El contenido de las alegaciones del abogado del Estado al recurso del PP contra el Estatut que publicó La Vanguardia el viernes plantea un dilema políticamente muy significativo. Teniendo en cuenta la correlación de fuerzas del Tribunal Constitucional entre magistrados denominados progresistas y conservadores, es bastante probable que la sentencia sobre la nueva norma catalana se sitúe entre la nulidad que defiende el PP y la constitucionalidad tal como la entiende el Gobierno, es decir, restando trascendencia política real a cualquiera de las formulaciones fundamentales. No ha de extrañar, por lo tanto, que el líder del PP catalán, Josep Piqué, cante victoria por adelantado. Igualmente es comprensible, hasta cierto punto, la honda preocupación que embarga a todos los protagonistas catalanes de la aventura, fundamentalmente el PSC y CiU, que ya están iniciando un pleito de características similares, aunque opuestas, al que protagonizan los parientes de James Brown con el cadáver del artista.
Pero una cosa es preocuparse, pensar cual deberá ser el siguiente paso, y otra muy distinta amargarse y amargar la vida a los demás. El Govern de la Generalitat se ha empeñado en restar trascendencia al contenido del informe poniendo el énfasis en que lo verdaderamente importante es que el Gobierno defienda la constitucionalidad del texto y el Tribunal lo avale. Efectivamente, si el Tribunal avala las tesis expuestas por el abogado del Estado, el Estatut quedará en poca cosa más o menos que el texto de 1979, pero el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, habrá ganado la batalla jurídica que le ha presentado el PP. El partido de Mariano Rajoy necesita que se declare la nulidad de alguno de los artículos fundamentales para poder proclamar a los cuatro vientos el fracaso de la iniciativa auspiciada por Zapatero y que pasaba por ser el buque insignia del proyecto político de la España plural. En todo caso son perspectivas factibles pero cuya repercusión está aún por ver en un país donde nunca pasa nada y cuando pasa no tiene importancia.
Así pues, no se ven motivos para perder los nervios y menos un Govern que tiene toda la legislatura por delante con una oposición cariacontecida. Sin embargo, la inseguridad es tal que algunos altos cargos de la Generalitat han considerado la publicación del documento del Gobierno español como una ofensiva contra el Ejecutivo que preside José Montilla y han tenido una reacción que no por repetida es menos grave. Es más grave que lo que pueda ocurrir con el Estatut, porque afecta a libertades y derechos fundamentales que la primera institución catalana está obligada a garantizar y amparar y no lo contrario.
El día en que se publicó en La Vanguardia el contenido del documento del abogado del Estado, el director de la oficina de Comunicació de la Presidència de la Generalitat, Antonio Bolaño, habló por teléfono con el periodista que firmaba la información y que firma esta columna. Empezó con acusaciones, de las acusaciones pasó a los insultos a los que ya nos tiene acostumbrados a los que nos dedicamos a esto y cuando ya parecía que se había quedado "a gusto", al menos eso dijo, pasó directamente a las amenazas: "Te juro que no voy a parar hasta joderte", dijo entre otras cosas. Todo por publicar un informe "antiguo" del Gobierno amigo en el que apenas se hacía referencia al tripartito. A saber qué ocurrirá el día en que alguien les critique por lo que hacen o por lo que no hacen... Con esta inseguridad ciudadana es difícil trabajar, pero algunos no servimos para otra cosa, así que no tenemos más remedio que hacer frente al maccarthismo local... con más periodismo.
Jordi Barreta