El FMI está alimentando una crisis argentina – otra vez

La primera vez que Argentina tuvo que pedir prestado al Fondo Monetario Internacional fue en 1958. En las seis décadas posteriores, el país ha firmado 22 acuerdos con el Fondo. La mayoría descarriló posteriormente o terminó en fracaso.

A pesar de sus credenciales pro-mercado, el actual presidente de Argentina, Mauricio Macri, se ha sumado a este desfile de decepciones. En poco más de tres años, su gobierno ha firmado dos acuerdos con el FMI. Y los acontecimientos recientes sugieren que la problemática historia de Argentina con el Fondo podría estar a punto de repetirse.

El último capítulo comenzó en junio de 2018, cuando el país tenía déficits fiscales y de cuenta corriente que, combinados, equivalían a un 11% combinado del PIB. Los inversores desconfiaron de los bonos argentinos, lo que obligó al gobierno de Macri a acudir al Fondo en busca de ayuda.

Con el fuerte respaldo de los Estados Unidos, a la Argentina pronto se le otorgó un préstamo del FMI de US $ 50.000 millones para ser usado en los próximos tres años. El gobierno pretendió que esto era solo un programa "precautorio": Argentina no necesitaba el dinero, lo importante era que los inversores privados supieran que estaba a su disposición.

Sin embargo, solo dos meses después, Macri admitió que Argentina necesitaba incluso más de $ 50 mil millones, y que los necesitaba de inmediato. En la jerga del FMI, el acuerdo tenía que ser "cargado de frente".

En este punto, la amistad de Macri con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (se conocían del mundo inmobiliario) dio sus frutos. El Fondo acordó, aunque a regañadientes, recargar el préstamo con $ 7 mil millones adicionales, lo que lo lleva a $ 57 mil millones. Además, alrededor del 90% del monto total, o $ 51,2 mil millones, se desembolsarán antes de la próxima elección presidencial de Argentina a fines de 2019.

Este es el préstamo más grande jamás otorgado por el FMI a un país, y la economía en crisis de Argentina depende mucho de ese apoyo financiero. El 15 de abril, el Fondo envió una cuota de $ 9.6 mil millones. Pero, en lugar de usar este dinero para acumular sus reservas de divisas o recomprar deuda en dólares, el gobierno de Macri lo va a usar para comprar pesos argentinos.

Como era de esperar, la prima de riesgo de Argentina se ha disparado. Los inversores están inquietos, y no solo porque la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabeza las encuestas. Saben que, al concentrar prácticamente todo el apoyo financiero del FMI en su actual mandato, Macri también ha concentrado los vencimientos de las obligaciones de reembolso de Argentina con el Fondo. Como el FMI tiene el estatus de acreedor preferencial, será el primero en la fila de acreedores y, por ende, el primero en cobrar. En otras palabras, si después del 2020 la Argentina no tiene suficientes dólares para pagar a todos sus acreedores, los inversionistas privados podrían verse obligados a reestructurar sus reclamaciones con pérdidas. Ellos lo saben y también saben que tienen una oportunidad limitada para salir de Argentina. Es probable que la usen pronto.

El gobierno argumenta que el Tesoro necesita vender los $ 9.6 mil millones de dólares en el mercado interno para cubrir los gastos presupuestarios denominados en pesos. Que el gobierno use préstamos en dólares del Fondo para comprar pesos argentinos parece alarmante, pero el FMI aceptó. Sin embargo, el gobierno sólo podrá comprar pesos argentinos en dosis homeopáticas, de hasta $ 60 millones de dólares por día, a través del banco central y en subastas públicas.

Esto no tiene sentido. En virtud de su acuerdo con el FMI, el gobierno se comprometió que en 2019 no tendrá déficit en su balance presupuestario primario (antes de los pagos de intereses) y también a refinanciar al menos el 70% de todos los vencimientos de capital y de intereses de la deuda pública en pesos. El gobierno está cumpliendo con éxito ambas condiciones. Más aún, está refinanciando más del 100% de los vencimientos de capital e intereses de la deuda pública en pesos, superando la meta de este año.

Por lo tanto, el gobierno no tiene necesidad presupuestaria de utilizar los dólares del FMI para comprar pesos. Más bien, las autoridades, con el respaldo del Fondo, utilizarán el dinero para mantener estable el tipo de cambio hasta las elecciones de este año, aumentando las posibilidades de reelección de Macri.

El FMI no debería apoyar esto, por varias razones. Para empezar, los argumentos falsos para justificar el disparate de endeudarse con el FMI para comprar pesos, pondrá en peligro los esfuerzos (incluso los míos) para normalizar las relaciones entre Argentina y el Fondo.  En segundo lugar, los dólares que el gobierno se propone vender para comprar pesos serán muy necesarios para que el próximo gobierno pueda hacer frente a los pagos de deuda e intereses que vencen en 2020.

Además, tener $ 9,6 mil millones de dólares, en lugar de la cantidad equivalente de pesos depreciados, pondría al próximo gobierno en una posición un poco más cómoda si, como parece inevitable, necesita renegociar el actual acuerdo del FMI con Argentina. Por otra parte, Macri podría incluso fracasar en su objetivo de asegurar un peso estable hasta las elecciones, dado que una subasta diaria de $ 60 millones no le dará al gobierno suficientes municiones para evitar picos de volatilidad en el mercado de divisas.

Finalmente, mientras más deuda tenga la Argentina con un acreedor privilegiado como el FMI, más difícil será convencer a los inversionistas privados, "no privilegiados", de reconducir sus créditos y continuar financiando el país en 2020 y posteriormente.

Lamentablemente, la historia puede estar a punto de repetirse. En octubre de 2001, unos 60 días antes de que incumpliera el pago de sus deudas, Argentina solicitó un préstamo de $ 8 mil millones del Fondo. La mayor parte de este dinero se usó para comprar pesos a inversionistas institucionales que abandonan el país. El FMI está a punto de volver a cometer el mismo error. No debe esperar un resultado diferente.

Hector R. Torres, a senior fellow with the Centre for International Governance Innovation’s International Law Research Program, was previously Executive Director at the International Monetary Fund and a staff member at the World Trade Organization.

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