A la memoria de Txiqui Benegas
Se cumplen hoy cuatro años desde que ETA anunció el cese definitivo de la violencia. Cuatro años desde el día en que ETA decidió hacer pública su derrota sin haber logrado ninguno de sus propósitos. No se disolvió y las fuerzas de seguridad han seguido haciendo eficazmente su trabajo. La detención reciente de sus máximos dirigentes le ha permitido decir a alguna autoridad ministerial que lo que queda de ETA cabe en un microbús pequeñito. Es tan cierto ahora como lo era hace cuatro años.
En tanto llega esa disolución, quizá no sea ocioso recordar algunas cosas del otro final, el de la violencia, que nos ha permitido vivir cuatro años sin atentados, sin extorsiones y sin amenazas. El que se alcanzó por el trabajo y la tenacidad de todos, empezando por los jueces y fiscales, los policías y los guardias civiles; mediante el aislamiento internacional de la banda, el incremento del rechazo social en Euskadi y el permanente ejercicio de dignidad de las víctimas del terrorismo. Siempre he mantenido que el atentado de la T4 aceleró ese final, en la medida en que permitió romper con la idea asentada en una parte de la opinión pública vasca de que, en realidad, ETA mataba para negociar y que sólo la terquedad extrema del Estado estaba impidiendo el fin del terrorismo. Pero, sobre todo, ese siniestro remedo irlandés que ETA intentó con el atentado de Barajas - recordemos el atentado de Canary Wharf- agrandó las grietas que todo el proceso del diálogo de ETA con el gobierno de Zapatero había empezado a abrir entre los dirigentes de Batasuna y la banda terrorista. Un diálogo que, hoy merece la pena recordar, se abordó teniendo muy en cuenta experiencias anteriores. Por eso se inició al amparo de una resolución ampliamente avalada en el Congreso de los Diputados en cumplimiento de los acuerdos de Ajuria Enea. Por esa razón también, se separaron nítidamente los interlocutores con la banda de los aparatos de la seguridad del Estado, que no olvidaron que durante los períodos de tregua los terroristas no preparan la paz sino la guerra. Entre el 6 de junio del año 2007, fecha en la que ETA dio por finalizada la tregua declarada catorce meses antes y el día 20 de octubre del año 2011 en el que comunicó su compromiso claro, firme y definitivo de poner fin a su actividad armada, las fuerzas de seguridad españolas, fundamentalmente la policía nacional y la guardia civil junto a la policía francesa detuvieron a un total de 442 militantes de ETA, entre los que se incluyen los integrantes de varias de las cúpulas de la banda, y a otros 190 responsables de acciones de violencia callejera.
He sostenido siempre también que detrás del alejamiento entre ETA y Batasuna, clave para el final de la violencia, no se encuentra ninguna autocrítica de la izquierda abertzale, ni el repudio moral de la violencia ejercida durante más de cuarenta años por los asesinos, sino el puro y frío análisis estratégico: la evidencia de que ETA iba a perder y de que en su caída arrastraría a todo el entorno abertzale al definitivo fracaso y a la cárcel. De ahí el papel protagonista que atribuyo a las fuerzas de seguridad y a los servicios de inteligencia en todo este final: una ETA fuerte no hubiera permitido nunca el alejamiento de Batasuna. De la misma forma que una Batasuna sin el acoso policial no se hubiera visto impelida a separarse de ETA.
Cualquiera que se haya acercado al terrorismo de ETA puede entender con facilidad la importancia que para alcanzar su derrota ha tenido la política penitenciaria. En los últimos años de violencia etarra el número de terroristas encarcelados superaba con mucho al de militantes activos fuera de las prisiones españolas o francesas. Las disensiones entre Batasuna y la banda alcanzaron también a este ámbito. Es más, podríamos decir que desde entonces no han cesado. Es en este contexto en el que se decidió poner en marcha la denominada vía Nanclares, fijando con claridad las líneas rojas de la actuación del Estado en esta materia: decisiones individuales, condena de la violencia, reconocimiento del daño causado y, por supuesto, nada de amnistías. El estricto cumplimiento de la ley, en suma. Es un marco plenamente vigente en el que, sin duda, caben modulaciones de la política penitenciaria para contribuir al final ordenado de la violencia. Un final cuyo retraso incumbe a ETA, y cuyos principales perjudicados son la izquierda abertzale y los propios presos.
Uno de los fenómenos más notables de la historia reciente de nuestro país es la forma en que más de cuatro décadas de terror han quedado atrás en apenas cuatro años. Pero hay personas para las que el olvido va a ser muy difícil. Personas que sufrieron en sus propias vidas la agresión de los violentos; hombres y mujeres que tienen todo el derecho a reclamar que con ese olvido no se acabe negando su sufrimiento. Si permitimos que la historia de estos años la escriban los verdugos, no sólo saldrían perdiendo la verdad y la justicia. Si la versión ficticia de los perdedores se impusiera, las víctimas volverían a ser agredidas. Por eso hay que seguir recordando, las veces que haga falta, que, como ya he dicho, el final de la violencia no fue una concesión de la banda; que la renuncia a la extorsión no fue fruto de la autocrítica, y ni mucho menos del arrepentimiento. Muy al contrario, fue una derrota en toda regla, una victoria de la democracia con la que los terroristas pretendían acabar.
El tiempo ha pasado muy deprisa, y la sociedad española, especialmente la vasca, se han habituado a vivir sin la amenaza terrorista. Pero esos 43 años han dejado fracturas sociales que aún permanecen abiertas. La fórmula para cerrar esas grietas no puede ser otra que la que los demócratas empleamos para vencer a los violentos: inteligencia política, firmeza y la convicción de que ésta es una labor de todos. En los momentos que vivimos, quizá no esté de moda reivindicar los logros de la sociedad española en su conjunto. Sin embargo, el triunfo sobre ETA es una empresa colectiva, un éxito de nuestra democracia del que debemos estar legítimamente orgullosos.
Alfredo Pérez Rubalcaba fue ministro del Interior entre 2006 y 2011 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.