El G-20, el club de los países ricos y de otros pocos emergentes que se afanan por serlo, ha proclamado la necesidad de fortalecer la regulación del marco financiero internacional y, de esa manera, «pasar la página de una era de irresponsabilidad y adoptar un conjunto de reformas para satisfacer las necesidades de la economía mundial del siglo XXI».
Ahora ya conocemos oficialmente que la crisis derivó de un sistema financiero mal gestionado, plagado de conflictos de interés, con vocación de casino y sutilmente emboscado en los tortuosos vericuetos de la desintermediación y de productos indescifrables.
La gravedad del siniestro padecido nos mueve a creer que el sistema que emergerá tras la catástrofe servirá mas honestamente los requerimientos de la economía real y que no se habrá tratado de un episodio más antes de retornar a los excesos del pasado, al 'Business as usual'. Los mandatarios de Pittsburgh han asegurado que «la posibilidad de volver a asumir riesgos excesivos no es una opción».
Para disipar la duda de que a la postre todo pueda seguir igual, los líderes mundiales hacen recuento de las líneas de trabajo acometidas, aunque la mayoría se limiten al terreno de los grandes enunciados, acordando dilatados plazos para su implementación: adopción generalizada de Basilea II, mitigación de la prociclicidad, prácticas de retribución, estándares globales de contabilidad, activación del FMI, del Comité de Basilea y del Foro de Estabilidad Financiera como órganos técnicos al servicio de la comunidad de países. En línea complementaria avanzan la propuesta de Obama y la más reciente de la Unión Europea, que sugiere la creación de un consejo de riesgos sistémicos y un sistema común de supervisores.
Sin embargo, para interpretar cualquier reforma regulatoria del sector bancario precisaremos recordar que el motor y al mismo tiempo el principal factor de vulnerabilidad de la actividad financiera surge de su capacidad de apalancamiento. El multiplicador del crédito conduce invariablemente a los intermediarios financieros a un desequilibrio de sus masas patrimoniales, que éstos tratan de controlar dentro de los límites marcados por la prudencia y la reglamentación.
Para entendernos: idealmente, la totalidad de los depósitos de una firma bancaria debería poseer una contrapartida líquida y sin riesgo, por ejemplo en deuda pública, a plazos equivalentes, que protegiera a la clientela de la insolvencia de la entidad. Desde siempre se confía a la estadística la dilución controlada de este requerimiento y la entidad de crédito convive con mayor o menor aplomo con el apalancamiento y la contingencia latente de una suspensión de pagos.
Por ello las acciones de reforma en curso conducen a un penoso dilema. Aquellas acciones regulatorias que induzcan a mayores coberturas o provisiones más amplias de liquidez con el ánimo de mitigar drásticamente los riesgos del pasado conducirán automáticamente a un frenazo del crédito y al estrangulamiento de la economía real. Como ha argumentado Simon Hills, director de la patronal bancaria británica, «todo el dinero destinado a colchones de liquidez es dinero que los bancos no podrán prestar ni a familias ni a empresas». La renovada estabilidad se alcanzaría así tras el pago de un rescate desproporcionado.
Para superar la disyuntiva, la mejor ordenación debe ser sobre todo cualitativa, desalentando o prohibiendo conductas y productos bancarios de escasa o nula contribución a la economía real. 'Hedge funds', 'private equity', estructuras, titulizaciones, el modelo 'originar para distribuir', algunas formas de arbitraje como el 'flash trading' y algunos productos derivados, son perímetros sobre los que redoblar los análisis de utilidad y un ajustado seguimiento de carácter preventivo. Son áreas en las que de forma natural se tiende a circunvalar la norma, siempre más lenta de reflejos que la ingeniería financiera. Se trata en definitiva de un retorno a la banca seria, responsable y quizás aburrida.
La fragilidad congénita del sistema financiero, derivada de su apalancamiento, reabre una vez mas la función del Estado en la economía y en particular en las finanzas. Hoy tanto o más que ayer, la viabilidad del sistema financiero descansa en la garantía tácita del Estado, como proveedor último de liquidez y en casos excepcionales como garante de su solvencia. Lamentablemente, la economía no está en permanente equilibrio y, a menudo, es víctima de sus excesos.
No se trata de enterrar iniciativas y libertades que son útiles, crean bienes y servicios y consolidan riqueza, sino de preservar la libertad de la sociedad en su conjunto en un entorno de normas y de principios que la consoliden, protegiéndola de la avaricia y del mal hacer de las minorías.
Tras la avaricia y el mal hacer de las minorías, ahora se trata de retornar a la banca seria, responsable y quizás aburrida.
Manfred Nolte