El fin del berlusconismo

Berlusconi ha dimitido, el Gobierno Monti ha tomado su lugar, pero el posberlusconismo aún no ha empezado. Y no parece estar próximo siquiera. En efecto, la acumulación de poder de la que ha disfrutado Berlusconi, incompatible con los principios elementales de toda democracia liberal, y obviamente en conflicto con la Constitución italiana nacida de la Resistencia antifascista, se basaba solo parcialmente en su control del Gobierno. Su núcleo duro residía (y sigue residiendo) en el dominio monopolístico (y cada vez más orwelliano) del sistema televisivo, en la red de leyes que le han garantizado impunidad judicial (a pesar de que en los tribunales haya sido declarado culpable de los hechos imputados por lo menos una decena de veces), en la maraña de poderes subversivos, criminales, corruptos (secciones de los servicios secretos, jueces venales, ejecutivos de grandes grupos paraestatales con gigantescos intereses en el petróleo y en el armamento, círculos mafiosos, déspotas de países extranjeros…) con quienes siempre ha amasado su propio poder patrimonial y político, construyendo un auténtico Estado paralelo privado.

Solo cuando este sistema tentacular de ilegalidades (del que las decenas de leyes ad personam forman el escudo “legal”) haya sido radicalmente desmantelado, podremos decir que el posberlusconismo ha empezado de verdad, es decir, irreversiblemente. Hasta entonces Berlusconi seguirá en la vida política italiana y, bastante más allá de la figura de “convidado de piedra”, como cáncer latente de poderes antidemocráticos, capaz en cualquier momento de metástasis que arrojen de nuevo a Italia al abismo.

No es desde luego una casualidad que el único Ministerio en el que Berlusconi ha sido capaz de imponerse a Monti y a Napolitano haya sido el de Justicia: circulaba con insistencia el nombre de una magistrada, Livia Pomodoro, presidenta del tribunal de Milán y profesora en la Universidad Católica de esta ciudad (no exactamente una bolchevique, por lo tanto). Seguramente hubiera reconducido ese ministerio a la decencia, y acaso hasta convenciendo a los ciudadanos de que el lema que campea en cada aula judicial, “la ley es igual para todos”, no es una mofa. Precisamente por eso, Berlusconi ha impuesto su veto. La nueva ministra (por primera vez una mujer), Paola Severino, es la abogada que ha defendido a la crema y nata de las finanzas y del mundo empresarial (y hasta aquí nada que reprochar, se dirá), pero también a Giovanni Acampora, una de las prótesis berlusconianas en la corrupción judicial con la que Berlusconi consiguió arrancar a De Benedetti la propiedad de la mayor empresa editorial italiana, el grupo Mondadori. El artífice de aquel hurto fue el abogado Previti, brazo derecho de Berlusconi (quien lo nombró ministro de Defensa), y el diario hiperberlusconiano Il Foglio escribe en primera página que fue precisamente en casa de Previti donde Berlusconi conoció a Paola Severino. Compañías inquietantes, a decir poco.

La prueba de que el poder de Berlusconi va mucho más allá del mero control del Gobierno nos la proporciona un patinazo repetido prácticamente por todo el mundo en los días anteriores. Hasta el jefe de la oposición, Bersani, ha hablado de los “diecisiete años de berlusconismo”, cuando lo cierto es que en ese largo periodo, el Partito Democrático ocupó el Gobierno, con Prodi y con D’Alema, ¡nada menos que durante siete años! El caso es que el poder real, el poder anómalo y anticonstitucional, en efecto, siempre ha permanecido en manos de Berlusconi, en forma creciente, hasta transformarse en un auténtico “régimen autoritario”. Por lo tanto, habrá que ver si el Gobierno Monti tendrá valor para desmantelar realmente dicho poder, restituyendo a las palabras legalidad e información su significado. Monti no puede invocar excusas: Berlusconi, en efecto, se halla hoy en un momento de máxima debilidad en el Parlamento. Si impide gobernar a Monti se convocarán nuevas elecciones, con una prima de riesgo de los bonos de estado italianos frente a los alemanes propio de vigilia de default, y con la certeza de que los electores infligirían al amigo de Putin (el nuevo zar de Rusia es el único gobernante que en todo el mundo defiende aún a Berlusconi) una derrota devastadora.

