El fetichismo constitucional

Digámoslo desde el principio y sin rodeos: al introducir la Constitución en el debate partidista, el sistema político español ha dado un paso en el proceso de degeneración que lo aqueja desde hace bastante tiempo. Y no es un simple paso más, sino un paso de gigante.

Durante los últimos años el sistema político, caracterizado por un antagonismo partidista sobreactuado y cainita, había ido quemando en el altar de la pelea política casi todos los mecanismos e instituciones constitucionales: no quedaba prácticamente órgano institucional o mecanismo sistémico que no hubiera sido objeto de pelea, colonización y reparto por las partidas que asolan nuestra convivencia. Por eso, cuando ya no quedaba más madera para quemar en la hoguera de la confrontación por la confrontación, no ha habido más remedio que, imitando a Marx (Groucho), arrojar también a la hoguera a la Constitución misma. Porque eso es lo que ha hecho el PSOE al alzar la bandera partidaria y unilateral de la reforma constitucional, por mucho que no lo reconozca; convertir la Constitución vigente en el objeto directo de la lucha política cotidiana. Pasar de la política sobre las leyes a la política sobre la Constitución. Y todo porque necesitaba un lema de oposición urgente en tiempos de penuria ideológica.

El paso siguiente, inevitable en el proceso desencadenado, será el cuestionamiento directo de la Constitución vigente como marco de insuficiente democracia, en lo que los socialistas serán entusiásticamente apoyados por nacionalistas periféricos y extremosos de toda laya. Un futuro ciertamente preocupante que, curiosamente, no hace sino reproducir las querencias tradicionales de la política patria.

En efecto, el pasado de España muestra cómo la Constitución fungió casi siempre como auténtico fetiche político. Para superar los problemas que el proceso político cotidiano no era capaz de tratar eficazmente, la receta era siempre, o casi siempre, cambiar la Constitución, o cambiar de Constitución. Lo que la realidad cotidiana no producía (fuera ese algo de estabilidad, libertad, desarrollo o justicia), lo produciría por arte de magia la Constitución si se la cambiaba. Todo apunta a que estamos reingresando en la tradición del fetichismo y, consiguientemente, de la inestabilidad del sistema político.

No se equivoquen: modificar o reformar la Constitución para adecuarla a nuevos problemas es algo normal en un sistema político como lo demuestran muchos ejemplos de otros países. Pero descubrir un buen día, de la noche a la mañana, que la solución de los problemas (tanto los territoriales como los económicos) pasa por un cambio de la Constitución y, por ello, convertir ese cambio en el objeto directo de la pelea democrática partidaria, eso es algo peculiar del subdesarrollo político hispánico. Y en ello estamos de nuevo. Bienvenidos al pasado.

Todos los analistas coinciden en que el principal problema de nuestro sistema político lo constituyen los propios partidos políticos y su manera de colonizar las instituciones y la vida política toda, con la derivada de corrupción insultante que se exhibe. Y, sin embargo, esos mismos partidos han logrado instaurar en la opinión actual la idea de que el problema no son ellos y su comportamiento, sino la Constitución misma. Y exigen la apertura de un proceso de reforma “a lo que salga”, precisamente el tipo de proceso que una vez desencadenado resulta incontrolable y queda a merced del extremismo. La última vez que los socialistas se inventaron un proceso de reforma “a lo que salga”, el del Estatut, terminamos con los catalanes pidiendo la independencia. Es lo que tiene soltar a los tigres.

¿Por qué? Porque este tipo de procesos de reforma a ciegas excita y da cancha de juego a uno de los más sensibles mitos democráticos, el de la voluntad popular. En concreto, a la idea intuitiva e imparable de que gracias a la reescritura de las reglas constitucionales (¡solo con eso!) se produciría instantáneamente una democracia mejor y un mundo más justo. Si escribimos en la Constitución que nadie puede ser desahuciado de su vivienda, ni se le puede privar de suministro de energía, ni las pensiones pueden bajar, ni los funcionarios perder poder adquisitivo, y Cataluña debe acomodarse… Si escribimos en la Constitución no solo “lo que el Gobierno no puede decidir”, sino también “lo que no puede dejar de decidir” (en la bella fórmula de Ferrajoli), habremos acabado con la posibilidad de crisis económica, estaremos al abrigo de la contingencia y del mercado, los catalanes estarán cómodos… El triunfo de la voluntad y de la Constitución como su fetiche.

Lo intentamos en el pasado: “Los españoles tienen la obligación de ser justos y benéficos” (artículo 6 de la Constitución de Cádiz). Ahora lo intenta Nicolás Maduro en Venezuela. Pronto lo probaremos aquí de nuevo.

José María Ruiz Soroa es abogado.

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