El factor económico en Bielorrusia

Tras las elecciones fraudulentas del 9 de agosto es posible que el gobierno autoritario del presidente bielorruso Aleksandr Lukashenko llegue pronto a su fin. Las protestas masivas se extienden por el país y los trabajadores de muchos sectores críticos están en huelga. Si cae Lukashenko, las probabilidades de que Bielorrusia establezca una economía de mercado normal son sorprendentemente favorables.

Con Lukashenko, Bielorrusia mantuvo una economía dominada por el estado al estilo soviético y estancada desde 2012. A lo único que se dedicó Lukashenko —en el poder desde 1994— fue a mantenerse en el puesto y permitir que su familia y los amigotes de su círculo íntimo se enriquecieran. El sector público comprende tres cuartas partes de la economía, que depende en gran medida de la industria pesada y está dominada por unas pocas grandes empresas públicas (EP). Las cinco empresas más importantes —la productora de potasa Belaruskali, las dos mayores refinerías de petróleo, la Planta de Tractores de Minsk (MTZ) y la Fábrica de Automóviles de Minsk (MAZ)— tienden a ser ineficientes y estar subsidiadas; la economía en general está fuertemente regulada.

La economía bielorrusa ha mantenido una fuerte dependencia de Rusia. Sus productos industriales de baja calidad no son competitivos en Occidente, por lo que depende de las compras de Rusia, mientras vende potasa y petróleo refinado a Occidente. Hasta hace poco Rusia subsidiaba la economía bielorrusa proveyéndola con energía barata por el equivalente al 10 % del PBI de esta última, pero como en las relaciones bilaterales se deterioraron en los últimos años, el Kremlin eliminó gradualmente estos subsidios para presionar al régimen de Lukashenko.

Lukashenko afirmó que su deseo es que todos los bielorrusos ganen un salario promedio de 500 dólares al mes, pero como eso está fuera de las posibilidades de la economía, el país ha sufrido reiteradas crisis cambiarias. En 2009-10 Bielorrusia recibió un rescate del Fondo Monetario Internacional, pero el gobierno infringió los términos del acuerdo y desde entonces no recibe financiamiento. Para fines de 2011, la inflación se había disparado al 109 %, cuando Rusia salió en ayuda de Lukashenko.

Desde entonces Lukashenko ha tratado infructuosamente de atraer tanto a Rusia como a Occidente para que le brinden asistencia financiera. Para la Unión Europea, Bielorrusia es una cuestión delicada. Si bien los líderes de la UE desean defender los principios democráticos, lo que implica castigar a Lukashenko y sus amigotes por sus reiteradas violaciones, su intención es mantener cierta influencia en el país, por lo que se han cuidado de no obligar a Lukashenko a recurrir al presidente ruso Vladímir Putin.

Después de que Lukashenko liberó a todos los presos políticos bielorrusos en 2016, la UE levantó sus sanciones personales contra él, y el FMI, el Banco Mundial y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) comenzaron con cautela a relacionarse nuevamente con el país. Estados Unidos, sin embargo, mantuvo su sanciones personales contra Lukashenko.

La economía bielorrusa pide a gritos liberalización y privatización, y cuenta con los ingredientes básicos para iniciar un proceso de ese tipo. El dispone de con muchos activos y ha conservado lo mejor del sistema educativo soviético, que ofrece excelente capacitación en matemática y ciencias naturales. A pesar de estar bajo un régimen autoritario, Bielorrusia se ha convertido en sede de una sustancial industria informática y muchos de quienes formaron parte de la gran diáspora están listos para regresar cuando sea el momento adecuado.

Además, Bielorrusia se destacó en la era soviética como una de las 15 Repúblicas de la Unión que mejor funcionaba, algo que se mantiene debido a que Lukashenko toleró a tecnócratas capaces en todos los ministerios. Así, Bielorrusia aún cuenta con la mejor administración estatal de cualquiera de las antiguas repúblicas soviéticas, con un banco central y un ministerio de finanzas competentes. Para tomar un ejemplo reciente, mientras Lukashenko desestimaba la pandemia de la COVID-19, el Ministerio de Salud informaba meticulosamente los datos de los casos a la Organización Mundial de la Salud. Si hay podredumbre en la política bielorrusa, parece estar concentrada principalmente en los estratos más altos del sistema.

No sorprende que los inversores internacionales hayan evitado en gran medida a Bielorrusia (que de todos modos se las ingenió para reunir 1250 miles de millones de dólares en eurobonos a fines de junio); pero precisamente porque Lukashenko nunca logró atraer mucho financiamiento internacional, la deuda pública total del país solo llega a los 18 000 millones de dólares —o el 29 % del PBI— según el Ministerio de Finanzas.

Con la inflación anual controlada alrededor del 5 % y todas las instituciones financieras internacionales relevantes nuevamente involucradas, Bielorrusia está bien posicionada para dar el salto a una economía de mercado que funcione adecuadamente. Con un nuevo liderazgo debiera ser capaz de atraer suficiente financiamiento internacional como para mantener la estabilidad macroeconómica, y su fuerza de trabajo bien formada y extremadamente disciplinada finalmente podría alcanzar su potencial. Afortunadamente, eliminar la regulación de precios que existe para aproximadamente un quinto de los productos de consumo bielorrusos y liberalizar el comercio local debiera ser relativamente fácil. Las sólidas instituciones macroeconómicas bielorrusas pueden manejar la presión inflacionaria.

También habrá que poner freno a los subsidios a las EP. En esto Bielorrusia también se beneficia porque, a diferencia de otros países posteriores a la Unión Soviética, no hay oligarcas ni una captura del Estado por parte de los grandes empresarios. La mayoría de las quejas sobre la corrupción se centran en el estrecho círculo que rodea a Lukashenko.

Pero esas condiciones iniciales podrían llevar a que la privatización resulte más difícil, sencillamente porque no hay grandes empresas privadas que sirvan de modelo. Si se vende la mayor parte de las EP al mercado, los bielorrusos temen que los empresarios rusos amantes del riesgo se abalancen para quedárselas a precios de remate.

Después de todo, la empresa rusa de potasa Uralkali ha intentado durante mucho tiempo apoderarse de Belaruskali, y los gigantes petroquímicos rusos Rosneft y Lukoil tienen en la mira a las dos grandes refinerías de petróleo bielorrusas. Considerando estos riesgos, probablemente la mejor opción sea entregar la mayor parte de las empresas a través de acciones individuales a sus empleados actuales.

Independientemente de cual sea la decisión, Occidente debe mantener su vinculación. Si cae Lukashenko, Bielorrusia necesitará un programa del FMI en cuanto se haga cargo un nuevo gobierno, y el Banco Mundial y el BERD tendrán que ayudar en la desregulación y la privatización.

La UE también tendrá su papel: debiera dar la bienvenida al nuevo gobierno activando su programa de la Asociación Oriental para Bielorrusia e invitar a los estudiantes bielorrusos a participar en el programa de intercambio estudiantil Erasmus. No hay que subestimar la importancia de esa participación civil para evitar o neutralizar la interferencia rusa.

Anders Åslund is a senior fellow at the Atlantic Council in Washington. His latest book is Russia’s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy.

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