o en las Cortes Generales. Y se ha visto cómo se quiere sustituir el Estatut de todos por un Estatut de una parte –por importante que sea– de la clase política, y cómo se quiere hacer sin contar con el principal partido de la oposición, que ha sido gobierno y que lo volverá a ser.

CREO, sinceramente, que tenemos que evitarlo. Nos jugamos todos demasiado. Y hace demasiado tiempo que en la política catalana sobran tacticismos, visión de término corto y frivolidad y, en cambio, falta rigor, seriedad, responsabilidad y, sobre todo, honesta sinceridad. Hace tiempo que digo que la situación política catalana viene determinada por dos circunstancias. La primera es el extraordinario divorcio entre el debate político y los debates que se producen en el seno de la sociedad. Nada que ver. Y esto vale también para las habituales reacciones de la sociedad civil. Se evitan opiniones que puedan incomodar al poder. Todo tiene que ser políticamente correcto. Y si no, quien se atreve a hacerlo es enviado inmediatamente a las tinieblas exteriores. Es expulsado de la tribu. Y a quién crea que estoy exagerando le hago la pregunta siguiente: ¿Cree que aquello que se dice en público, en la política y en la sociedad catalanas, coincide mínimamente con lo que se expresa en privado? Pienso que es una buena pregunta. ¿Ustedes qué ven?