Durante su último período en ejercicio, la mayoría conservadora en la Corte Suprema de EE. UU. actuó abiertamente en contra de los intereses y las preferencias del pueblo estadounidense en cuestiones relacionadas con el derecho al aborto, el control de armas y el cambio climático. Y la mayoría en la Corte amenaza ahora con ir más allá —desafiando nuevamente a la opinión pública— para limitar la anticoncepción, los matrimonios del mismo sexo y los derechos electorales. La política y la teocracia reemplazaron a la circunspección y la jurisprudencia en los procesos de toma de decisiones de la Corte.
En última instancia, el Congreso tendrá que aprobar nueva legislación para recuperar los derechos que la Corte abolió, pero debido a las profundas divisiones ideológicas y políticas en ambas cámaras legislativas y a que las normas de procedimiento (con tácticas dilatorias) exigen el 60 % de los votos en el Senado, esas acciones serán lentas. Sin embargo, no todo está perdido porque los estados de EE. UU. pueden aprovechar agresivamente sus poderes constitucionales para proteger las libertades de sus ciudadanos. La Décima Enmienda afirma que «Los poderes que la Constitución no delega en los Estados Unidos ni prohíbe a los Estados quedan reservados a los Estados respectivamente o al pueblo».
En línea con este principio, los estados y hasta las ciudades a menudo cooperan con el gobierno federal para implementar políticas nacionales o promulgan sus propias medidas para impulsarlas. Pero la Décima Enmienda ofrece también la base constitucional para que los estados y las ciudades cuestionen las políticas federales y se resistan a ellas. Así, en los últimos años, estados como California y Nueva York, y ciudades como San Francisco y Austin, Texas, usaron la «resistencia federalista» para implementar las políticas y proteger los derechos que apoyan la mayoría de sus ciudadanos.
En cuanto al aborto, durante la gestión del gobernador Gavin Newsom, California firmó convenios multiestatales para defender el acceso a la atención de la salud reproductiva, ampliar el financiamiento a todos los residentes (incluso los indocumentados), eliminar los copagos para los abortos e introducir una enmienda constitucional que codifique el derecho al aborto. De manera similar, los ciudadanos de Michigan reunieron más de 750 000 firmas en tiempo récord para implementar una enmienda constitucional (llamada «Salud reproductiva para todos») con la elección de noviembre, y los ciudadanos de Vermont votarán sobre una disposición similar.
Las encuestas sugieren que estas medidas cuentan con aproximadamente un 70 % de apoyo y probablemente serán aprobadas. Y es probable que la participación de los votantes sea elevada en muchos otros estados con elecciones polémicas. En Kansas, un estado con inclinación republicana, el 59 % de los ciudadanos rechazó recientemente —en elecciones con elevada participación— una propuesta para enmendar la constitución y eliminar el derecho al aborto. Es más, un análisis de Nate Cohn, del New York Times, sugiere que los votantes en «más de 40 de los 50 estados» harían lo mismo que la mayoría en Kansas si se les da la oportunidad (las excepciones son unos pocos estados del sur, Utah y Wyoming).
Los votantes están enviando señales de que no tolerarán la versión del extremismo teocrático que el juez de la Corte Suprema Clarence Thomas intenta aplicar con nuevas restricciones adicionales a los derechos reproductivos y matrimoniales. Y, gracias al federalismo de resistencia, las mujeres podrán acceder a los servicios de salud reproductiva y los abortos viajando a los estados que sigan respetando esos derechos. De hecho, muchas empresas ya anunciaron que cubrirán los costos de viaje de sus empleados en los 22 estados decididos a prohibir el aborto.
Pero la disponibilidad de esos servicios en los estados progresistas tal vez beneficie a muchas mujeres con bajos ingresos que dependen de Medicaid donde residen. Medicaid cubre el 42 % de los nacimientos en EE. UU., sin embargo, como es una asociación entre el gobierno federal y los estados, depende del financiamiento estatal además del federal. Los 12 estados que no adoptaron la expansión de Medicaid disponible gracias a la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare) tienen una cobertura materna neonatal e infantil limitada, y 7 de ellos prohibieron el aborto.
El último dictamen de la Corte Suprema que limita las leyes de manejo de armas tendrá consecuencias igualmente mortales. Tan solo este año hubo ya más de 300 tiroteos masivos, que dejaron víctimas en todo el país.
Una vez más, California ha sido líder en las medidas sensatas para el control de armas con el objetivo de limitar parte del daño. Durante más de 20 años —excepto los 2 de la pandemia— sus indicadores de violencia con armas de fuego cayeron de manera continua, y gracias a eso cuenta con una de las menores tasas de mortalidad por armas de fuego del país. Es menos probable morir a causa de un disparo en California que casi en cualquier otro sitio del país, y la probabilidad de morir en un tiroteo masivo es un 25 % menor. Esos datos son resultado directo de la legislación —que incluye la prohibición de armas de asalto, leyes que permiten la incautación temporal de armas de fuego con orden judicial cuando se considera que la persona es peligrosa para sí misma o los demás (red-flag), períodos de espera prolongados para la compra de armas, verificación de antecedentes, informes de salud mental y restricciones por edad— que redujeron las muertes por armas de fuego a la mitad desde principios de la década de 1990.
Incluso en estados como Texas, muchas de esas medidas cuentan con el apoyo de la mayoría. Tanto en esta cuestión como para los derechos reproductivos, la Corte demostró que está fuera de sintonía con la mayoría de los ciudadanos estadounidenses. La respuesta pasa por aprovechar los poderes poco utilizados que la Constitución otorga a los estados y los ciudadanos, como ya lo está haciendo el nuevo movimiento comunitario de federalismo progresista.
La primera Era Progresista tuvo lugar a principios del siglo XX y tuvo como resultado una gran cantidad de reformas políticas y económicas que aumentaron la honestidad, democracia y eficacia en todos los niveles de gobierno para brindar oportunidades a todos los ciudadanos. Sus objetivos generales eran fortalecer a las instituciones democráticas estadounidenses y ampliar la difusión de los beneficios del progreso económico. La mayoría de los estadounidenses están de acuerdo con esas mismas metas en la actualidad, incluso quienes desconfían del gobierno federal pero siguen confiando en que los funcionarios estatales y locales procuran beneficiarlos.
La Corte Suprema no les dejó ninguna alternativa a los estadounidenses. En un estado tras otro, la nueva era de federalismo progresista está a la vuelta de la esquina.
Laura Tyson, a former chair of the President’s Council of Economic Advisers during the Clinton administration, is a professor at the Haas School of Business at the University of California, Berkeley, and a member of the Board of Advisers at Angeleno Group. Lenny Mendonca, Senior Partner Emeritus at McKinsey & Company, is a former chief economic and business adviser to Governor Gavin Newsom of California and chair of the California High-Speed Rail Authority. Traducción al español por Ant-Translation.