El factor insostenible

Aunque los problemas actuales de las pensiones poco tienen que ver con el envejecimiento, el Gobierno ha aprovechado para reabrir el debate sobre la sostenibilidad del sistema a largo plazo que la reforma del 2011 solo resolvió a medias. Esta reforma, básicamente un recorte de las pensiones, carecía de efectos de corto o medio plazo y solo reducía el coste en el largo plazo. Pero incluso esta reducción era apenas la mitad de la necesaria para garantizar la sostenibilidad. Por ello, si no se dota de más recursos al sistema, la sostenibilidad de largo plazo requiere un nuevo recorte sustancial de las prestaciones que puede estar entre un 20% y un 30% adicional.

La vía escogida para ampliar la reforma ha sido definir el factor sostenibilidad, que ya estaba incluido en la reforma de 2011, pero solo con una mención difusa a que a partir de 2032 las pensiones se ajustarían a la baja según el aumento en la esperanza de vida. El Gobierno ha creado un grupo de expertos para diseñar este factor. Por lo que se sabe, proponen, primero, introducir un factor de envejecimiento que reduce la pensión de cada generación según la esperanza de vida. Esta medida solo tiene efectos financieros limitados y en el largo plazo. Por ello se propone además una regla económica que liga la actualización anual de las pensiones a la evolución de los ingresos (positivamente), de los gastos (negativamente) y del déficit (negativamente). Si se aplica estrictamente, esto puede dar lugar a reducciones de las pensiones no solo reales (descontando el IPC), sino incluso en términos monetarios.

El objetivo teórico del factor de sostenibilidad es igualar gastos e ingresos. En España, como establece el Pacto de Toledo, las pensiones deben financiarse con cotizaciones que, con seguridad, no van a aumentar en el futuro (en porcentaje del PIB) salvo que se aumentaran mucho los tipos de cotización. Por ello lo que va a hacer el factor de sostenibilidad es rebajar unas pensiones que crecen para ajustarlas a unas cotizaciones que no crecen. De esta forma, al igual que en todos los países donde existe, el factor de sostenibilidad es poco más que una regla para reducir de forma automática las pensiones. Por eso regula la evolución de los gastos (en función de los ingresos) y no a la inversa. De hecho, si como ocurre en muchos países el Gobierno se comprometiera a cubrir con impuestos el déficit, entonces no haría falta factor de sostenibilidad. El factor propuesto en España tiene al menos dos problemas. Primero, hace soportar a los jubilados del pasado el coste de que los nuevos jubilados tengan pensiones más altas. Segundo, los aumentos de cotizaciones serán de poca utilidad para sanear el sistema, porque todo aumento de ingresos genera un aumento de gastos.

¿Es razonable introducir un factor de sostenibilidad? La sociedad tiene dos vías para diseñar su sistema de pensiones. La primera, considerar el sistema público de pensiones como un sistema privado. El Estado actuaría como una empresa privada igualando ingresos y gastos. Si este sistema conduce a recortes de las pensiones del 20% o del 30% y a la pobreza de muchos jubilados, esto no es responsabilidad del Estado. Que hubieran nacido en otro momento. Y si tienen renta alta, que se hagan un plan privado de pensiones. Para quienes piensen así, el factor de sostenibilidad está justificado. Eso sí, no deberían darle tantas vueltas. Deberían aprobar una ley que dijera que cada año lo que se recaude en cotizaciones (a los tipos actuales) se repartirá entre los pensionistas en proporción directa a lo cotizado e inversa a su esperanza de vida.

La segunda opción es considerar el sistema público de pensiones como un instrumento social de mantenimiento del bienestar en la jubilación. Se aceptaría que los trabajadores tienen derecho a un determinado nivel de pensiones (similar, al menos, al que están pagando con sus cotizaciones), y lo que habría que hacer es dotar de ingresos al sistema para financiar el nivel de pensiones deseado. Estos ingresos podrían venir de cotizaciones (parte de las que ahora se dedican a desempleo, aumentos de los tipos del trabajador o del empresario), impuestos generales o, en el futuro, de deuda. Los recursos necesarios no serían excesivos. Actualmente, las pensiones cuestan en España un 10% del PIB y, según la UE, en el peor momento (2050) costarán un 14%. Esto es menos de lo que ya hoy gastan en pensiones Francia, Italia o Austria.

Hay dos opciones: ajustar los gastos a unos ingresos por cotizaciones que es difícil aumentar o ajustar los ingresos a unos niveles de pensiones que han sido decididos socialmente y que son financieramente sostenibles. Está en manos de los políticos —esperemos que sean los españoles— tomar la decisión.

Ignacio Zubiri es catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco.

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