El expediente catalán: algo más que una cuestión jurídica

Mas y Rajoy coinciden en una cosa: a ninguno le interesa que la jornada de hoy en Cataluña suponga un salto cualitativo en el enfrentamiento de la Generalitat con el Gobierno central. Ni Madrid ni Barcelona quieren una fotografía de violencia en las portadas. Sin embargo, aunque el 9-N se desarrolle sin incidentes y la votación no tenga relevancia jurídica, los independentistas lo usarán para demostrar que el pueblo está con ellos, que una mayoría quiere romper con España.

… Probablemente no haya habido un pacto propiamente dicho, pero sí contactos. Al final, se ha alcanzado un acuerdo tácito entre el Gobierno y la Generalitat: usted me deja colocar las urnas y yo me comprometo a que sean la ANC y Òmnium Cultural (a las que los medios catalanes identifican con la «sociedad civil») quienes se encarguen de organizar la consulta. A pesar de este pacto, anoche la Fiscalía de Cataluña ordenó a los Mossos que identificaran a los responsables de los locales públicos que se van a utilizar hoy durante la consulta.

Aunque las garantías democráticas del evento son mínimas, el independentismo hará sus cuentas. El error de Madrid consiste en pensar que el 9-N es tan sólo un desahogo nacionalista y concluir que el Estado ha demostrado su fortaleza al descafeinar completamente un reto que se presentó inicialmente como un referéndum para poner en práctica el derecho a decidir de los catalanes.

Cuando se haga balance esta noche (si no ha habido alteraciones importantes del orden público) tanto el Gobierno como la Generalitat dirán que se han salido con la suya. Mas dijo que habría consulta y la ha habido, aunque sea de mentira; Rajoy dijo que no habría consulta y, legalmente, lo que ocurra hoy no tendrá ninguna trascendencia.

El problema es que el Gobierno se equivocó al valorar la cuestión catalana como un suflé que se desinflaría con la recuperación económica, del mismo modo que se equivocó con Podemos cuando Pedro Arriola afirmó que se trataba de un grupo de frikis.

Para los independentistas, el 9-N les sirve para demostrar su capacidad de movilización, su habilidad para mantener la tensión en una parte de la sociedad que, en apariencia, representa a toda Cataluña. El peligro para Mas es que a esa gente, mayoritariamente joven, alguna vez se le tendrá que decir que ya ha llegado el momento de la independencia. Y ese salto en la ruptura con España tiene que llegar más pronto que tarde.

Para el gobierno, Mas se ha convertido en un pelele en manos de ERC y los movimientos ciudadanos. No vale como interlocutor no sólo porque no es fiable y cambia de opinión cada dos por tres, sino porque en su propio mundo va perdiendo paulatinamente todo el predicamento que tenía.

Lo importante es no confundir táctica y estrategia. «No podemos hacer otra cosa distinta a lo que estamos haciendo», suele decir Rajoy cuando le preguntan sobre Cataluña. El presidente ha puesto en manos de su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría, el expediente catalán. A la vicepresidenta hay que apuntarle el compromiso de la Generalitat de dejar en manos de la ANC y Òmnium la jornada del 9-N. La línea a seguir ha sido: no entrar en provocaciones y utilizar la ley como muro infranqueable ante el que se estrellan una y otra vez las iniciativas de Mas, la consulta, el sucedáneo de consulta, etc.

Pero poner todo el peso del principal problema político de España en manos de un abogado del Estado tiene sus inconvenientes. El aspecto jurídico es importante, pero lo es aún más el político.

Salvar el 9-N sin grandes incidentes no puede considerarse un éxito. La lectura será necesariamente distinta en Cataluña y en el resto de España. Carme Forcadell (ANC) ya advirtió en la reunión de partidos soberanistas del pasado viernes: «Hemos de explicar como un éxito una participación que puede no ser muy alta».

La gran diferencia entre el independentismo catalán y la política del Gobierno respecto de Cataluña es que ellos saben adónde van mientras que Rajoy se conforma con que no haya líos.

El Gobierno afronta la cuestión catalana como una carrera de obstáculos, lo que le lleva a un tacticismo frustrante. Aunque, de momento, no se salgan con la suya, cada vez el independentismo está más arraigado en Cataluña. Si se le pregunta a Rajoy: «¿Cuál es la solución?»; la respuesta siempre será la misma: «Podemos negociar cosas concretas, los 23 puntos, pues sí. Pero yo no voy a hacer lo que no puedo hacer. Ni puedo vulnerar la ley ni le puedo dar a Cataluña algo que no acepten las demás autonomías».

En el vídeo emitido ayer en elmundo.es Las claves del discurso soberanista de Artur Mas (realizado por Cristina de Rojas y Jorge Barreno), el profesor de Comunicación de la Universidad Complutense Javier del Rey resaltaba la superioridad en eficacia del discurso del presidente de la Generalitat: «Marca la agenda. En la estrategia de confrontación se ha colocado en pie de igualdad con Rajoy».

A pesar de su desgaste, a pesar de que ERC se esté distanciando de él, a pesar de que Duran Lleida diga que va a romper con Convergencia, Mas tiene mucho más crédito en Cataluña que el presidente.

Los grandes empresarios catalanes pretenden que el Gobierno le eche un salvavidas a Mas para que no haya elecciones anticipadas («que serían un desastre porque ganaría el independentismo», advierten) y fabricar de manera artificial una sociovergencia que aguante al Gobierno catalán hasta las elecciones de 2016.

En definitiva, ganar tiempo. Es decir, más tacticismo ante un problema que se debe afrontar con un posicionamiento estratégico que ahora no existe.

Lo que pase a partir de mañana es muy importante. Pero el Gobierno no debe confundir marear la perdiz con Mas con la esencia del problema. Porque la dinámica en la calle seguirá siendo la misma que hasta ahora.

Rajoy debe ser consciente de que le quedan meses para hacer algo, si es que quiere hacerlo y no limitarse a que el asunto no le estalle a él entre las manos.

La última encuesta del CIS certifica la muerte del bipartidismo en España. Sea cual sea el porcentaje que obtenga Podemos en las elecciones generales del año próximo, el escenario de fragmentación está servido. Ningún partido logrará la mayoría absoluta y, desde luego, la suma de PP y PSOE en el Congreso ya no volverá a ser del 80% de los escaños.

Si el expediente catalán llega sin resolver a noviembre de 2015 los independentistas se habrán salido con la suya. Sólo tienen que esperar a que el próximo Gobierno negocie con ellos la ruptura con España.

Hace falta, por tanto, más política y menos estrategia jurídica. Cataluña es el asunto prioritario y es necesario alcanzar un gran pacto de Estado que dé salida a una aspiración cada vez más mayoritaria entre los catalanes. Lo difícil no acaba con el 9-N, sino que comienza justo ahora.

El mayor éxito de Rajoy (una cierta reactivación económica) podría verse arruinado por los nuevos riesgos políticos que todos, menos él, atisban en el horizonte.

Casimiro García-Abadillo, director de El Mundo.

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