¿El G-20 al rescate?

La próxima reunión del G-20, que se celebrará en Brisbane (Australia), llega en un momento en el que una economía mundial precaria requiere que se adopten decisiones importantes, pero dista mucho de estar claro a quién corresponderá la voz necesaria para establecer una programa audaz… y después dirigir su aplicación.

Los datos económicos revelan que la economía mundial está más débil que en ningún otro momento de los dos últimos años. Al capitalismo le está costando crear una demanda adecuada. La riqueza y la renta han llegado a estar cada vez más concentradas, mientras que los ingresos de la clase media en el mundo desarrollado se han estancado. La elusión tributaria por parte de las empresas multinacionales está haciendo perder ingresos a los países en desarrollo, al limitar su capacidad para invertir en educación e infraestructuras, y hacen falta muchas más medidas para abordar el mayor y más urgente problema estructural: el cambio climático.

Muchos economistas y politólogos destacados pronostican un futuro económico deprimente y continuo. Stephen Roach ha indicado que en la economía mundial posterior a la crisis “la recaída es la regla”; el economista Brad Delong, refiriéndose a las “consecuencias de nuestra menor depresión,” sostiene que la afirmación de que hay una recuperación en la zona del euro ha resultado fallida; y el Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha reconocido la necesidad no sólo de la reforma estructural, sino también de una expansión fiscal para impulsar la demanda agregada.

En el centro de sus preocupaciones figura la falta de una demanda sostenida para impulsar el crecimiento. Si bien hacen falta reformas estructurales –en particular, por el lado de la oferta– tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, no son suficientes para abordar lo que el ex Secretario del Tesoro de los Estados Unidos Larry Summers ha llamado “estancamiento duradero”, es decir, la dificultad para mantener una demanda suficiente que permita niveles normales de producción.

Así, pues, la misión fundamental del G-20 ha de ser la de crear un marco para un crecimiento fuerte y sostenible. Los Estados miembros deben introducir reformas encaminadas a lograr un objetivo de crecimiento anual del dos por ciento, como acordaron en un momento anterior de este año los ministros de Hacienda.

Una reforma estructural que podría impulsar el crecimiento mundial sería una importante inversión en infraestructuras tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Lamentablemente, ningún dirigente del G-20 se ha referido en serio a esa necesidad, por no hablar de presionar en pro de una solución. Aparte de la presentación por parte del Banco Mundial de un posible programa experimental en materia de infraestructuras,  ha habido pocas indicaciones sobre cómo se podría alcanzar el objetivo del dos por ciento a medio plazo.

Los Gobiernos del G-20, sobre todo los que tienen balances sólidos, deberían pedir una inversión pública y privada en gran escala para aumentar la capacidad productiva de las economías de sus países miembros. En materia de elusión tributaria, no hay que limitar el debate a las economías desarrolladas; como señaló recientemente el Fondo Monetario Internacional, las astutas estrategias contables de las empresas multinacionales afectan desproporcionadamente a los presupuestos de las economías en desarrollo.

Lamentablemente, a juzgar por las iniciativas que ya figuran en el programa de Brisbane, parece que la cumbre no va a adoptar un planteamiento innovador. Si el G-20 no da consistencia normativa a su retórica, correrá el riesgo de parecer débil e irrelevante. Su propio crédito está en entredicho. De hecho, en el mundo desarrollado hay quienes preferirían un órgano más pequeño y exclusivo: un G-14 o incluso un nuevo G-7. Semejante iniciativa perjudicaría al mundo en desarrollo, sobre todo a la región de Asia y el Pacífico, incluida Australia.

Una razón por la que algunos desean un grupo más compacto es la de que al G-20 le cuesta lograr un consenso, pero ésa no es la solución. Es más difícil lograr acuerdos precisamente porque forman parte de él todos los dirigentes principales (que representan a unos dos tercios de la población mundial y el 80 por ciento del PIB mundial) y cuyo apoyo es necesario para adoptar una decisión verdaderamente mundial.

Así, pues, en la cumbre de Brisbane se debe volver al activismo que se mostró en 2008 y 2009, en el momento culminante de la crisis financiera. Deberían encabezarlo los Estados Unidos y otras economías avanzadas y apoyarlo las más importantes economías en ascenso.

A Australia, como anfitriona que es, le corresponde un papel específico. Se trata de un país respetado tanto por los países en desarrollo como por los desarrollados, que con frecuencia tiende puentes entre ellos y está considerado de forma generalizada un intermediario honrado.

Lamentablemente, el Gobierno actual ha ofrecido pocas propuestas sobre los grandes problemas estructurales que subyacen al malestar económico del mundo. Las modestas iniciativas presentadas reflejan la retórica del Gobierno contra el sector público. Peor aún: cuando tanto los países en desarrollo como los desarrollados están empezando a tomarse en serio el cambio climático, Australia está orientándose en la dirección opuesta.

La cumbre de Brisbane será una prueba decisiva para Australia, el G-20 y la posibilidad de una coordinación normativa verdaderamente mundial.

Wayne Swan, a former deputy prime minister and treasurer of Australia, is a a regular participant in the G-20 Finance Ministers Meeting. His most recent book is The Good Fight: Six years, two prime ministers and staring down the Great Recession. Traducido del inglés por Carlos Manzano.

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