«Cómo me gustaría poder coger un autobús, una vez al mes, durante 12 h. para poder ir a ver a mis padres, pero no, dos seres que hoy han sido acercados a sus familias decidieron acabar con sus vidas. Que pena que a algunos les importen más los ASESINOS que dos paisanos inocentes». Este es el tuit que Alberto Jiménez Becerril hijo compartió en una red social, el pasado 12 de noviembre, tras conocer que el asesino de su padre iba a ser trasladado de Valencia a Zaragoza. Allí el terrorista coincidirá con el asesino de su madre, trasladado el pasado 3 de julio desde Granada.
Estos son dos de los 103 traslados de presos etarras aprobados por Instituciones Penitenciarias desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. 103 traslados, 25 de ellos de presos con delitos de sangre, que se corresponden a 94 terroristas. A esto hay que sumarle las 15 progresiones a tercer grado, 5 a presos con las manos manchadas de sangre. Decisiones todas ellas puramente administrativas, sin intervención del Juez de Vigilancia Penitenciaria, y que en ningún caso pueden ser recurridas por las víctimas del terrorismo.
Aunque desde el Ministerio del Interior se niega la existencia de un plan para derogar la política de dispersión, justificando estas decisiones en «el tratamiento individualizado» de los presos previsto en la legislación penitenciaria, lo cierto es que suponen una derogación de facto de la dispersión.
La política de dispersión se remonta al año 1989 y a la llegada de Enrique Múgica al Ministerio de Justicia, y de Antonio Asunción a Instituciones Penitenciarias. Hasta ese momento, se había optado por una política penitenciaria de concentración de los presos por delitos de terrorismo en centros penitenciarios de alta seguridad, Herrera de la Mancha en Ciudad Real y Alcalá-Meco o Carabanchel, en el caso de mujeres, en Madrid. Esto favoreció la creación de núcleos de presos, con sus propias normas y formas de vida dentro de las prisiones, directamente controlados por las organizaciones terroristas de las que formaban parte (principalmente ETA y los GRAPO). Como el propio Asunción reconoció, había que separarlos, romper las burbujas que se habían creado en esos centros penitenciarios y romper el control que se ejercía sobre ellos desde el exterior.
Desde entonces, el fin de la política de dispersión ha sido una reivindicación histórica de estos grupos terroristas, llegando incluso a chantajear al Estado para su derogación. El primero de estos chantajes fue, en marzo de 1990, cuando los GRAPO asesinaron al doctor Muñoz Fernández en represalia por haber sido el médico encargado de la alimentación forzosa de los grapos presos que se encontraban en huelga de hambre en señal de protesta contra la dispersión. El segundo, el secuestro por parte de ETA –durante 532 días y en condiciones infrahumanas– del funcionario de prisiones Ortega Lara. En este caso ETA hacía responsable a los funcionarios de prisiones de «una política represiva diseñada desde los/las responsables políticos de Instituciones Penitenciarias y del Gobierno español». Y el tercero, el secuestro del concejal del PP Miguel Ángel Blanco bajo la amenaza de su asesinato si en 48 h. no se acercaban todos los presos de ETA a cárceles del País Vasco. El Gobierno no cedió y ETA cumplió con su ultimátum.
Frente a estas presiones, los diferentes Gobiernos han utilizado el acercamiento de presos, por un lado, como moneda de cambio, o gesto de buena voluntad, en los diferentes procesos de negociación emprendidos con los terroristas. Y por otro, han sido utilizados como aliciente para su reinserción.
Sin embargo, esto cambia con la llegada de Pedro Sánchez. 25 días después de su investidura compareció en Bruselas tras una de las sesiones del Consejo Europeo. En respuesta a una pregunta de uno de los corresponsales, confirma lo anunciado dos días antes en su primera entrevista como presidente en Televisión Española. Habrá cambios en la política penitenciaria: «ETA fue derrotada por la democracia y, en consecuencia, lo que tenemos que plantear como Gobierno, esa es nuestra responsabilidad y para eso pido apoyo de la Cámara, es revisar la política penitenciaria y adecuarla a una nueva realidad, siendo empáticos, por supuesto, con las víctimas del terrorismo».
