El fuero y el huevo

Como ocurre frecuentemente en las relaciones Catalunya/España, hemos de convenir en que Madrid, en el sentido más amplio de esta palabra, no entiende casi nada de lo que pensamos sobre lo que ha decidido el Tribunal Constitucional (TC). Los más próximos a nosotros consideran que el fallo del TC es aceptable para la mayoría de los catalanes, y que incluso debería ser recibido con agradecimiento. Su argumento es que salva «el alma del Estatut», su esencia, su signo de avance en la descentralización y en el autogobierno de Catalunya. Subrayan que el saldo es positivo: el PP recurrió 114 artículos y solo se han declarado inconstitucionales 14. Lo demás, dicen, es únicamente filosofía interpretativa sobre cómo entender otros pocos (23) artículos a los que no se les toca ni una coma.

Madrid no considera lógica la reacción del presidente de la Generalitat. Les sorprende y desborda que José Montilla hable de «decepción», «indignación» o que diga: «Acatamos, pero no compartimos». Les choca el anuncio de que la reivindicación continúa para lograr sin recortes, cuando sea, el Estatut que pactaron y aprobaron el Parlament y el Parlamento español, y que refrendaron después los catalanes. Y rechazan las movilizaciones que convoca, como respuesta democrática y legal, la Generalitat. En la misma línea, no consideran lógico, les sorprende y les desborda que la sociedad civil catalana esté mayoritariamente de acuerdo con Montilla y se sienta agredida por el fallo.

Estamos en la eterna cuestión del fuero y el huevo. Por lo que sabemos hasta ahora, los jueces únicamente se han cargado de forma frontal lo que afecta a su propio gremio, es decir, a su huevo, la descentralización efectiva de la justicia, y lo que afecta al huevo del Defensor del Pueblo, en guerra contra el Estatut probablemente porque el Síndic de Greuges le sustituía en Catalunya a casi todos los efectos.

Aunque este afeitado del Estatut suene a violín centralista interpretando el No pasarán, las demás consecuencias prácticas del fallo están por ver. La historia nos dirá dentro de unos años si servía o no que el término nación estuviese debidamente recogido en el Estatut cuando la mayoría de los catalanes consideran –y saben– que Catalunya es una nación, y les importan un bledo las supuestas diferencias entre nación y nacionalidad.

Lo mismo ocurrirá con lo de que la lengua catalana no sea considerada, estatutariamente hablando, como «preferente» en la relación de las administraciones con los ciudadanos o en el uso de los medios de comunicación públicos. Eso puede estar o no en el Estatut, pero parece difícil que desde fuera nadie pueda impedir la voluntad inequívoca que tienen en ese sentido todas las instituciones catalanas. Se ha hecho hasta ahora sin que lo recogiera el anterior Estatut, y no es probable que vaya a cambiar ahora. No busco consuelos: señalo cómo funcionan en la práctica las cosas. El TC se mete en un berenjenal cuando intenta ir contra la ley de la gravedad…

En otro tema clave, Catalunya, pese a la ofensiva específica contra la inmersión lingüística en la enseñanza o el modelo único escolar, salva aquí su huevo. Todo seguirá igual. Únicamente lamenta la incomprensión frente a lo que está demostrando ser práctico. Hay que aclarar, sin embargo, cuando conozcamos los textos concretos, si en lo que no figurará explícitamente en el Estatut sobre financiación autonómica, cajas de ahorros, algunas cuestiones del derecho civil u otras materias, se podrán o no salvar esos otros huevos a través de pactos políticos concretos y legislaciones sobre cada caso, tal y como ya se hacía hasta ahora.

Madrid haría bien en entender que la decepción de Catalunya es esencialmente por el fuero. Molesta profundamente que un pacto político con el Estado y la voluntad popular de los ciudadanos puedan ser alterados por un tribunal. Y menos aún por un TC moralmente desprestigiado, ya que no ha sido renovado preceptivamente porque con otros miembros habría salido otro fallo, quizá mejor. El mangoneo político sobre el TC hace que sus sentencias sean, guste o no, subjetivas y relativas, y esta es la razón que determina que ha sido un gravísimo error darle potestad sobre lo que ha expresado la opinión pública en un referendo.

En el PP dicen que el debate queda cerrado. Me parece una opinión ingenua. En política todo está siempre abierto, y más cuando se producen errores como los que hemos vivido en esta cuestión. Por lo tanto, seguirá el debate; se reabre, como en la transición, el clamor catalán del Volem l’Estatut! refiriéndonos al texto anterior a este recorte; continuarán las polémicas sobre el encaje de Catalunya en España, y se producirán movilizaciones. Así es la vida. Pero que sepan los ilustres miembros del TC que su fallo provoca en muchos catalanes, entre otras cosas, la sensación de otra batalla perdida. Son precisamente los catalanes que no están por la independencia, pero sí por una España distinta, más abierta y con mayor reconocimiento de la personalidad de sus naciones. O digamos simplemente nacionalidades para que se enteren bien los juristas centralistas.

Antonio Franco, periodista.