El futuro de España

Verano de sentencias. Después de la pronunciada contra el Estatut (Caminal dixit), llegó el dictamen sobre Kosovo. Los juristas pueden aducir aquí que en el texto del Tribunal de La Haya no se reconoce el derecho de autodeterminación y por consiguiente ese pronunciamiento no representa riesgo alguno para Estados sometidos a tensiones secesionistas. Caso de España. Solo que como en su precursora, la resolución del Tribunal Supremo de Canadá sobre la posible separación de Quebec, los matices y las condiciones no cuentan para quienes se fijan ante todo en las letras mayúsculas de esta jurisprudencia. Además si bien la Corte de La Haya deslinda cuidadosamente el ámbito de aplicación de su dictamen respecto de la autodeterminación, no deja de constatar los cambios registrados en el tratamiento del tema a lo largo del siglo XX. Del punto de partida inequívoco en cuanto a su reconocimiento solo para los territorios sometidos a una dominación y a una explotación extranjera se ha pasado a plantear la cuestión aún no resuelta del derecho para una población de separarse del Estado del cual forma parte, aun cuando este se oponga. Añade además la Corte el dato de que en los tres últimos siglos proliferaron las declaraciones unilaterales de independencia, dando lugar a nuevos Estados.

El único rechazo claro a una declaración de ese tipo no procedería de la unilateralidad, sino de que la misma estuviese acompañada de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza, o de violaciones de las normas del Derecho Internacional: serbios de Bosnia, Chipre turco. En suma, “el Tribunal considera que el Derecho Internacional general no contiene una prohibición aplicable de las declaraciones de independencia”. Ahora bien, la ausencia explícita de negación adquiere inevitablemente una connotación positiva. Si por acuerdo de una autoridad municipal es retirada la señal de prohibido aparcar, eso es interpretado por todo el mundo como que se autoriza el aparcamiento. La reacción de los tutores de Kosovo lo confirma al instar a todos los países a su pleno reconocimiento como Estado independiente.

La satisfacción al respecto de los independentistas catalanes y vascos se encuentra así plenamente justificada, por encima de que Kosovo nada tenga que ver con Cataluña o Euskadi. Cobra fuerza la idea de que una secesión unilateral por vía democrática resulta algo legítimo, sin contar con la posición del Estado-matriz o con el respeto a las minorías (en el caso kosovar, el Tribunal ignora las exacciones ejercidas sobre la serbia, que por el contrario carece del derecho de autodeterminación). Llegado el caso, los independentistas flamencos, padanos o los de nuestra periferia no van a detenerse en las advertencias formuladas sobre la secesión de Quebec por el Supremo canadiense o por Stéphane Dion en su esclarecedor La apuesta de la franqueza.

Respuesta inmediata: en España no existe problema alguno de ruptura, de manera que solo plantear tal comparación equivale a sembrar un infundado alarmismo. Contrarréplica: de acuerdo en cuanto a la inminencia de semejante crisis, pero no es menos cierto que en los últimos 15 años, después de un periodo de aparente consolidación del Estado de las autonomías, la deriva de los continentes se ha acentuado en su interior. Gracias a haberlo planteado como un órdago, el plan Ibarretxe pudo ser abortado sin excesivas dificultades; en cambio, la nave de los locos en que se convirtió el asunto del Estatut ha producido un importante desgaste en la articulación institucional entre Cataluña y el Estado.

El vacío mental en que se mueve el presidente Rodríguez Zapatero al respecto, unido a su excelencia para la maniobra, permitirá tal vez un recosido celestinesco, a costa de que Artur Mas ocupe el Gobierno tras las inminentes elecciones, y confiando en el pragmatismo de CiU para que nada grave suceda.

