A raíz de los terribles atentados ocurridos recientemente en Europa y en Estados Unidos, el mundo civilizado está debatiendo cómo afrontar las amenazas de Daesh, nombre por el que hay que referirse al denominado Estado Islámico. Una de las medidas propuestas es controlar mejor el flujo de dinero generado para apoyar sus actividades criminales. Una de sus fuentes de ingresos es el comercio ilegal de antigüedades, clasificado como el segundo mayor generador de ingresos después del petróleo y el gas. Sin embargo, es muy difícil cifrar con exactitud las ganancias de la venta ilegal de obras de arte debido a la falta de pruebas concretas.
Esto ha cambiado de forma drástica desde el 15 de mayo de este año. Esa noche, un equipo de la Fuerza Delta del Ejército de Estados Unidos descendió sobre el pueblo de Al Amr, en Siria, con el objetivo de capturar al tunecino Abu Sayyaf, considerado jefe de las operaciones financieras de Estado Islámico. Abu Sayyaf murió en el tiroteo posterior, pero el asalto permitió hacerse con gran cantidad de documentos y materiales, por no mencionar un número considerable de antigüedades expoliadas, algunas de las cuales eran falsificaciones.
Los materiales capturados revelaron por primera vez la manera en que se manejan las obras de arte y los yacimientos arqueológicos en los territorios controlados por Daesh. El 21 de noviembre de 2014, Abu Sayyaf fue nombrado jefe de la división de antigüedades del Consejo de los Recursos Naturales, un departamento encargado de la extracción de petróleo y también de las antigüedades. Su sección está dividida en una gobernación oriental y una occidental, con subdivisiones dedicadas a la mercadotecnia, la excavación, la explotación y la gestión de los yacimientos arqueológicos. Excavar en Siria es ilegal y está castigado por la ley, a no ser que lo permita una autorización del «director del expolio de antigüedades», cargo que, hasta su muerte, ocupaba Abu Sayyaf.
La razón de que se otorguen permisos de «expolio» es recaudar un impuesto sobre los beneficios, llamado khums, del 20 por ciento de las ganancias obtenidas de la excavación en busca de antigüedades. Los papeles de Abu Sayyaf, analizados por especialistas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, mostraban que, en el momento de la confiscación, había recibos de impuestos de antigüedades por valor de 1,25 millones de dólares. No parece una cifra enorme, pero hay que tener en cuenta que se trata de una cantidad mínima documentada, recaudada por Abu Sayyaf desde su nombramiento. Antes de eso se tuvo que generar mucho más, y además, después de su muerte la práctica del kuhms ha proseguido. La gravedad de que el saqueo sea un monopolio del Estado quedó de manifiesto por el hecho de que el pasado julio representantes de Daesh destrozasen varios bustos de Palmira previamente confiscados de excavaciones clandestinas. Existen pruebas de que el Daesh está empeñado en un expolio sistemático de los yacimientos arqueológicos de su territorio y de que, con los ingresos de este, está generando beneficios, aunque actualmente es imposible determinar la cantidad exacta.
Para los que trabajamos por la salvaguarda del patrimonio cultural en los conflictos armados a través de la organización Blue Shield, puede ser extremadamente frustrante contemplar la destrucción de lugares patrimonio de la Humanidad por estructuras criminales como el Daesh. La demolición de sitios como Palmira con bombas de barril es un acto de barbarie. Puesto que es prácticamente imposible impedir este tipo de acciones en el país, es fundamental hacer todo lo posible por contrarrestarlas en el exterior. Es inaceptable que en Occidente haya todavía personas e instituciones dispuestas a pagar por obras de arte robadas procedentes de las zonas en conflicto de Oriente Próximo. Es un escándalo que las casas de subastas y los puntos de venta por internet proporcionen procedencias falsas para objetos de zonas en guerra.
Pero también es lamentable que sigamos sin tener una institución eficaz que coordine las iniciativas para poner coto al tráfico y el comercio ilegal del patrimonio cultural. Instituciones como la Unesco, Blue Shield, la Organización Mundial de Aduanas, Interpol, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y los carabineros italianos, entre otras, tienen especialistas que trabajan sobre el terreno, pero, actualmente, los esfuerzos por coordinar todos estos organismos son insuficientes. Es indispensable crear una institución, preferiblemente bajo el liderazgo de la Unesco, que reúna todas las fuerzas, todos los recursos y todos los servicios secretos. La base legal para ello es la Convención sobre las medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales del año 1970, que actualmente cuenta con 129 países miembros (España la ratificó en 1986). Si todos esos países respetasen lo que firmaron y garantizaron, estaríamos en una posición mucho más favorable. El patrimonio cultural no solo pertenece al país del que proviene, sino a toda la Humanidad. Y la mejor expresión de ello sería respetarlo.
Carlos de Habsburgo-Lorena preside Blue Shield, organización que protege el patrimonio cultural amenazado por la guerra.