El gasto en Defensa: entre el deseo y la realidad

O, quizá mejor, entre el sentimiento y la racionalidad. Y comenzaremos por el deseo, porque quizá hayamos creado falsas expectativas si se ha entendido como una financiación elevada, en línea con las presiones del presidente americano Sr. Trump a los socios de la OTAN con el fin de que aporten capacidades por valor del 2% del PIB. Pues: error; nos referíamos a lo que cualquiera de los contribuyentes del Tesoro Público de España está dispuesto a aportar para la función “defensa”. Seguro que nos encontramos opiniones de todo tipo, pero la gran mayoría está dispuesta a aportar lo menos posible, tendiendo a cero, lo mismo que para otras “áreas de gasto”. Nos encontramos entre los que piensan que mejor que pague otro; o, mejor, que no nos quiten nuestro dinero para pagar gasto público (muy apartados de lo que piensan ciertos políticos que plantean una mayor dimensión del Estado, en gasto). Tendiendo a lo que en el ámbito anglosajón se denomina “free-rider” (polizón), en castellano castizo: gorrón.

Partiendo de esa voluntad que “tiende a cero”, enfrente podemos situar la realidad. Esta no es más que las necesidades financieras para dar cobertura a las capacidades militares, que den respuesta a las amenazas de nuestra nación así como a las que nos hemos comprometido en diferentes foros internacionales (ONU y OTAN principalmente, al ser la UE una parte muy considerable de la propia OTAN). Y estas necesidades reales no se improvisan, como ya hemos señalado en otras ocasiones, sino que se alcanzan en el tiempo a través del desarrollo y adquisición y mantenimiento de equipos y sistemas de armas (léase: armamento, buques y aviones) y formación del personal, su adiestramiento y alistamiento; es decir, no solo tener un número de personas y/o armas sino la validación para el combate de los diferentes equipos operativos: batallones, buques o escuadrillas aéreas de las diversas funcionalidades requeridas.

En el caso español, aunque en la actualidad estemos en una fase de transición consecuencia de la entrada en servicio de los elementos adquiridos a través de los Programas Especiales de Armamento, disponemos de una estructura tanto de personal como de material que hay que mantener, al menos durante el periodo de transición hasta dar de baja los equipos que serán sustituidos por otros tecnológicamente punteros. Y eso viene a suponer un alto montante de recurso financiero, dato que podemos obtener de los Presupuestos Generales del Estado y de los informes sobre ejecución en la web del Ministerio de Hacienda.

Hasta ahora no hemos dicho algo que no se supiera, aunque no fuéramos conscientes de ello (al menos habitualmente). Decíamos al comienzo que mejor que realidad deberíamos decir racionalidad. Esto viene a cuento de que alguien tiene que pagar los gastos de defensa. Si no estamos dispuestos a sufragarlos en nuestro propio presupuesto de gastos; considerando que no hay marcha atrás, es decir, que no es posible abandonar las organizaciones citadas (ONU y demás), alguien tendría que hacerse cargo de los gastos. Solo quedaría la opción de que fueran afrontados a través de una de dichas organizaciones; algo parecido al concepto de “renting” de vehículos, modelo que algunos particulares eligen para disponer de un medio de transporte a su disposición. Pero, al final, los recursos serían aportados por nosotros mismos ya que no es racional pensar que el resto de los miembros estén dispuestos a “pagar la ronda”.

En los últimos días de octubre y primeros de noviembre, en los medios de comunicación han aparecido noticias sobre la suspensión de ejercicios y actividades de nuestros ejércitos por falta de presupuesto. Paralelamente se aprobaba en Consejo de Ministros una ampliación presupuestaria para Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Ambas cuestiones parecen ser incoherentes, si las juntamos. Pero si analizamos los mecanismos y procesos que debe realizar el Ministerio de Hacienda hasta proporcionar la disposición real del recurso aprobado, el tiempo es un condicionante para dicha disponibilidad finalista. Resumiendo, no es inmediata. Y, concluyendo, tarde o temprano los contribuyentes deben dedicar parte de sus impuestos a la financiación de esta función básica del área de gasto denominada “servicios públicos básicos”. Estaríamos hablando de algo parecido al manido tema de los gastos del impuesto de AJD en el caso de las hipotecas: independientemente de cómo se estructure la normativa al respecto y los políticos “prediquen” para su clientela, el pagador final será el demandante en un mercado donde el oferente son los bancos, que son los que disponen del recurso financiero. O no tendremos el nivel de defensa suficiente, determinado por el coste de obtención de equipos y sistemas de armas junto con la preparación de la fuerza que permita una calificación operativa de nuestras capacidades militares; en nuestro ejemplo paralelo, no obtendremos el crédito hipotecario, se ponga como se ponga el público, al ser una relación comercial donde operan los mecanismos de oferta y demanda de mercado.

De nuevo, centrándonos en el caso de la defensa, tenemos que volver sobre la idea central de esta meditación: la realidad y/o racionalidad de los gastos de defensa en España. Parece claro que, aunque todas las fuerzas políticas no descartan la necesidad del gasto en defensa, el alcance o bien no está definido o no concuerda en los mismos términos para todo el arco parlamentario (excluimos a los no-parlamentarios, para simplificar). Luego el primer paso a gestionar sería el encuentro de ese espacio de consenso donde todos definieran sus posturas y se llegara al mínimo común denominador, primer punto de encuentro y partida para poder comunicar y comprender a dónde vamos en materia de gastos de defensa. Como en cualquier otro país, la defensa nacional es una cuestión de Estado y así debe ser tratado por las fuerzas políticas, independientemente de su ideología. Aunque siempre se ha dicho que “España es diferente”, como en el caso de las hipotecas puesto que en Europa todos coinciden en determinar como obligado tributario al consumidor, en el fondo no lo es tanto y aquel famoso lema afecta principalmente como reclamo turístico; pero europeos como los demás, ni más ni menos.

Jesús A. Perdices Mañas, Intendente de Madrid.

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