Pero el mal de fondo está hecho y no solo porque en la gran manifestación de julio proliferasen los gritos a favor de la independencia, o porque Laporta proponga la celebración de un referéndum independentista. Más grave es que en todas las declaraciones de políticos e intelectuales catalanes no hay la menor consideración a lo que puede ocurrir con el Estado tras el vaivén iniciado en 2004. España ha sido borrada del horizonte político catalanista, salvo como obstáculo o como ente históricamente incapaz de entender la singularidad y la capacidad de sufrimiento de Cataluña. Ejemplo: la áspera reacción de Montilla frente a la Defensora del Pueblo, acusada de ataque al Estatut, por cuestionar al catalán como idioma exclusivo para integración de los inmigrantes.

La táctica es bien conocida de los estudiosos de los movimientos sociales y consiste en suscitar un efecto-mayoría, sin importar que las proposiciones sean verdaderas o falsas. Incluso que exista esa Cataluña o esa Euskadi enterizas que asumen en su totalidad las premisas del discurso nacionalista. Como la España del PP, tanto da. Una vez sentado el dogma sigue la exigencia dirigida al otro por quienes personifican a la Nación Única de una actitud reverencial, con renuncia a cualquier análisis que pudiera colorear las imágenes en blanco y negro. Fue significativo hasta qué punto los medios de comunicación controlados por el Gobierno respondieron dócilmente a tal requerimiento tras la sentencia. Ya antes, desde que se calentaron los ánimos con la filtración sobre el “juez irreductible” negador de la nación catalana, los medios y los partidos catalanistas se convirtieron en un coro unánime y excluyente por la intangibilidad del Estatut. Únicamente el impulso competitivo ante las próximas elecciones quebró la unanimidad después de la manifestación de Barcelona.

A partir de ahí, la cuestión es cómo escapar de este círculo vicioso que se verá alimentado cada vez que alguien toque los intereses o los símbolos definidos como sagrados. La premisa inicial puede consistir en la puesta en tela de juicio de lo sagrado. No se trata de negar la nación catalana o la vasca, sino de percibir que ambas naciones no son esencias inmutables, sino resultados de un secular proceso histórico en el curso del cual se han imbricado con la nación española. La doble identidad que asumen hoy la mayoría de los ciudadanos en ambas comunidades es la resultante de ese medio milenio de construcción de España, no simplemente del Estado español, con la consecuencia bien precisa de que hasta ahora la división política entre nacionalistas y no nacionalistas se situaba en torno al 50%.

La plurinacionalidad de España nada tiene que ver con la de Austria-Hungría o con la de Yugoslavia. Es comprensible que los nacionalistas prefieran la homogeneidad de tipo esloveno, pero esta hoy por hoy no existe y resulta antidemocrático forzarla con medidas excluyentes.

La sorpresa es que tanto los intelectuales como los políticos catalanistas, Montilla incluido, lamentan que haya sido arruinada la perspectiva federal que al parecer estaba incluida en el Estatut. Sorprende porque las grandes federaciones como la norteamericana o la alemana siguen la trayectoria opuesta: conjugan autogobierno de los Estados miembros con un poder fuerte en el vértice: “el poder federal asume todas las competencias necesarias para garantizar la independencia del Estado”, resume Miguel Artola. A nadie se le ocurre que California o Sajonia sean naciones, ni multar allí a un tendero porque rotule su establecimiento solo en inglés. Claro que para los constitucionalistas militantes de nuestra periferia existen otras federaciones llamadas a asumir la plurinacionalidad. Cabría añadir que un óptimo ejemplo fue Yugoslavia y que el criterio de bilateralidad, aplicado a la relación entre comunidades y Estado, determina confederación. Las razones que desaconsejan tales ensayos fueron ya expuestas hace más de dos siglos por Alexander Hamilton en El federalista, vista la imposibilidad de una confederación para resolver conflictos: “de ser posible construir un Gobierno federal capaz de regular los intereses comunes y mantener la tranquilidad general, debe ser fundado”. A ello tendía la federalización propuesta por el PSOE en Santillana, hoy ya olvidada.

Antonio Elorza, catedrático de Ciencia Política.