El extraño fin del “modelo catalán de cajas”

Esta semana la comisión de investigación sobre la crisis de las cajas de ahorros del Parlament de Catalunya ha ofrecido un lamentable ejemplo de cómo escurrir el bulto. Sus señorías han llegado a la conclusión de que el desgraciado fin del “modelo catalán de cajas” se debió sólo a una combinación de malas prácticas de los gestores de las entidades (aquí los adjetivos empleados en las conclusiones satisfarán a los amantes de la justicia retórica) y negligencia de los órganos estatales de control.

En cuanto a su propio papel en tan enorme crisis es difícil encontrar parangón para tan alta autocalificación: “Las autoridades de la Generalitat hicieron una labor de control del sistema financiero de Catalunya en términos ajustados a las competencias limitadas que les correspondían”.

La comisión ha considerado conveniente juzgar a casi todo bicho viviente menos a sus pares políticos. ¿Tendrá esto que ver con el hecho de que la gran mayoría de los partidos que la integran ha asumido labores de Gobierno en plena burbuja y, después, cuando los días de vino y rosas acabaron en un estropicio lamentable?

Sus señorías, con afán de analistas financieros digno de mejor ocasión, informan al común, ¡en junio del 2014, séptimo año de la crisis!, de que las cajas catalanas han desaparecido por una excesiva exposición al sector inmobiliario, una desmesurada expansión territorial, la dependencia de los mercados internacionales de capital, la concesión de hipotecas con pocas garantías, una “ligereza” en la venta de preferentes y deuda subordinada y problemas en su sistema de gobierno. Coincidencia plena con el Banco de España. Habría bastado con una somera consulta a las hemerotecas.

Ninguna autocrítica de la actitud sumisa de los distintos gobiernos de la Generalitat que, uno tras otro, defendieron el “modelo catalán de cajas” sin enterarse, aparentemente, de lo que estaba pasando y que adoptaban una actitud de acrítica aprobación a todo cuanto llegaba de esas entidades. La comisión del Parlament atribuye al Gobierno central haber actuado tarde pensando que el sistema financiero estaba saneado. Rebusquen de nuevo en las hemerotecas y encontrarán idéntico diagnóstico en bocas catalanas.

¿Realmente no tenía competencias la Generalitat? Sí sobre los órganos de gobierno de las entidades. También para la tutela de la obra social de las entidades. Incluso tenía potestad para acompañar al Banco de España en sus inspecciones, aunque desde tiempo casi inmemorial el Govern renunció a contratar personal para ese menester.

Sobre esta leyenda, basta recordar el ejemplo más significativo y que, precisamente, afecta a la única caja de ahorros catalana que ha surcado el océano de la crisis sin sucumbir, La Caixa, pese a lo cual no se le ha permitido mantener su condición. Se trata de la decisión, en el año 1999, del entonces conseller de Economia y actual president, Artur Mas, de oponerse a cambiar la ley como pretendía el presidente de La Caixa, Josep Vilarasau, para que la entidad tuviera dos directores generales. Fueron días intensos, duros, pero Mas ejerció una competencia que algunos diputados parece que ignoran.

Otro caso sobre el que la inefable comisión pasa de puntillas es el de Catalunya Caixa, ahora Catalunya Banc, la entidad que más dinero público ha costado en proporción a su tamaño, y que va camino de encabezar la lista también en términos absolutos. Formada por dos entidades de fundación pública, Catalunya y Tarragona (Manresa era privada), en ambos casos, las diputaciones provinciales, algo así como sus accionistas responsables, ni tan sólo se mencionan.

Lo dicho no pretende atribuir a los miembros de la comisión ningún extraño interés, simplemente poner de manifiesto su intento de eludir sus responsabilidades políticas.

A finales del 2005, cuando la burbuja inmobiliaria se encaramaba en su gran escalada hacia el delirio, el entonces gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, mantuvo una tensa discusión con los representantes de las cajas, entidades hacia las cuales tenía una suspicacia enorme, en consonancia con la gran banca, y por ello defendía, como más tarde su sucesor Fernández Ordóñez, su completa reconversión. El supervisor estaba en campaña, advirtiendo del excesivo riesgo que asumían las entidades; y estas le reprochaban sus críticas públicas. Al final, las cajas continuaron como si nada. El poder de las finanzas y de la burbuja se impuso a las cautelas políticas. Pasó en Madrid. Pero también en Barcelona, aunque ahora se nieguen a reconocerlo. Es el problema de defender que se hace todo bien y que la culpa siempre le corresponde sólo a otro.

El resultado es que en Catalunya, y en España, se ha producido una enorme desamortización con las cajas, que han pasado de ser propiedad social a sociedades por acciones. Y el coste social ha sido doble: primero por la pérdida en sí y segundo porque encima los ciudadanos han tenido que poner miles de millones para tapar el agujero.

Manel Pérez

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