¿El final de ETA?

Hace trece años comenzó su andadura la Fundación Villacisneros con la voluntad de ayudar a construir una sociedad mejor. Lo hicimos tomando como punto de partida los principios que inspiran el humanismo cristiano. Uno de los ejes principales de nuestra razón de ser es el apoyo a las víctimas del terrorismo y a sus demandas de Memoria, Verdad, Dignidad y Justicia. Desde nuestro nacimiento muchos han sido los cambios producidos en relación con estas reclamaciones, el principal de ellos la «disolución» de la banda terrorista el 3 de mayo de 2018. Hoy ya no peligra la vida de nadie por la amenaza de ETA, pero ¿hemos asistido los españoles al final de la banda que merecemos en un Estado de Derecho?

La llegada de Zapatero al Gobierno supuso un cambio radical en el modo de abordar la política antiterrorista que hasta entonces había dirigido con acierto el PP. Las reformas legales impulsadas por este partido para acorralar a la banda en todos sus frentes fueron desactivadas para ser sustituidas por la negociación política. Una negociación autorizada vergonzosamente por el Congreso el 18 mayo de 2005 y que devolvió a la vida política a una formación ilegalizada por el Tribunal Supremo al considerarla un instrumento al servicio de ETA. Desde entonces hasta hoy todo -con el paréntesis irrelevante del PP en este ámbito- han sido cesiones a favor de ETA y su brazo político, contribuyendo a una humillación permanente de las víctimas del terrorismo.

El cúmulo de traiciones a nuestro Estado de Derecho y a las víctimas del terrorismo es tan largo que daría para escribir más de un libro, y varios se han escrito al respecto, como «La derrota del vencedor», de Rogelio Alonso. Pero vayamos al grano recordando algunos episodios significativos para demostrar que la crítica que realizamos está basada en hechos objetivos.

Previamente a la declaración del Congreso de mayo de 2005, se permitió en el mes de abril concurrir a las elecciones vascas a un partido surgido de la nada, el Partido Comunista de las Tierras Vascas. Todo el mundo se percató del engaño salvo el Gobierno, que no impugnó ni una sola de sus candidaturas. Tras la declaración de alto el fuego permanente de marzo de 2006, en el mes de mayo de ese mismo año, la Policía, por orden de su director general, advirtió a la banda -caso Faisán- de una redada contra los responsables del chantaje revolucionario evitando que fueran detenidos. En paralelo puso en marcha una mesa de negociación política con la participación de Batasuna en las llamadas «conversaciones de Loyola» hasta suspender los contactos a final de ese año como consecuencia del atentado de Barajas. Pese a ello supimos después que Jesús Eguiguren y Otegui, con la autorización del ministro del Interior, Rubalcaba, siguieron encontrándose para buscar una salida airosa a la banda por dejar de matar.

En mayo de 2007 se permitió de nuevo al ilegalizado brazo política de ETA regresar a la vida municipal, esta vez bajo el paraguas de Acción Nacionalista Vasca -eso sí, solo en aquellos ayuntamientos en los que estuvo interesado Otegui, ya que pactaron impugnar las candidaturas en aquellos municipios que no eran relevantes para el partido de ETA-. Y por último, amortizadas ya las marcas blancas e impulsada su ilegalización para hacernos creer que se enfrentaban de verdad a la banda, cuatro años más tarde, en 2011, se forzó al TC a admitir como partido legal a Euskal Herria Bildu.

La banda terrorista, como último pago del acuerdo, intentó favorecer la reelección de Zapatero anunciando el final de su actividad el 20 de octubre, un mes antes de la celebración de elecciones. Pero la crisis económica se encargaría de llevarse por delante a Zapatero. Podríamos dar cuenta de muchas más fechorías del PSOE en relación con ETA, como los recientes movimientos del Gobierno de Sánchez en política penitenciaria a través de los cuales, aprovechando la dormidera del confinamiento, han sido decenas los asesinos de ETA que han progresado de grado o han sido acercados a prisiones próximas al País Vasco. Podríamos hablar también de la decepción que supusieron para muchos los años de Gobierno de Rajoy en esta materia. No solo lamentamos que no actuara instando de nuevo la ilegalización del brazo político de ETA -razones hubo y están señaladas en la propia sentencia del TC de 5 de mayo de 2011 que permitió la vuelta de Herri Batasuna a las instituciones-. No olvidamos tampoco uno de los episodios más humillantes: la excarcelación por razones «humanitarias» del terrorista Bolinaga, asesino de tres guardias civiles y secuestrador durante 532 días de José Antonio Ortega Lara.

Hoy los testaferros de ETA están sentados en el Congreso. Ponen y quitan presidentes, aprueban estados de alarma y condicionan la vida de los españoles como si fueran un partido al uso. Cada día Sánchez blanquea su pasado criminal tratándoles con delicadeza absoluta, permitiéndose incluso firmar con ellos la derogación de la reforma laboral, traicionando la memoria de sus compañeros abatidos por las balas de ETA.

Por todo esto, desde la Fundación Villacisneros seguimos pensando que es necesario seguir trabajando para lograr que se cuente la verdad de cincuenta años de terror nacionalista. Para recordar quiénes son los herederos de ETA. Recordar que aún quedan más de trescientos crímenes de la banda sin resolver, pedir que no se homenajee a terroristas impunemente o denunciar a políticos cobardes que, con su inacción, permiten que se enaltezca en las calles a terroristas solicitando su excarcelación. Y lo vamos a seguir haciendo porque aspiramos a construir una sociedad mejor y lo mejor de nuestra sociedad han sido y son, las víctimas del terrorismo.

Íñigo Gómez-Pineda es Presidente de la Fundación Villacisneros.

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