El miércoles 29 de abril el Senado checo levantó uno de los últimos obstáculos que impiden la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Tras la ratificación del presidente checo, todo dependerá del resultado del referéndum que previsiblemente se realizará en Irlanda el próximo octubre. Ahora bien, las concesiones realizadas a este país, entre las que cabe señalar la relativa a que cada Estado miembro siga contando con un comisario europeo, desvirtúan muchos de los avances que el Tratado de Lisboa inicialmente representaba. Así, será imposible que la Comisión Europea, con 27 ó más miembros, pueda operar como un auténtico gobierno. Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que el Tratado de Lisboa suscita ya poco interés político y mediático. La agenda informativa viene determinada por una crisis económica sin precedentes, y, coyunturalmente, por la alerta sanitaria provocada por la gripe A. Lo que resulta francamente sorprendente es que, en este contexto, la Unión Europea brille por su ausencia. Y ello cuando los problemas a los que nos referimos, por ser problemas globales, requieren una respuesta global y, cuando menos, europea.
Esta llamativa ausencia de Europa es la que probablemente explica el elevado índice de abstención que las encuestas pronostican para las próximas elecciones europeas. Entre el 4 y el 7 de junio próximos los ciudadanos europeos estamos convocados a las urnas para elegir a los 732 miembros del Parlamento europeo. Aunque todavía faltan más de dos semanas para la celebración de los comicios y la campaña electoral no ha comenzado oficialmente, creo necesario poner de manifiesto y recordar al lector el significado y la trascendencia de estas elecciones. Lo peor que podría ocurrir sería plantearlas en clave nacional, esto es, como un voto de castigo o de confianza al Gobierno de España. No es eso lo que está en juego.
El Parlamento europeo, según el Tratado de Niza, es la institución que representa a los pueblos europeos. En concreto a los 27 pueblos de los 27 Estados miembros. Aunque todavía no se ha dado el paso de unificarlos en un pueblo común, en cuyo caso la confederación europea se transformaría en un Estado, lo que importa subrayar es que el Parlamento europeo es el único órgano dentro del sistema institucional de la Unión que goza de legitimidad democrática directa. Es el órgano en el que estamos representados todos los ciudadanos de Europa. Ello explica que, entre otras importantes funciones, el Parlamento desempeñe las siguientes: En primer lugar, con carácter general, y conjuntamente con el Consejo de Ministros (órgano en el que están representados los Estados), el Parlamento aprueba las leyes europeas (reglamentos y directivas). Y voy a apuntar un dato que, indudablemente, debiera animar al lector a acudir a las urnas: más del 80% de las normas jurídicas reguladoras de la actividad económica proceden del Parlamento europeo. En segundo lugar, el Parlamento aprueba los presupuestos generales de Europa. Y, finalmente, elige a la Comisión Europea, que se configura como el Gobierno comunitario. Si todo lo anterior tiene algún fundamento nadie podrá negar que se trata de unas elecciones en las que es mucho lo que se decide: se decide qué Gobierno va a tener Europa y qué políticas van a desarrollar, en el marco de sus competencias, los órganos europeos.
En este contexto, los principales partidos han elaborado ya sus listas de candidatos. Y lo que debiera ser más importante, sus programas. Lo que los electores debemos preguntar a los candidatos es qué Europa y cuánta Europa quieren, porque lo cierto es que existen dos posiciones enfrentadas sobre el proyecto europeo. La primera es la de quienes aspiramos al establecimiento de una auténtica unión política (de naturaleza federal) capaz de hacer frente a los grandes retos del siglo XXI. Esta aspiración se basa en la convicción de que el círculo de tareas que por su naturaleza puede ser realizado en mejor manera por los Estados está hoy muy contraído. El Estado nacional se encuentra ya inerme frente a desafíos como el cambio climático, la criminalidad organizada, las crisis sanitarias o el reto de la inmigración. En esos y en otros muchos campos se requiere una respuesta europea. La segunda posición es la de quienes se oponen a la construcción de una Europa federal y pretenden diluir el proyecto europeo en un mero mercado único. Éste es el marco fundamental en el que se desenvuelve el debate político europeo.
Y en ese marco, procede igualmente pronunciarse sobre el alcance de la dimensión social de la Unión Europea: ¿Debe primar el derecho comercial (libre competencia) sobre el derecho del trabajo? ¿Qué lugar deben ocupar los servicios públicos? ¿Qué regulaciones cabe imponer a los mercados financieros?, entre otros aspectos.
La crisis económica que padecemos ha puesto de manifiesto las insuficiencias del marco europeo actual. Es preciso aprovechar esta oportunidad para dar un impulso federal a la Unión. Ello sólo será posible creando una Europa a varias velocidades o de círculos concéntricos, en la que los países más reacios a la integración no puedan impedir avanzar a los que quieran hacerlo. ¿Cuál es la posición de los diferentes partidos al respecto? ¿Cuál es su plan B, para el supuesto de que los irlandeses, en un nuevo gesto de egoísmo y falta de solidaridad, volvieran a decir 'no' al Tratado? De la respuesta que se dé a estos y a otros interrogantes depende el futuro de Europa. Los ciudadanos tenemos derecho a saber qué piensan de todo ello los candidatos que solicitan nuestro voto. Y en función de esas respuestas deberíamos decidir en qué sentido ejercer nuestro derecho de sufragio. El 7 de junio, el futuro de Europa está en nuestras manos.
Javier Tajadura Tejada, profesor titular de Derecho Constitucional de la UPV-EHU.