Por Agustín Domingo Mortalla. Profesor de Filosofía del Derecho, Moral y Política. Universidad de Valencia (ABC, 14/04/06):
LO más importante de la nueva Ley Orgánica de Educación que han aprobado las Cortes no está en el contenido de sus artículos, sino en el proceso del que ha nacido. Un proceso presidido por una doble moral donde, por un lado, se ha transmitido a la opinión pública la voluntad de llegar a un pacto educativo y, por otro, se ha hecho todo lo posible para aislar cualquier iniciativa de corrección que pudiera introducir la oposición.
La expresión más clara de la hipocresía que ha presidido este proceso la tenemos en las palabras con las que el portavoz de CiU justificó la abstención de su grupo: «Los socialistas no han cumplido con la palabra dada». A lo mejor, si esto lo hubieran dicho otros portavoces, tendría menos importancia, pero cuando oímos estas palabras de alguien que dos días antes había ofrecido un «cheque en blanco» al presidente del Gobierno, debemos estar prevenidos porque el juego limpio no parece ser la primera virtud de quienes nos gobiernan.
Precisamente, días antes de que se procediese a la votación de la ley, en el mundo educativo corrió el rumor de que se aceptarían las reformas introducidas en el Senado. Intuíamos que, por fin, había expectativas de consenso. Entre los posibilistas que defendieron la Logse y mostraron su entusiasmo con las iniciativas socialistas, y los conservadores que nos resistimos a la Logse y celebramos las esforzadas, tímidas y acomplejadas medidas correctivas que introducía la Loce, se respiraban ciertos aires de concordia.
Quienes nos dedicamos a la educación llevábamos varias semanas recuperando ciertas expectativas de consenso. Nos resignábamos a creer que el consenso era imposible, nos parecían razonables y lógicas las enmiendas que se habían producido en el Senado, incluso llegamos a creer que la estrategia de FERE-CECA era más acertada que la de la Plataforma LOE-NO. Llegamos a pensar que con el cambio de estrategia ante el electorado católico, los socialistas habían empezado bien la cuaresma y estaban aplicándose alguna penitencia para mejorar la pascua electoral que se les avecina con el próximo viaje del Papa.
Aunque era difícil conceder credibilidad a un grupo político cuya primera medida fue la derogación fulminante del anterior proyecto de reforma, los profesionales de la educación nos resignábamos a perder la esperanza. Aunque era difícil fiarse de un grupo político que organiza la administración educativa con el principio de desconfianza ante la sociedad civil, los padres y profesores valoramos tanto la estabilidad del sistema que somos capaces de ceder y buscar resquicios de libertad donde aparentemente no los hay.
Al ver el proceso con cierta distancia y perspectiva, sólo nos cabe afirmar que las expectativas eran infundadas, que las ilusiones eran falsas. Nadie puede afirmar que una ley de educación que sólo cuenta con el apoyo del 52 por ciento de la Cámara es una ley de consenso. El jueves de la pasada semana, en las Cortes, asistimos al principio del fin de un verdadero consenso educativo.
Algunos creerán que el problema lo tiene la nueva ministra ante la difícil tarea de aplicar y desarrollar una ley que ha sido fruto de engaños sucesivos a toda la comunidad educativa. Primero se derogó por decreto la Loce y se propuso un documento de reforma para el debate donde se tuvo entretenida a toda la comunidad educativa con propuestas y contrapropuestas, con mesas redondas y cuadradas, con libros verdes y libros blancos, incluso se acumularon infinitas propuestas para un proyecto de ley que las despreció.
Luego se controlaron implacablemente todos los órganos administrativos educativos para transmitir el mensaje de que eran los católicos, los obispos o la derecha quienes no tenían voluntad de consenso. Para colmo, el Gobierno se apresuró a recibir a los representantes de la plataforma «LOE-No» para seguir presumiendo de una voluntad de diálogo que día tras día se ha comprobado como falsa. Esta cultura del engaño se ha ido mostrando claramente en las sucesivas comisiones parlamentarias del Congreso y el Senado donde no han valido para nada las enmiendas transaccionales, las deliberaciones informales, los compromisos casi personales de los propios diputados y los equilibrios de redacción conseguidos en los pasillos.
Pero el problema no lo tiene la nueva ministra, obligada a poner en marcha una ley nacida sin consenso; lo tiene el PP porque en la tramitación de la LOE el Gobierno consiguió generar discordia entre las órdenes religiosas representadas por FERE-CECA y las asociaciones de padres, centros y trabajadores agrupadas en torno a la plataforma «LOE-No». Una discordia que han mantenido los representantes socialistas en las comunidades donde gobiernan facilitando y mejorando la situación de FERE-CECA. Una discordia que corre el peligro de trasladarse a las asociaciones de padres, de alumnos y de profesores de la enseñanza concertada.
Después de que los socialistas y sus aliados han demostrado que no les interesa el consenso educativo, los populares no pueden bajar el nivel de sus exigencias y sus compromisos con la sociedad civil. Están obligados a mantenerse un poco más espabilados, despiertos e interesados ante los problemas educativos y culturales de unos ciudadanos que nos resignamos a educar a nuestros hijos con el imperativo de mediocridad.