El narcotraficante más célebre del mundo, el responsable de seguridad durante el gobierno del presidente mexicano que inició la guerra contra el narcotráfico y un exjefe del ejército —la institución encargada del combate contra el crimen—, habrán pasado en menos de dos años por una corte de justicia de Nueva York. Según la fiscalía, los supuestos enemigos en una supuesta guerra tenían un mismo objetivo: enriquecerse con el tráfico de drogas a Estados Unidos.
La historia oficial de México decía que la violencia era el resultado del choque de dos mundos que representaban el bien y el mal. Joaquín “el Chapo” Guzmán, capo de capos, era el máximo antagonista de una lucha feroz contra las autoridades, encarnadas como pocos por el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna durante el gobierno de Felipe Calderón y por el general y exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos en el de Enrique Peña Nieto.
Parte del relato judicial que se está construyendo en Estados Unidos, más cercano a la realidad, es que entre narcos y algunos altos cargos del Estado mexicano siempre ha existido una simbiosis. Pero después de 340.000 muertos y más de 77.000 desaparecidos en catorce años, los mexicanos no pueden depender de que esta historia se resuma a que algunos de sus protagonistas sean juzgados en una corte de Nueva York.
Las procesos que se desarrollan en Estados Unidos deberían servir para hacer justicia. Pero no menos como un impulso definitivo para investigar desde México las mentiras históricas y a los responsables de su pasado reciente. Y, al mismo tiempo, alertarnos sobre los peligros del presente: en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el país es todavía más violento y está más militarizado que durante los sexenios anteriores. La detención el 15 de octubre del general Cienfuegos, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, llega en un contexto donde el presidente ha concedido a las Fuerzas Armadas el control de aduanas y puertos y el monto de los fideicomisos destinados al ejército aumentó más de un mil por ciento solo en los dos últimos trimestres del año pasado.
Los señalamientos públicos sobre sobornos y complicidad de los gobiernos de Peña Nieto y Calderón empezaron en el juicio de Guzmán Loera el año pasado. En los últimos meses se han materializado en parte con las detenciones de García Luna y Cienfuegos. México seguirá ávidamente las pruebas y los testimonios presentados contra los dos fieles escuderos preguntándose si en la corte se llega a denunciar a los dos anteriores presidentes del país. Pero ningún juicio en Estados Unidos, sea cual sea el resultado, será suficiente para reparar a las víctimas y propiciar el cambio estructural que necesita México.
Primero, porque lo que se juzga es la conspiración o colaboración de unos individuos para que las drogas crucen la frontera y satisfacer así la demanda del mayor mercado de América, no los asesinatos, ejecuciones o desapariciones que han sumergido a México en un luto nacional. Segundo, porque si la justicia mexicana no actúa, la impunidad seguirá siendo un estímulo para el delito y un obstáculo para la denuncia. Tercero, porque mientras en Estados Unidos transcurren los juicios y el debido proceso, en este lado de la frontera los diferentes gobiernos estadounidenses siguen siendo un actor político fundamental, a veces incluso como si de política interna se tratara.
Todo esto ha sucedido en un contexto histórico que resalta el fracaso de las políticas para controlar la violencia y el negocio del narcotráfico: el próximo año se cumplirán 15 años de guerra contra las drogas en México, pero serán 50 desde que Richard Nixon declaró estas sustancias como “el enemigo público número uno” de su país y, por extensión, del mundo. Con el paso de los años la realidad ha desmoronado los mitos sobre los que se sustentan las políticas de mano dura de esa guerra.
Los militares mexicanos salieron de los cuarteles bajo la lógica de que, a diferencia de una policía corrompida, ellos eran incorruptibles. La detención de Cienfuegos es el episodio más simbólico, pero no el único de un ejército que se ha visto señalado por ejecuciones extrajudiciales. Un dato muy relevante: seis años después de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, las nuevas investigaciones sobre el caso apuntan a que los militares tuvieron un papel central aquella noche en contraste con lo que decía el gobierno de Peña Nieto.
La política de descabezar grupos criminales a través de grandes operativos ha mostrado ser más un problema que una solución: desde la extradición de Guzmán Loera en enero de 2017, México ha vivido los años más violentos de su historia moderna. La estrategia de desplegar militares en los estados más conflictivos no solo ha derivado en que se mate más, sino en que se mate cada vez más en más lugares.
