Este mes, los ministros de finanzas del G20 aprobaron la emisión de 650 000 millones de dólares en derechos especiales de giro (el activo de reserva del Fondo Monetario Internacional) y una extensión por otros seis meses de la moratoria de pagos de deuda que hoy pueden pedir 73 países en desarrollo. El acuerdo es un paso en la dirección correcta, pero el G20 perdió una oportunidad de buscar una solución integral a la crisis de deuda que se cierne sobre el Sur Global. Otras crisis anteriores deberían habernos enseñado que las respuestas insuficientes y tardías demoran la recuperación y aumentan el costo (para deudores y acreedores) de la reestructuración de deuda. El mundo todavía corre un alto riesgo de repetir los errores que llevaron a la pérdida de dos décadas de desarrollo en los ochenta y noventa.
Ya antes de la pandemia el Sur Global iba camino de una crisis de deuda, pero ahora la situación se ha deteriorado drásticamente. Hay que reconocerle al G20 la prontitud con que en abril de 2020 respondió aprobando la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI). Pero aunque esta iniciativa alivió la situación de unos 43 países que pospusieron pagos a acreedores oficiales, no modificó el valor actual neto de las deudas.
Por eso, en noviembre de 2020 el G20 acordó un «marco común» de tratamiento de deudas complementario a la DSSI, que permite a los 73 países de bajos ingresos incluidos en la iniciativa original pedir una reestructuración de deuda. Pero aunque va en la dirección correcta, esta otra medida también es insuficiente.
Para empezar, el nuevo marco solamente se aplica a países de bajos ingresos. Es innegable que muchos de ellos necesitan un alivio, pero lo mismo puede decirse de países de ingresos medios con altos niveles de deuda que han sido muy afectados por la pandemia. El Banco Mundial calcula que de los 124 millones de personas que pueden haber caído en la pobreza extrema en 2020, el 80% habita en países de ingresos medios.
Además, el marco común trata los problemas de deuda caso por caso, lo cual deja sin resolver la estigmatización duradera que cargan los países que solicitan un alivio de deuda. Aparte del hecho de que muchos países en desarrollo ya han perdido en la práctica el acceso a los mercados de capitales, el riesgo para los que todavía pueden financiarse emitiendo bonos internacionales es cada vez mayor. El panorama general para las economías de mercado emergentes ha empeorado desde principios de este año porque se prevé un endurecimiento del crédito. Y el 95% de las rebajas de calificación crediticia anunciadas por las tres principales agencias calificadoras desde el inicio de la pandemia corresponde a países en desarrollo.
Finalmente, el marco común no incluye un compromiso simultáneo de acreedores y deudores para que los países orienten el nuevo espacio fiscal obtenido hacia el logro de los objetivos climáticos y de desarrollo acordados por la comunidad internacional. Hay abundante evidencia empírica de que el costo de la deuda pública para los países vulnerables al cambio climático tiende a ser superior, y de que el cambio climático aumenta el riesgo soberano. La deuda de los países que no puedan invertir en desarrollo y resiliencia climática será todavía menos sostenible en el futuro.
Aun dejando de lado los riesgos climáticos adicionales para los países de bajos ingresos, un análisis del FMI halló que a fines de febrero de 2021 la situación de deuda de más de la mitad de un grupo de países evaluados ya era crítica o de alto riesgo. Para colmo de males, la salida neta de capitales desde muchos países en desarrollo no se detiene, y las ayudas de organismos internacionales destinadas a la pandemia se están usando para pagar deudas con acreedores privados.
En vista de estos problemas, es urgente rediseñar el marco para hacer posible un alivio integral de deudas orientado a una recuperación verde e inclusiva. Sugerimos para ello una serie de modificaciones.
En primer lugar, en vez de esperar a que los países soliciten cada uno por separado un alivio de deuda, el marco debe reconocer el hecho de que una crisis sistémica exige una solución sistémica. El G20 debe alentar la reestructuración de todas las deudas de países de ingresos bajos y medios que se consideren insostenibles. Y al momento de evaluar el peso de la deuda en cada caso, el análisis debe tener en cuenta los riesgos climáticos y otros que afecten a la sostenibilidad de la deuda, además de una estimación de la financiación que necesitará el país para tomar medidas de adaptación y mitigación en relación con el cambio climático.
Al mismo tiempo, los gobiernos que obtengan un alivio de deuda deben comprometerse a implementar reformas que pongan sus políticas y presupuestos en línea con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el clima. Una parte de los pagos reestructurados debe ir a un «fondo de recuperación verde e inclusiva» que el gobierno destinará exclusivamente a gastos alineados con los ODS.
Además, el marco debe incorporar incentivos adecuados para que los acreedores privados participen y compartan una parte razonable de los costos. Allí donde el análisis de sostenibilidad indique problemas de deuda significativos, los programas del FMI deberán supeditarse a un proceso de reestructuración de deuda que incluya a los acreedores privados.
En esto, un esquema similar al Plan Brady que permita emitir bonos nuevos en sustitución de los anteriores facilitaría las negociaciones de reestructuración. Para ello, proponemos un Mecanismo de Garantía para la Recuperación Verde e Inclusiva, administrado por un banco multilateral de desarrollo. Los incumplimientos de pago de los bonos nuevos activarán la garantía en beneficio de los acreedores privados, y el derecho sobre el pago adeudado pasará al mecanismo de garantía.
Demorar una reestructuración de deuda que es inevitable empeorará la situación de los países endeudados y de sus poblaciones. Los gobiernos no podrán proteger a sus habitantes durante esta terrible crisis sanitaria y social ni invertir en la adaptación climática de sus economías. El G20 todavía está a tiempo de mejorar el marco de tratamiento de deudas y dar a todos los países la oportunidad de iniciar una recuperación verde, inclusiva y resiliente.
Shamshad Akhtar, a former governor of the State Bank of Pakistan, is Chair of the Board of Directors of Karandaaz Pakistan.
Ulrich Volz, Director of the SOAS Centre for Sustainable Finance and Reader in Economics at SOAS, University of London, is Senior Research Fellow at the German Development Institute.
Moritz Kraemer, Chief Economic Adviser of the risk consultancy Acreditus, is a former sovereign chief ratings officer at S&P.
Stephany Griffith-Jones is Emeritus Fellow at the Institute of Development Studies at the University of Sussex and Financial Markets Director at the Initiative for Policy Dialogue at Columbia University.