El ‘Estatut’ y la conciencia del compromiso

Hasta cierto punto todo ha ocurrido como era previsible que ocurriera. Una vez conocido el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, unos y otros han hecho públicas sus divergencias. Como se esperaba, los dos grandes partidos nacionales han hecho lecturas diferentes. En cuanto a los partidos que conforman el parlamento de la comunidad autónoma de Cataluña, tampoco ha habido demasiadas sorpresas. Buena parte de ellos habían anunciado cuál sería su respuesta si el Alto Tribunal modificaba algún aspecto del Estatuto. Los nacionalistas no habían ocultado que esa respuesta sería la consecuencia lógica de su negativa a reconocer ninguna legitimidad en ese Tribunal. Así pues, con independencia de lo que unos y otros puedan señalar sobre los límites razonables del Estado autonómico, y del histrionismo de que hagan gala en sus manifestaciones, la cuestión capital ha sido otra: qué pasa con las reglas del juego y con su aplicación.

De hecho, lo previsible de las respuestas de unos y otros no oculta, al contrario, lo preocupantes que éstas resultan. Es así porque parecen rubricar una crisis institucional que puede llegar a estrangular el normal desarrollo de la vida política democrática. El Constitucional tiene, sin duda, una parte muy importante de responsabilidad, en la medida en que su tardanza en resolver esta cuestión, así como el bochornoso espectáculo que nos ha ofrecido con el ir y venir de ponencias, resultan inadmisibles. Pero ese descrédito del que le resultará difícil librarse, así como el modo en que ha contribuido a cansarnos y menoscabar nuestra confianza en las instituciones, no son sino el reflejo de algo más inquietante. Cabe preguntarse, ahora que ya sabemos lo que piensan nuestros expertos en Derecho Constitucional sobre la ilimitada elasticidad de las reglas del juego y lo poco que les importa esa opinión a nuestros sufridos nacionalistas, si todo este asunto de la constitucionalidad o no del Estatuto de Cataluña no es un síntoma de una afección más seria que creíamos superada.

Algunos creen a estas alturas que la democracia española padece de los achaques propios de un sistema político que no fue capaz de romper radicalmente con el franquismo, de tal manera que algunos rasgos de una cultura política autoritaria todavía nos acompañan. Estos también tienden a pensar que la democracia no funciona bien porque algunas instituciones interfieren en las decisiones que toman los representantes de los ciudadanos elegidos en las urnas. Desde su punto de vista, la voz del pueblo, traducida en una mayoría parlamentaria, está sometida a una tutela insoportable. Si esto ocurre es porque determinadas transacciones que resultaron capitales para traer la democracia se han convertido en un serio problema para su desarrollo. Estaría pendiente otra transición que permitiera alcanzar esa democracia completa que hace 30 años no pudimos lograr. Hasta cierto punto, con el nuevo Estatuto de Cataluña se habría dado un paso importante en ese sentido. Al parecer, el mero hecho de que el Tribunal Constitucional tenga reconocida la competencia para fallar sobre su constitucionalidad, resulta en sí mismo un problema. Qué duda cabe que en esta postura sobre la necesidad de completar nuestra democracia, los nacionalistas no han estado solos. El Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha fomentado, allí donde le ha interesado, ese diagnóstico.

Esto último es lo realmente inquietante. Es cierto que los socialistas españoles no han cuestionado la legitimidad del Tribunal Constitucional ni han pedido una reforma de la Constitución que suprima el control de constitucionalidad de las leyes que regulan el funcionamiento de las autonomías. Pero han estado facilitando el alimento ideológico a quienes anhelan perfeccionar la democracia española propiciando una descentralización sin límite que desdibuje no sólo el sujeto de la soberanía nacional, y consiguientemente la igualdad civil de los españoles, sino también la razón de ser de unas reglas del juego comunes.