La derogación de la política de dispersión era algo que estaba encima de la mesa de Rajoy. Repasando la hemeroteca encontramos múltiples declaraciones de líderes del Partido Popular, fundamentalmente del País Vasco, y de altos cargos del Ministerio del Interior proclamando que «si ETA se disuelve la política penitenciaria se adecuará». Es más, una vez «autodisuelta» ETA, en mayo de 2018, desde Moncloa se defendía la dificultad de mantener la dispersión de los presos.
Con el ánimo de poder ofrecer el mapa completo de lo que ha sido la política de dispersión, la que suscribe solicitó el pasado mes de julio –a través del Portal de Transparencia– información sobre «traslados de presos de ETA a cárceles más próximas al País Vasco como consecuencia de cambios en la política de dispersión». Aproximadamente un mes después recibía la respuesta. Partiendo de una clasificación por el motivo del traslado (clasificación, cumplimiento o regimental) en el periodo 1989-1996 (Gobierno de Felipe González) se realizaron un total de 569 traslados de presos de ETA a centros penitenciarios del País Vasco o próximos; entre 1996-2004 (Gobierno de Aznar) se realizaron 426 traslados; entre 2004 y 2011 (Gobierno de Zapatero) 237; durante el Gobierno de Rajoy 40, y desde septiembre de 2018 hasta agosto de 2020 (fecha de redacción del documento), con Pedro Sánchez en La Moncloa, 48.
Estas cifras fueron recientemente utilizadas por el Secretario General de Instituciones Penitenciarias para justificar los traslados realizados durante el Gobierno de Pedro Sánchez. En concreto hizo mención a los 426 traslados aprobados entre 1996 y 2004, durante los Gobiernos de José María Aznar, para compararlos con los 68 realizados por Sánchez –refiriéndose, ahora, únicamente a los traslados realizados a cárceles del País Vasco, Navarra, provincias limítrofes (Santoña, Burgos, Logroño, Zaragoza) y a Soria–. Cifra que, en el momento de la redacción de este artículo, asciende ya a 74.
En relación con esta comparación, hay que significar que, mientras que actualmente son 197 los presos de la organización terrorista ETA los que se encuentran en prisión, en el periodo del Gobierno de Aznar el número de presos osciló entre los 453 que había en 1999 y los 719 en 2004. Siendo en ese momento, el colectivo de presos etarras, casi tres veces más grande de lo que es ahora. Asimismo, en aquella época los presos se distribuían a lo largo y ancho de toda la geografía española –incluidos los dos archipiélagos y Ceuta (en el año 1991 había 41 presos de ETA en los centros penitenciarios de Ceuta, Ibiza, Mallorca, Salto del Negro, en Gran Canaria, y Tenerife)–; mientras que en la actualidad las prisiones más alejadas que albergan presos de ETA son las de Cádiz y Algeciras. En este sentido, 29 han sido los traslados ordenados por Sánchez desde Andalucía quedando en la actualidad únicamente 47 reclusos allí, distribuyéndose el 60% de los presos en centros penitenciarios de la mitad norte de Madrid. Y lo que es más evidente, el total de traslados realizados por Aznar fue durante un periodo de ocho años mientras que los de Sánchez en dos, concentrándose el 70% en el último año.
Dicho esto, no se trata de justificar algo equivocado porque otros lo hicieron. Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo, en sus casi 40 años de trayectoria, siempre se han criticados los traslados de presos terroristas a cárceles más cercanas a sus domicilios. No tanto por una cuestión de venganza, como dicen algunos, sino por una cuestión de eficacia. La finalidad de la dispersión no es otra que incentivar la reinserción de los presos etarras. De esta manera, se irían premiando los gestos individuales de los presos con acercamientos progresivos a cárceles próximas a sus domicilios. El problema viene cuando esos traslados se hacen a cambio de nada, o a cambio de «formularios» de petición de perdón o de la simple asunción de la legalidad penitenciaria. Porque este es el problema, mientras los etarras se están valiendo de la legalidad penitenciaria únicamente «como método de lucha para vaciar las cárceles», tal y como ellos mismos reconocen, desde el Ministerio del Interior se les está premiando con su acercamiento o su progresión de grado. Esto nos ha llevado a que desde la AVT reclamemos, una y otra vez, la exigencia de la colaboración con la Justicia como una variable más para evaluar el pronóstico favorable de reinserción de los presos que sean trasladados o progresados. Solo así podremos asegurar que los presos terroristas salen de prisión mejor de lo que entraron y estaremos cumpliendo con la finalidad resocializadora de las penas.
Carmen Ladrón de Guevara es abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.