El buen entendimiento es la característica principal en las relaciones de la UE y de España con Marruecos. El último paso ha sido la concesión del “Estatuto de socio avanzado”, en octubre de 2008, para premiar las reformas económicas y sociales emprendidas por el Reino alauí. También son fluidas las relaciones de vecindad de Ceuta y Melilla con las contiguas Regiones Administrativas de Tánger-Tetuán y la Oriental gracias al recíproco interés de los ciudadanos en mejorar su calidad de vida. Sin embargo, los cambios económicos y comerciales por la entrada de Marruecos en la zona euro-mediterránea de libre comercio y las inversiones en el norte del país, están produciendo efectos negativos para Ceuta y Melilla. En concreto, la fuerte caída de sus ingresos comerciales y por consiguiente en su financiación, a través del impuesto indirecto local específico de las ciudades autónomas, el IPSI. Estas consecuencias se irán acentuando a medida que se complete la liberalización comercial de Marruecos (2012), con el aumento en las ciudades autónomas de su dependencia económica y financiera del Estado. Su autonomía y cohesión interna serán más frágiles, por lo que necesitarán nuevas formulas de financiación. Algunas de ellas serán concretadas en el nuevo modelo de financiación territorial, como por ejemplo el denominado fondo de solidaridad.
Hasta ahora, la política del gobierno de España ha estado dirigida más a reafirmar la españolidad de las ciudades autónomas frente a Marruecos, que a plantearse un futuro viable para dichas ciudades. Sin embargo, los cambios actuales y las perspectivas de futuro exigen adoptar un enfoque distinto. Es preciso que las autoridades españolas intervengan inmediatamente con inversiones que permitan ir alcanzando niveles de vida comparables a las de otras CCAA. Es preciso mejorar sustancialmente las infraestructuras que ayuden a paliar el incremento del desempleo, de por sí más alto, que está generando la crisis internacional. Hay que compensar el alto índice de natalidad y la presión migratoria, elevando los indicadores de desarrollo que las sitúan a la cola del país, como son el déficit formativo y de educación, el acceso a las nuevas tecnologías, los servicios sanitarios, etc. Si por el contrario, se optara por prolongar la situación actual o persistir en la pasividad política, es muy probable que se produzca un rápido agravamiento de la situación en estas ciudades, mayor si cabe por la crisis económica que atravesamos.
Ahora bien, las actuaciones no sólo deben depender del Estado. También las ciudades autónomas tienen que aprovechar los desafíos que suponen los cambios económicos, las oportunidades creadas por la Unión por el Mediterráneo y el marco liberalizador adoptado por Marruecos. La entrada en la Unión Aduanera Europea, manteniendo ciertas especificidades, y el aumento de políticas de co-desarrollo de estas ciudades con el norte de Marruecos, pueden ser parte de la solución.
Miguel Ángel Pérez Castro, profesor de Economía en Melilla.
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