Éste es el quid de la cuestión: cómo hemos de actuar para que las normas que presiden nuestra democracia sean percibidas por una amplia mayoría como sus reglas, no las del partido en el gobierno, ni las del partido de la oposición, sino las reglas de todos los españoles. Esto es lo que, a mi juicio, ha salido debilitado del espectáculo al que hemos asistido desde que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero se comprometiera a respaldar el Estatuto que aprobara el Parlamento de Cataluña, y ese compromiso no incluyera la necesidad de que el principal partido de la oposición también lo considerara suyo. Esto es lo que realmente está debilitando nuestra democracia, una democracia entre cuyas inmensas virtudes estaba la de haber roto con el empeño de nuestros antepasados en los proyectos de exclusión política.

Lo que la polémica sobre el Estatuto de Cataluña, tanto sobre la forma en que se aprobó como el contenido de algunos de sus artículos y del preámbulo, ha sacado a la luz es el resurgimiento de actitudes nefastas del pasado. Hace mucho tiempo que sabemos que el fracaso de la democracia española en los años 30 no se debió a razones tan simples como siguen apuntando algunos novelistas de la Historia. En la raíz de ese fracaso hubo mucho más que una derecha autoritaria y antiliberal. Entonces predominó una cultura política que hacía de la intransigencia una virtud, de tal forma que la participación democrática no era una forma de arbitrar pacíficamente el conflicto, sino un modo de aplastar al adversario para imponer un modelo de sociedad. Esta actitud favorecía la consideración de las instituciones como un instrumento de partido e impedía apreciar la importancia de las garantías formales para la consolidación de una democracia pluralista. Por eso, cuando las izquierdas republicanas y los socialistas tuvieron que desarrollar legalmente el Tribunal de Garantías Constitucionales que habían previsto en su Carta Magna, se asustaron sobre las posibles consecuencias que podía tener el control de constitucionalidad. De ahí que no les costara nada reconocer públicamente que no iban a tolerar que un tribunal dictaminara sobre la validez de las normas que desarrollaban la Constitución. No lo harían porque no creían que debieran ponerse límites a la voluntad de los representantes de la soberanía. Que el Alto Tribunal pudiera revisar las leyes de desarrollo constitucional chocaba con lo que el portavoz de la comisión parlamentaria llamó una «misión francamente revolucionaria y constituyente». Tenían, como dijo el ministro de Justicia del gobierno Azaña, «motivos políticos, franca y noblemente políticos», para impedir el control de constitucionalidad de las normas de desarrollo de la revolución republicana. Si la intransigencia era una virtud y la exclusión un objetivo, es lógico que la división de poderes no estuviera bien vista.

Hoy podemos estar tranquilos porque la reacción de nuestros dos partidos nacionales a la sentencia del Constitucional no ha incluido un cuestionamiento de su legitimidad. Ahora bien, tenemos motivos para preocuparnos porque el modo en que se aprobó la ley que regula el Estatuto catalán y la forma en que el Tribunal Constitucional ha conseguido aprobar una sentencia ponen de manifiesto que hay quienes piensan que existen «motivos políticos, franca y noblemente políticos», para evitar que las garantías formales previstas en las Constitución de 1978 impidan que cada cual utilice las mayorías electorales para profundizar en una especie de democracia a la carta. Pero proyectos de exclusión, aunque se disfracen de identidades nacionales, derechos históricos y profundización de la democracia, no son lo que necesitamos.

Lo que el Partido Socialista y el Partido Popular deberían analizar, más allá de sus visiones a corto plazo sobre cómo ganar elecciones, es el modo en que el episodio del Estatuto de Cataluña y el tiempo y la forma en que se ha resuelto han podido debilitar la confianza de una parte importante del electorado en sus instituciones. Su tarea, por tanto, no es sólo la de pensar en común sobre el futuro de la organización territorial de la nación, sino también la de reforzar la confianza de los españoles en su democracia. Podrán hacerlo si recuerdan que lo esencial en una democracia liberal es, como insistía Raymond Aron, la «conciencia del compromiso».

Manuel Álvarez Tardío, profesor de Historia Política de la Universidad Rey Juan Carlos. Acaba de publicar El precio de la exclusión. La política durante la Segunda República.