Por Antonio Gutiérrez Vegara, presidente de la comisión de Economía y Hacienda del Congreso (LA VANGUARDIA, 04/07/06):
Tras el pacto sobre mercado laboral, llega ahora otro acuerdo entre los agentes sociales y el Gobierno en materia de Seguridad Social. Este nuevo fruto del proceso de diálogo social es, en realidad, un amplio espectro de medidas específicas orientadas a la racionalización del sistema público de protección social y a la mejora de algunas de sus prestaciones. Se continúa de esta forma en el camino alumbrado por el pacto de Toledo suscrito por todo el arco parlamentario en 1995 e inducido por las aportaciones de las organizaciones sociales, especialmente las de los sindicatos.
La Seguridad Social atravesaba una difícil situación a principios de aquella década, que se agravaba por momentos en un contexto de recesión económica y consiguiente incremento del paro. La relación entre activos y pasivos era de poco más de doce millones de cotizantes por seis millones doscientos mil pensionistas y el déficit financiero del sistema engordaba cada año cuando todavía se pagaba a cargo de la Seguridad Social una buena parte de la red sanitaria y de los servicios sociales de carácter asistencial. Un panorama que aprovecharon interesadamente algunos destacados grupos financieros y políticos para alarmar cuanto supieron y pudieron acerca de la inexorable quiebra del sistema público, proponiendo simultáneamente su sustitución por otro de capitalización o su drástica reducción, en el mejor de los casos.
Afortunadamente, una dinámica de signo bien distinto promovida desde las esferas de las organizaciones sindicales, comprometiéndose en la elaboración de propuestas que lejos de eludir las deficiencias del sistema y sus retos de futuro sugerían reformas para garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social mejorando al tiempo su equidad, permitieron alcanzar un consenso básico cristalizado en las quince recomendaciones contenidas en el documento suscrito por el último gobierno de Felipe González y todos los partidos, incluido el PP, en la capital manchega.
Las sucesivas reformas acometidas desde entonces se han basado siempre en el diálogo social y han contado con un aceptable grado de consenso. El primer acuerdo sobre pensiones fue suscrito en el otoño de 1996 entre el gobierno de Aznar y los sindicatos, pero, lamentablemente, no contó con la firma de las patronales, si bien se abstuvieron de combatirlo activamente. Cumplida la vigencia del primero se alcanzó otro pacto en abril del 2001 y, en esta ocasión, fue la UGT quien decidió quedarse fuera. El que acaba de lograrse ha concitado por primera vez el pleno consenso de todos los interlocutores sociales y, previsiblemente, obtendrá también el más amplio respaldo parlamentario.
La situación presente es sensiblemente mejor que la que tenía la Seguridad Social diez años atrás. En lugar de déficit tiene ahora superávit - el que por cierto utilizaba en los últimos años el gobierno del PP para cuadrar las cuentas del Estado y que ya no se utilizará para tal fin tras alcanzarse el superávit estatal por primera vez en la presente legislatura-, el proceso de separación de las fuentes de financiación de las diferentes prestaciones, sanitarias, asistenciales y contributivas está prácticamente concluido y el Fondo de Reserva se ha dotado con recursos suficientes para sostener durante cinco años las pensiones en caso de emergencia.
Pero no sería prudente confiarse previendo que el incremento de cotizantes va a seguir la pauta del último decenio (más del 50%), ni puede obviarse que las pensiones de las personas que fallecen van siendo sustituidas por otras de mayor cuantía de los nuevos pensionistas y que se alarga la esperanza de vida en España, de forma que hacia el año 2020 serán más de dos millones las personas mayores de 85 años que seguirán disfrutando de una pensión.
También debemos tener muy en cuenta que en apenas diez años se empezarán a jubilar los nacidos a finales de los años cincuenta, cuando la tasa de natalidad era bastante más alta que en la actualidad, o que poco más tarde también tendrán derecho a pensión muchos inmigrantes que por ahora contribuyen con sus cotizaciones a pagar las pensiones los jubilados actuales, mayoritariamente españoles.
Para atender en un futuro previsible a un mayor número de pensionistas, con pensiones más elevadas que percibirán durante más años, y para resolver problemas estructurales aplazados desde hace mucho tiempo como la integración del régimen especial agrario y el de empleados de hogar en el régimen general de la Seguridad Social es para lo que se han acordado estas nuevas actuaciones que aportarán mayor racionalidad al sistema y mejorará de forma más justa algunas de sus prestaciones.