El fantasma de Bárcenas amenaza con amargarle la vida al PP

La corrupción pasó de puntillas sobre un Debate del estado de la Nación centrado en la economía.

El presidente le dedicó apenas ocho minutos de su intervención inicial, que se prolongó durante hora y media. Rubalcaba echó un poco más de carne en el asador, reprochándole al PP el haber sido la única organización que ha superado la crisis «siempre con beneficios». Pero nada que ver con aquel debate agrio del año pasado en el que el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, acaparó la atención y el protagonismo de la confrontación entre Rajoy y el líder de la oposición. Pero algunos fantasmas parecen tener vida propia y aparecen cuando ya se les daba por definitivamente amortizados.

Y eso es precisamente lo que le ocurre al llamado caso Bárcenas.

Un día después del choque parlamentario se conoció el informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) remitido al juez Ruz, en el que se estima que el ex tesorero del PP ha acumulado un fraude fiscal de más de 11,5 millones de euros. Mientras se producía esa ocultación, Hacienda le devolvió a él y a su esposa un total de 72.000 euros. A eso se le llama ingeniería fiscal.

Recordemos que Bárcenas llegó a sumar en cuentas opacas en bancos radicados en Suiza casi 50 millones de euros.

El escrito de Hacienda llama la atención sobre su intento, con engaños, de acogerse a la amnistía fiscal. Además, le atribuye ganancias patrimoniales no declaradas de 157.000 euros por viajes y estancias en hoteles que en su día le regaló la agencia Pasadena Viajes, propiedad de Francisco Correa.

Bárcenas ingresó en prisión el pasado mes de junio como consecuencia de las investigaciones del caso Gürtel, que instruye el juez Ruz. Los nuevos datos de Hacienda doblan la cuantía del delito fiscal estimado cuando se produjo su ingreso en prisión.

La Audiencia Nacional investiga la trama Gürtel y, además, dos piezas separadas, la que se conoce como papeles de Bárcenas y la que implica al ex vicepresidente del Gobierno, Francisco Alvarez-Cascos (por posible corrupción en Aena).

En las próximas semanas, Ruz podría archivar la pieza de los papeles de Bárcenas, al entender que las cantidades supuestamente defraudadas no suman los 120.000 euros por ejercicio necesarios para estimar un delito fiscal. El caso no se cierra del todo, ya que la investigación sobre el pago de una posible comisión por parte del PP a una empresa de limpieza ligada a Sacyr se remitirá a los juzgados de Toledo.

Sin embargo, el juez ha hecho llegar a algún miembro del Gobierno que tiene previsto hacer un escrito en el que dará por buenos la mayoría de los apuntes que figuran en la contabilidad B de Bárcenas.

Es decir, que Ruz entiende que en la etapa en la que Bárcenas era gerente del PP, la mayoría de los dirigentes del partido cobraron regularmente sobresueldos que no habrían sido declarados a Hacienda. El dinero para pagar esos emolumentos opacos provendría de las comisiones que diversas empresas pagaban al partido.

Es decir, que el auto de Ruz liberará penalmente a los dirigentes del PP, pero supondrá para ellos un reproche de enorme trascendencia política.

Con este asunto sucede como con la imputación a la Infanta. Para los ciudadanos lo importante no es que se haya superado la delgada línea roja del delito, sino que se constate un comportamiento irregular, éticamente reprobable y que, además, en este caso, implica que el partido se ha financiado ilegalmente.

El PP debe afrontar este problema y no eludirlo como si Bárcenas fuera un individuo que pasaba por allí.

La cantidad oculta en cuentas opacas, ¡50 millones de euros!, es tan elevada que lleva a pensar en diversas fuentes de ingresos, incluso en la participación en las mismas de terceras personas.

Parece evidente -esa es la tesis de la Udef- que Bárcenas era socio de Correa. El pago acreditado de los viajes por parte de Pasadena no es más que una prueba de que ambos se repartían las comisiones que las sociedades de Correa cobraban por las recalificaciones de terrenos que se hacían en ayuntamientos controlados por el PP en la época del boom inmobiliario.

Si Bárcenas se quedaba, además, con una parte del dinero que los empresarios entregaban en Génova en efectivo, eso es probable, pero difícil de demostrar, dado lo poco transparente que era el sistema contable del ex tesorero.

Lo que es más que probable es que hubiera una tercera vía de ingresos para Bárcenas, y es la que le proporcionaba, según sospecha la Udef, su amigo Álvarez-Cascos cuando era ministro de Fomento.

La Policía estima que durante su gestión -Aena puede ser sólo la punta del iceberg- se cobraron comisiones muy importantes pagadas por constructoras que participaron en el gran pastel de la obra pública. De ahí que la tesis de que el propietario de las cuentas en Suiza no sea sólo Bárcenas cobre cada vez más fuerza entre los investigadores.

Estamos hablando de temas de largo recorrido (la pieza separada de Aena no sólo no se va a archivar, sino que tiene abiertas numerosas diligencias) que pueden estallarle al PP de forma violenta y periódica si no aborda el problema de frente, en lugar de esperar a que el tiempo lo entierre en el olvido.

La demostración de que el que fuera gerente del partido durante 20 años defraudó cantidades multimillonarias y blanqueó dinero; las fundadas sospechas de que el ex número dos del partido, un hombre tan relevante como Álvarez-Cascos, usó sus cargos e influencias para enriquecerse; y la asunción por parte del juez de que durante años la mayoría de los dirigentes del PP recibió dinero en concepto de sobresueldos que no se declararon a Hacienda son hechos suficientemente graves como para que el partido del Gobierno asuma públicamente sus responsabilidades.

Si, como apuntan las fuentes, Ruz acepta la veracidad de los papeles de Bárcenas, el PP debería reconocer los hechos y pedir disculpas.

Las medidas anticorrupción recientemente aprobadas, algunas de ellas mencionadas por Rajoy en el Debate del estado de la Nación como prueba de la regeneración democrática que su partido pretende abanderar, no tendrán ninguna credibilidad si no se produce al mismo tiempo la asunción de responsabilidades y la devolución del dinero indebidamente cobrado por sus dirigentes.

Casimiro García-Abadillo, director de El Mundo.

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