El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere un país que acoja a migrantes, no como el “tipo anterior” (su apodo para Donald Trump). No en balde ha anunciado esperanzadoras iniciativas, incluyendo un millonario apoyo económico a Centroamérica y la autorización para que 25.000 solicitantes de asilo, que ahora esperan en México, ingresen a Estados Unidos mientras sus casos avanzan. Sin embargo, el mismo Biden y su ahora colaboradora Roberta Jacobson, encargada de esos temas, han sido claros: nada va a cambiar en la frontera sur por ahora. Que los migrantes se abstengan de intentar llegar a Estados Unidos, han anunciado. Así buscan desmantelar el programa “Quédate en México” en un intento de hacer un control de daños y terminar el conflicto humanitario creado por Trump y tolerado por Andrés Manuel López Obrador. Pero el asunto de fondo sigue pendiente. No son 25.000 los solicitantes de asilo. Son miles más en espera mientras calientan en la pista mexicana para arrancar de nuevo en estampida.
Los migrantes centroamericanos tienen razones para ilusionarse y llegar al anhelado norte. Han perdido la esperanza en sus gobiernos. Han optado por votar “con los pies”, huyendo de sus países, aunque rompan la unidad familiar, con el anhelo de recuperarla ya instalados allá. Saben que los presidentes de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua son de los más corruptos, autoritarios e ineficientes de América Latina. Cada uno tiene su agenda propia y no podrían dirigirse a Washington con una sola voz y propuestas coherentes para resolver nada.
Durante su campaña presidencial, Biden anunció una ambiciosa estrategia regional de cuatro años y 4.000 millones de dólares para Centroamérica. Su plan, que busca abordar las causas fundamentales que impulsan a los migrantes del Triángulo Norte a ser la principal fuente de migración no autorizada a Estados Unidos, es un cambio radical de la Administración anterior y un esfuerzo por abordar las causas económicas, de seguridad y de gobernanza de la migración. El asunto está en su agenda formal. De inmediato —semanas o meses—, sin embargo, se perfila una política más bien reactiva, convencional, al estilo de las declaraciones de Jacobson. El siguiente paso será cambiar las reglas de deportación.
La preocupación del jefe de Estado demócrata por el Triángulo Norte, una región cada vez más pobre, desigual e insegura, con una de las tasas de homicidios mas altas del mundo, es de larga data. Como vicepresidente de Barack Obama, respaldó la iniciativa de la Alianza para la Prosperidad, enfocada en crear las condiciones de desarrollo para permitir que los migrantes sigan viviendo en sus países.
Pero los problemas subyacentes solo han empeorado desde entonces. Ante situaciones endémicas sociales y económicas por décadas, acosada por desastres naturales, organizaciones criminales transnacionales, pésimos gobiernos, pobreza extrema, violencia y violación a sus derechos humanos, hoy la gente también enfrenta los impactos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia de covid-19.
De acuerdo con un informe de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, 2015), en Guatemala la corrupción y debilidad de las instituciones de seguridad y justicia han dejado al Estado sin capacidad de responder a la violencia y criminalidad o a atender los factores estructurales detrás de estos flagelos.
Si salieron en caravanas hacia el norte con Trump y su muralla “para luchar” y “salir adelante”, con mayor razón ahora con Biden, quien ha prometido no financiar ese muro. Ahora mas informados que antes por las redes sociales, buscan vivir con dignidad y consumir como sus familiares en Estados Unidos. La telefonía móvil e internet han abierto puertas a información antes inaccesible. Su otra opción sería liarse con el crimen organizado que opera desenfrenado en la región.
En Nicaragua, el régimen de la pareja compuesta por Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, gobierna desde la distancia de su mansión. Ahí atrincherados, ordenan confiscar y apropiarse de manera ilegal de instalaciones periodísticas, organizaciones feministas y de derechos humanos. Solo los nicaragüenses, por la cercanía, en general, optan por emigrar a Costa Rica.
En el vecino El Salvador, Nayib Bukele ha resuelto poco, o nada. Su estilo de gobierno ha defraudado a miles. Inició menospreciando a las instituciones políticas incluso antes de tomar posesión, negándose a trabajar en un plan de transición con funcionarios del Gobierno, de acuerdo con el periodista salvadoreño Carlos Dada. Desde 2019 que tomó las riendas del Ejecutivo, parece gobernar por Twitter. Casi nadie en su Gabinete tiene experiencia política o conocimiento de la administración pública. Bukele ha preferido “la lealtad a la capacidad de gobierno”, asegura Dada.
Honduras es una “cleptocracia” gobernada el presidente Juan Orlando Hernández, quien subvirtió la Constitución para postularse a la reelección en 2017 y ganó por fraude, aseguran los expertos. El sistema de recuento de votos se paralizó cuando Hernández parecía estar en un camino constante hacia su derrota; cuando el sistema regresó, volvió a estar activo. La Unión Europea y la OEA concluyeron que había “demasiadas irregularidades para confiar en los resultados oficiales”.
Cierto, Trump le heredó a Biden conflictos nacionales e internacionales que son hoy su prioridad. América Central, que solo por razones de proximidad debería ocupar un lugar destacado en las prioridades de Washington, no está en esa lista. En tanto, López Obrador, quien inició su Gobierno comprometiéndose a trabajar de la mano con América Central en el desarrollo conjunto, mantiene su frontera militarizada, creando un conflicto interno de difícil solución, confiando en que Biden resolverá todo eventualmente.
Los graves problemas de Centroamérica empiezan a permear a México y Estados Unidos ahora más que nunca, pues los migrantes no cesan en su intento de huir de su realidad, con un ímpetu nuevo. Su ruta ha abierto un peligroso callejón sin salida para el cual nadie, ni el nuevo Gobierno del norte, ni el de México (mucho menos los propios) ni los organismos internacionales, han encontrado una solución inmediata, que urge. Miles llevan años viviendo en condiciones adversas al norte de México y ahora esperan luz verde para llegar a la tierra prometida. Porque donde esperan no podrán seguir mucho tiempo sin crear un foco de inestabilidad en esas comunidades y en sus propias vidas. Además, se enfrentan a la violencia que los secuestra, extorsiona y aniquila. Para muchos centroamericanos el esperado sueño americano podría terminar en México.
María Lourdes Pallais