El gobierno Monti deberá ser valorado pues por tres factores: la equidad (o el clasismo) al afrontar la crisis económico-financiera, el restablecimiento de la legalidad y la destotalitarización del sistema televisivo.

La cuestión de la legalidad es decisiva, entre otras cosas, para resolver la crisis financiera de la deuda pública. Hace pocas semanas, los Gobiernos (¡de derechas!) alemán e inglés firmaron con Suiza un acuerdo sobre la fuga de capitales de sus respectivos países hacia bancos de los cuatro cantones. El mecanismo funciona de manera que impide a esos ricos ocultos esconderse en nuevos y más inaccesibles paraísos (grosso modo: si lo hacen, los bancos revelarán sus nombres, y la judicatura alemana e inglesa los perseguirán penalmente). Los bancos harán pagar a estos clientes una tasa que asciende aproximadamente al 30% y que se endosará a los Gobiernos de Merkel y Cameron, quienes se embolsarán así 35.000 y 10.000 millones de euros, respectivamente. Los propios banqueros suizos han calculado que con idéntico acuerdo Italia conseguiría 30.000 millones. Pero Monti no ha hecho la menor alusión a esta obvia medida de equidad, ni tampoco a una análoga tasa exigible a los capitales que han regresado a Italia gracias al “escudo fiscal” que los gravó solo al 5%. Y, sin embargo, se trata de privilegios de clase particularmente odiosos, indefendibles, aparte de indecentes violaciones de la legalidad fiscal. Involucran como máximo a 200.000 personas, una exigua minoría: si no se actúa en esta cuestión, las palabras “legalidad” y “equidad”, pronunciadas por Monti, no pasarán de la mera retórica.

Un aspecto en el que la continuidad entre Monti y Berlusconi está prácticamente asegurada es, por desgracia, el de la laicidad. Es decir, el desprecio por el carácter laico del Estado, que se manifiesta en el peso del Vaticano en la vida pública italiana. Los ministros bendecidos por la Conferencia Episcopal son muchísimos, empezando por el superministro responsable de todas las actividades productivas (telecomunicaciones incluidas), Corrado Passera, a quien el cardenal Bagnasco quiso hace pocas semanas como ponente en un importantísimo convenio de todas las asociaciones católicas. Por lo demás, el rector de la Universidad Católica de Milán, controlada por el Vaticano, el profesor Ornaghi, debía convertirse nada menos que en ministro de Educación (¡que en otros tiempos se llamaba “Ministerio de Educación pública”!). Ha acabado desviado al Ministerio de Bienes Culturales, porque, por lo menos en esto el PD ha sabido no dar su brazo a torcer. Pero el peso clerical en el Gobierno sigue siendo, en todo caso, fortísimo (un gran oncólogo, famoso en todo el mundo, el profesor Umberto Veronesi, era el candidato más acreditado para Sanidad, pero es ateo y favorable a la eutanasia: el veto vaticano fue inmediatamente tenido en cuenta).

Por lo tanto, si Monti se concentra exclusivamente en la deuda pública, y no resuelve el problema de la multitud de cortesanos (a menudo auténticos criminales) con los que Berlusconi ha ocupado todos los ganglios vitales del país, liberando en primer lugar las televisiones (y obligando a pagar a Mediaset las nuevas frecuencias que el Berlusconi primer ministro estaba regalando al Berlusconi empresario), no solo no empezará el posberlusconismo, sino que se preparará el terreno para un “regreso del caimán” trágico para Italia. Parece difícil, con todo, que Monti, Passera (y Napolitano, a quien se debe este Gobierno) renuncien a hacer algo de limpieza: lo pagaría su crédito internacional, además.

Por Paolo Flores d’Arcais es filósofo y editor de la revista MicroMega, Traducción de Carlos Gumpert.

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