El estertor de la muerte de Francia

Cuando Moody’s anunció en noviembre que había bajado la calificación AAA de la deuda soberana de Francia, un bloguero se burló de la tendencia de las agencias calificadoras a equivocarse por completo o a reconocer súbitamente una crisis que existía desde hace tiempo. "Si este reconocimiento por una agencia calificadora de que Francia tiene problemas es un ejemplo de la primera falla, entonces ya debe haber comenzado una recuperación; si es un ejemplo de la segunda falla, entonces el país se enfrenta a un serio problema”, bromeó el bloguero.

El gobierno del presidente François Hollande afirma que ya se ha dado cuenta de la amenaza. En una entrevista reciente, el ministro de Finanzas, Pierre Moscovici, dijo que las medidas que se estaban adoptando para reducir la carga de la deuda y restablecer la competitividad del país eran una “revolución copernicana...porque esas decisiones no eran fáciles para un gobierno francés o para un gobierno de centro-izquierda.”

Como prueba de este nuevo realismo, el gobierno ha estado pregonando la respuesta al conjunto de recomendaciones de política que presentó un panel de expertos encabezado por el empresario Louis Gallois dos semanas antes de que se degradara la calificación. La respuesta se centra en una reducción al impuesto sobre la nómina que se equilibrará mediante recortes del gasto y un mayor impuesto al valor agregado.

Antes de la degradación de la calificación, un analista de Moody’s dijo que la decisión se basaría en gran medida en que el gobierno prestara atención al llamado del informe de Gallois de dar un “shock competitivo” a la economía de Francia. La degradación indica por lo tanto que Moody’s consideró que la respuesta del gobierno había sido insuficiente.

De hecho, este veredicto negativo apenas muestra la superficie de la difícil situación de Francia. El panorama completo se aprecia únicamente después de que se examinan los motivos de la inadecuada respuesta del gobierno.

La explicación subyacente se encuentra en la cultura y los prejuicios de la élite gobernante francesa, los llamados grands commis formados en la Escuela Nacional de Administración de la que Hollande – al igual que casi todos sus predecesores, salvo Nicolas Sarkozy – es ex alumno. En este mundo de claustro, una sociedad próspera y justa requiere una economía dirigida por el Estado.

Esta devoción al dirigismo ha creado en la élite gobernante un sentimiento de privilegio y de hostilidad hacia las empresas. En efecto, para los líderes políticos franceses, la actividad empresarial equivale a un juego de suma cero destinado a dar a los propietarios y administradores una mayor parte del valor agregado total a expensas de los trabajadores.

En Francia, las críticas a este enfoque antiempresarial generalmente se califican como protestas "ultraliberales" contra el “modelo social” que la nación francesa ha adoptado. No obstante, el ejemplo de los países escandinavos, que combinan un generoso Estado de bienestar con políticas y tradiciones proempresariales, contradice esas afirmaciones.

La diferencia principal entre el modelo francés en declive y el enfoque más exitoso de los escandinavos no se encuentra en los “productos” de la seguridad social (muchos servicios públicos franceses, como el sistema de atención a la salud, siguen siendo de los mejores del mundo) sino en la forma de financiarlos. El modelo social escandinavo se basa en el entendimiento de que los ciudadanos deben pagar impuestos elevados a cambio de los servicios públicos.

Si bien el gasto público francés – que era del 56% del PIB en 2011 – está al mismo nivel o es superior que el escandinavo, los hogares franceses pagan menos impuestos sobre el consumo y el ingreso personal. La brecha se zanja con una mezcla de gasto deficitario e impuestos elevados al empleo.

El endeudamiento constante del gobierno y los elevados impuestos sobre la nómina (la seguridad social pagada por el empleador) han alimentado desde hace mucho tiempo la ilusión de los ciudadanos de que obtienen algo a cambio de nada y han perpetuado la falsa conclusión de los gobiernos de que gravar a las empresas es una forma indolora de financiar la seguridad social y los servicios públicos. No obstante, cada vez es más evidente que este enfoque ha debilitado las finanzas públicas y la competitividad – y que los hogares acaban pagando la cuenta. (De hecho, el alto desempleo crónico significa que lo han estado haciendo desde hace años.) Ahora los ciudadanos se enfrentan a impuestos más elevados y recortes a los servicios públicos.

Los defensores del sistema francés argumentan con estadísticas relativas al costo de la mano de obra en un esfuerzo para demostrar que Francia no es tan diferente de sus principales socios comerciales europeos. Pero los hechos de la última década – incluida una pérdida significativa de participación en el mercado de las exportaciones y un deterioro del 5% del PIB en la balanza de cuenta corriente – indican lo contrario.

Además, esta argumentación no viene al caso. La carga de los impuestos sobre la nómina, junto con una reglamentación desmesurada del mercado laboral, asfixia el espíritu empresarial. Si los aumentos a los impuestos de Hollande – sobre el ingreso (incluida una tasa temporal del 75% para los hogares más ricos del país), los dividendos, las rentas y los activos de capital – no son suficientes para disuadir a los empresarios, el costo de contratar trabajadores y las dificultades para despedirlos siguen siendo factores disuasivos poderosos.

Lejos de ser un giro proempresarial, la respuesta del gobierno de Hollande al informe Gallois refleja la persistente mentalidad intervencionista de la élite francesa. En lugar de aplicar recortes profundos y permanentes a los impuestos sobre la nómina de las empresas, el gobierno les dará un crédito del impuesto sobre el ingreso de 20 mil millones de euros (26 mil millones de dólares) en los próximos dos años. Adicionalmente, puesto que las empresas estarán obligadas a dedicar el efectivo reembolsado a la inversión y la creación de empleos, el gobierno sostiene que la medida es una reducción de los impuestos sobre la mano de obra que promoverá el empleo. No obstante, una reducción temporal de los impuestos no puede cambiar los incentivos.

Además, las empresas no recibirán el efectivo hasta 2014-2015, debido a la complejidad de la administración fiscal de Francia, y cuando lo obtengan, el Estado no tendrá manera de saber si reinvertir en la misma empresa será más benéfico que, por ejemplo, pagar dividendos que los accionistas podrían utilizar para financiar una nueva empresa.

Una vez más los legisladores franceses están actuando con la convicción de que saben más que los participantes en el mercado. Independientemente de las promesas de reducir la reglamentación laboral, todas las nuevas medidas se reducen a la canalización del dinero público y los subsidios a las empresas y proyectos que los funcionarios elijan.

Así pues, el estertor de la muerte del modelo económico francés continúa. Lo que queda por ver es cómo llegará el fin. Y ya sea que llegue mediante una huelga de capital por los tenedores de bonos extranjeros o mediante huelgas de trabajadores nacionales y un mayor descontento social y político, los líderes franceses siguen estando totalmente desprevenidos para lo inevitable.

Brigitte Granville is Professor of International Economics and Economic Policy at the School of Business and Management, Queen Mary, University of London. Traducción de Kena Nequiz.

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