El fallo alicorto del Tribunal Constitucional

Cuando se esperaba que el fallo de los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatut tardar√≠a algunos d√≠as m√°s, despu√©s de cuatro a√Īos de embarazo, se ha resuelto en unas horas en el Pleno convocado por la presidenta Mar√≠a Emilia Casas en el d√≠a de ayer. Como es obvio, el tiempo que dispongo para este comentario de urgencia es m√≠nimo, ya que se necesitar√°n varios d√≠as para estudiar la sentencia en profundidad, as√≠ como los votos particulares que ya se han anunciado.

Sin embargo, se pueden deducir ya varias conclusiones, porque si algo parece quedar claro en el fallo es que el concepto jur√≠dico de Naci√≥n no es discutido ni discutible mayoritariamente, por el Tribunal. Gracias probablemente a la influencia decisiva de Manuel Arag√≥n, el fallo, aunque no de forma contundente, establece que seg√ļn la Constituci√≥n no hay m√°s que una sola Naci√≥n, sujeto de la soberan√≠a y que es, en otras palabras, el conjunto del pueblo espa√Īol del que derivan todos los poderes del Estado.

Ahora bien, aunque esta cuesti√≥n transcendental no admita ya dudas, queda, sin embargo, conjugar esta afirmaci√≥n con el resto del Estatut, porque, dig√°moslo claramente, la base en que se apoyaba toda la arquitectura de la norma catalana no era otra sino el reconocimiento de Catalu√Īa como Naci√≥n, jur√≠dica y pol√≠ticamente hablando. Por consiguiente, si el Tribunal niega que Catalu√Īa sea una Naci√≥n, lo cual era un pasaporte para la independencia, los dem√°s art√≠culos, los recurridos y los no recurridos, ya no gozan de ning√ļn sustento.

Pero si a ello a√Īadimos que 13 art√≠culos han sido declarados inconstitucionales, como son los referentes a la lengua, al Poder Judicial en Catalu√Īa, a las Cajas de Ahorro, a recursos financieros o al Sindic de Greuges, y que 24 m√°s necesitar√°n una interpretaci√≥n adecuada para que se apliquen en la l√≠nea que marque el Tribunal, queda muy claro que el Estatut no entra dentro de los l√≠mites de la Norma Fundamental de Espa√Īa. Por lo dem√°s, en una cuesti√≥n tan importante como es √©sta, que afecta a la naturaleza del r√©gimen constitucional espa√Īol, no caben las sentencias interpretativas, y as√≠ lo han se√Īalado claramente tres ex presidentes del Tribunal Constitucional, como √Ālvaro Rodr√≠guez Bereijo, Pedro Cruz Villal√≥n y Manuel Jim√©nez de Parga.

En definitiva, y a pesar de todo, cabe sostener que al menos 37 artículos de 223 que forman el Estatut son total o parcialmente inconstitucionales, es decir, más o menos la quinta parte del mismo es claramente inconstitucional y, en consecuencia, el resto de artículos estarán, de una forma u otra, también contaminados, porque una norma como ésta posee una coherencia que será muy difícil de conservar, si se amputan, como es el caso, algunas de sus partes. Por eso hubiera sido más sencillo decir qué artículos eras constitucionales, si es que había alguno…

No se ha tratado, por consiguiente, de arreglar uno o dos detalles que no cuadraba con la Constituci√≥n, sino que los magistrados se enfrentaban a una norma que excede de los m√°rgenes que esta traza y que resulta incompatible con ella. Durante varios a√Īos hemos sido algunos los que hemos venido sosteniendo que esta norma romp√≠a el r√©gimen creado por la Constituci√≥n de 1978 y que, por consiguiente, toda ella, y no alg√ļn art√≠culo de forma aislada, era inconstitucional. Por eso, llegados a este punto, hay que se√Īalar a los grandes derrotados por esta minidecisi√≥n del Alto Tribunal.