Las erradicaciones de los plantíos de amapola tampoco han detenido el tráfico. Hasta 2017, los sembradíos crecieron un máximo de 44.100 hectáreas cultivadas. Desde entonces descendieron porque el fentanilo, un opiáceo más potente, barato y fácil de transportar, entró al mercado estadounidense proveniente de China. Para muchos cultivadores lo único que ha cambiado es que se han quedado sin sustento.
Las evidencias sobre el fracaso de la guerra contra las drogas, sin embargo, no han conseguido quebrar el mito fundacional según el cual las drogas y el negocio ilícito alrededor de ellas son el principio y fin de los males de México. En muchas partes del país existen negociaciones, pactos más o menos volátiles entre crimen y autoridades, a través de los que se coordinan para extraer cualquier recurso del territorio. El dinero ilegal surte la economía legal mientras que los poderes estatales, que a veces combaten frontalmente al poder criminal, otras se asocian con él para gobernar. Se entiende en este contexto que el negocio del narco se haya asentado en México más porque estaban las condiciones dadas. No las creó. La utilidad que tiene la violencia para quienes se benefician de ella se traduce en un saldo trágico: más de 36.000 vidas solo el año pasado.
México era así cuando López Obrador llegó al poder. Después de sus palabras iniciales de cambio solo ha transitado el mismo camino que sus antecesores, incluso a mayor velocidad. A Guzmán Loera y García Luna los puede encuadrar en el pasado, pero la onda expansiva de Cienfuegos, a pesar de nunca haber ocupado puesto alguno en el actual gobierno, alcanza de lleno el presente. Los cinco generales de la plana mayor de la secretaría de Defensa Nacional (Sedena) trabajaron con el exjefe de las Fuerzas Armadas. Según informaciones periodísticas, la DEA tiene en su mira a otros seis militares mexicanos.
El presidente ha enarbolado la lucha contra la corrupción y la ruptura con la “mafia del pasado”. Ahora debe enfrentar una paradoja: cumplir sus promesas cuando ha ligado su sexenio a una institución central en los anteriores gobiernos, que ha fracasado en su objetivo de pacificar el país y está cada vez más en entredicho. Uno de los ejes de su Cuarta Transformación en materia de seguridad, la Guardia Nacional, es un cuerpo cada vez más militarizado que ahora además tiene la facultad de incidir en el proceso de justicia penal.
En esta encrucijada lo más probable es que López Obrador continúe la militarización. Lo mejor para el país sería que las lecciones que podamos aprender de los juicios en Estados Unidos y, sobre todo la realidad mexicana, le valieran para reflexionar y cambiar el rumbo de una política que quizás le sirva a su agenda, pero no a la seguridad del país.
En este cambio sería fundamental que gradualmente el ejército volviera a tener el papel tradicional de los ejércitos. La responsabilidad de la seguridad debería también regresar a unos cuerpos civiles mejor capacitados, con buen presupuesto y bajo una estrategia que empiece solucionando problemas locales. Y la regulación de la marihuana se debería aprobar al fin con una ley que responda a las necesidades sociales del país, no a intereses económicos extranjeros, y sea punto de partida para una conversación más amplia sobre otras drogas.
Ni el pasado, ni el presente ni el futuro de México se deberían juzgar en Nueva York. Una vez que se establezcan en Estados Unidos las conexiones entre el crimen y el Estado, lo central sería que este gobierno cree las condiciones y respete la independencia de la justicia mexicana para investigar en casa qué tan estrechos son los vínculos entre lo legal y lo ilegal. Es así como se puede empezar a esclarecer qué significa realmente la guerra contra el narcotráfico y a hacer justicia a las víctimas de homicidio, corrupción, impunidad, desplazamiento forzado o desaparición.
José Luis Pardo Veiras es periodista independiente, coautor de Narcoamérica: de los Andes a Manhattan, 55.000 km tras la ruta de la cocaína y fundador, junto con Alejandra Sánchez Inzunza, de Dromómanos, que actualmente investiga el homicidio en América Latina.