Joseba Arregui, ex diputado del PNV (EL PERIÓDICO, 14/09/05).
Desde que empezaron a aparecer las primeras noticias de un posible fin de ETA y de la disposición del Gobierno a afrontar con decisión esa posibilidad, todos debiéramos haber sabido que el proceso no iba a estar exento de dudas, de avances y retrocesos, de equívocos y de riesgos. Y que iba a ser difícil que todo se hiciera, en todo momento, a plena luz del día. Pero también que antes o después, sin demasiada tardanza, la cultura democrática exigiría que no quedara nada oculto.
Cuando un Gobierno democrático cree estar en condiciones de afrontar el fin de un movimiento terrorista, ETA, es su obligación dar los pasos necesarios para explorar las posibilidades de éxito. Y es obligación de los partidos de oposición, y de los ciudadanos responsables, conceder crédito a ese Gobierno democrático. En nuestro caso, a Zapatero. Al igual que es obligación de ese Gobierno democrático establecer las condiciones de merecer la confianza de los ciudadanos: el Estado de derecho no debe y no va a pagar ningún precio político por la desaparición de ETA.
Cuando el tiempo va pasando, lo normal es que los rumores empiecen a multiplicarse, al igual que los miedos, los recelos y las lecturas optimistas de los más mínimos gestos de ETA y de Batasuna. Es el momento de recordar los elementos básicos de un proceso cuyo final sea la desaparición definitiva de la organización terrorista.
Parece que es evidente que ETA está debilitada. Parece que es evidente que Batasuna necesita volver a la actividad política legal. Parece que es evidente que para ello sabe que es necesaria la desaparición de la violencia, o su capacidad de condenarla, a lo que no están dispuestos. Y parece que, para que Batasuna pueda volver a la actividad política legal, ETA tiene que dejar de existir como organización terrorista. Y todas estas evidencias aparentes pueden permitir la conclusión de que ETA ha interiorizado la necesidad de su propia desaparición, sin olvidar que si todo lo dicho es correcto es debido a la política de Estado llevada a cabo, a propuesta del actual presidente del Gobierno, por el anterior Ejecutivo.
A partir de aquí, comienza el terreno de las dudas que abonan la multiplicación de rumores de treguas y de otras tácticas y estrategias que, para unos, alientan el optimismo, mientras que a otros les provocan profundos miedos y preocupaciones.
En el contexto de las aparentes evidencias citadas, ¿qué sentido puede tener una tregua de ETA? ¿Sería aceptable que ésta no implicara una rendición? ¿Puede el anuncio de una tregua implicar que se abra un paréntesis en el que el Gobierno español negocie con ETA la situación de los presos, mientras Batasuna, liberada de tener que condenar a ETA y, con esa absolución, admitida de nuevo en el juego político democrático, negocie con los demás partidos, especialmente los nacionalistas, el fruto político --el derecho de autodeterminación-- que hiciera la tregua realmente definitiva sin que pareciera una rendición en toda regla?
La resolución del Congreso dice claramente que no puede haber precio político por la desaparición de ETA. El Gobierno ha dejado suficientemente claro que si bien todos los estatutos, incluido el de Gernika, se pueden reformar, sólo pueden serlo en el marco de la Constitución y con el máximo consenso en cada autonomía. Pero la frase añadida de la resolución del Congreso --la política puede ayudar al fin de la violencia-- ha dado lugar a la interpretación equivocada de que en la mesa de partidos políticos sí se puede lograr algo que se parezca a la autodeterminación que no se puede conceder directamente a ETA en la mesa de negociación Gobierno-ETA cuando ésta deje la violencia terrorista.
Cuando en la bolsa aparece alguna noticia económica de importancia, se suele decir que las subidas o bajadas que se producen ya han descontado previamente los efectos de lo que se ha anunciado. Entre tanto anuncio de fin de la violencia, de tregua implícita, de rumores de tregua, la ciudadanía --y no sólo ella, también muchos políticos--, puede colocarse en la situación de la bolsa: ya ha descontado el efecto de la finalización de ETA. Y en ese descontar algo que por desgracia aún no se ha producido, el precio lo pagan las víctimas, los asesinados y sus familiares, pues desaparecen de la conciencia.
El descuento les afecta a ellos: ellos son los descontados. Dejan de existir. Y dejando de existir, los márgenes de lo posible en la definición futura de la sociedad vasca, de Euskadi, pueden volverse más borrosos, más flexibles, más disponibles para que ETA no tenga que reconocer nunca que ha sido derrotada por la democracia.
Tengo la plena convicción de que el Gobierno de Zapatero sabe que eso no puede suceder, por respeto a la memoria de las víctimas. Si el final de todo el recorrido está claro --en el sentido de que el significado de decir que la política puede ayudar al fin de ETA no anula en nada el significado de que el Estado de derecho no debe ni va a pagar ningún precio político por la desaparición de la violencia terrorista, ni en la mesa Gobierno-ETA, ni en la mesa de partidos políticos vascos--, no habría dudas para nadie de que, aunque inicialmente ETA anunciara una tregua que no fuera una rendición, una tregua indefinida, el escenario final no iba a ser otro.
Lo más importante está en que el Gobierno establezca con claridad y sin equívocos los límites en las dos mesas: hasta dónde se puede ir en la cuestión de los presos sin violentar la memoria de los asesinados y cuál es el límite de la reforma del Estatuto de Gernika, para no volver a enterrar a los asesinados.