En primer lugar, al presidente Zapatero, instigador y c√≥mplice de este atentado al Estado de Derecho, y despu√©s a los diputados del Parlament catal√°n que quer√≠an meter de contrabando algo que ellos mismos sab√≠an que era inconstitucional. A los miembros de la Comisi√≥n Constitucional del Congreso de los Diputados, que se empe√Īaron en que con un simple cepillado, orquestado por el actual ministro de Justicia, bastaba para que se quitase al Estatut una ligera inconstitucionalidad casposa. Y a los diputados y senadores del partido del Gobierno y sus aliados, dejando, de forma suicida, al margen de su aprobaci√≥n a un partido, el PP, que representa m√°s o menos la mitad del electorado.

Y qu√© decir igualmente del president de la Generalitat y del Tripartito, que estando convencidos primero de que el Tribunal iba a tragar, proclamaban a todos los vientos que el Estatut era constitucional. Pero cuando vieron, hace un a√Īo, que las cosas no estaban tan claras, las ca√Īas se tornaron lanzas y arremetieron una y otra vez contra el Tribunal para amedrentarlo y socavar as√≠ las bases de nuestro Estado de Derecho.

Despu√©s saldr√≠a el ignominioso editorial de varios medios de Catalu√Īa, amenazando veladamente al Tribunal en el caso de un fallo que no avalase la constitucionalidad del Estatut. Y, para colmo de estas barbaridades, la guinda la han puesto un grupo de 160 profesores (?) de Derecho de las universidades catalanas, que han firmado recientemente un manifiesto en defensa de la plena constitucionalidad del Estatut, asegurando poseer ¬ęargumentos jur√≠dicos s√≥lidos y bien fundamentados para sostener la constitucionalidad del redactado actual, que est√° en vigor desde el 2006, tras haber sido aprobado por las Cortes y refrendados por los catalanes en un refer√©ndum‚Ķ¬Ľ. ¬Ņ Conocer√°n estos presuntos juristas lo que escribieron el juez Marshall o Hans Kelsen?, porque esto es materia de primer a√Īo de Derecho.

¬ŅResolver√° algo esta sentencia alicorta o, por el contrario, lo embarullar√° todav√≠a m√°s? Es evidente que muchos desarrollos de art√≠culos inconstitucionales han sido ya aprobados por el Parlament de Catalu√Īa, surtiendo efectos jur√≠dicos. Por eso, el Tribunal Constitucional deber√≠a hacer examen de conciencia tras el parto ballenero y releer lo que √©l mismo ha establecido respecto al concepto de la seguridad jur√≠dica, pues a partir de ahora la certeza propia del Derecho brillar√° en Catalu√Īa por su ausencia.

Pues como ha dicho el propio Tribunal (SS TC 150/90, 142/93, etc√©tera) ¬ępodr√≠a concluirse que una norma infringe el principio de seguridad jur√≠dica, si en el ordenamiento jur√≠dico que se inserta, teniendo en cuenta las reglas de interpretaci√≥n admisibles en Derecho, su contenido o las omisiones de un texto normativo produjeran confusi√≥n o dudas que generen en sus destinatarios una incertidumbre razonablemente insuperable acerca de la conducta exigible para su cumplimiento o sobre la previsibilidad de sus efectos‚Ķ¬Ľ.

Me temo, pues, que esto es lo que va a suceder en Catalu√Īa, porque no han sabido primero redactar un Estatut acorde con la Constituci√≥n y despu√©s no han sabido, o no han querido, aceptar que existe un guardi√°n de la Carta Magna, cuyas sentencias tienen efecto frente a todos.

Es lamentable as√≠ que volvamos a las andadas, porque hace a√Īos, en 1934, Amadeu Hurtado, el negociador de la Generalitat republicana, ante el recurso y la sentencia del Tribunal de Garant√≠as constitucionales, de la ley de cultivos catalana, dijo lo siguiente: ¬ęEl problema politic que se li plantea al Govern no √®s la autonomia de Catalunya, sino el ab√ļs del Tribunal de Garanties, que es permet atribuirse facultats legislatives per a esmenar els precepts constitucionals que li semblen defectuosos, exactament com si obr√©s en funcions de Corts Constituents y aix√≥ tractantse d¬īun organisme format per dues dotzenes d¬īhomes obscurs, sense cap responsabilitat pol√≠tica¬Ľ.

76 a√Īos despu√©s de este incidente que conmovi√≥ a la II Rep√ļblica, muchos catalanes siguen sin saber lo que es la jurisdicci√≥n constitucional.

Jorge de Esteban, catedr√°tico de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.