La crisis financiera y de deuda soberana de los países europeos es la "crónica de una crisis anunciada" desde el momento en que el mercado financiero privado no fue capaz de responder a la que estalló en 2007, creada y alimentada por su propia avaricia. Así que, apoyados en la Unión Europea, son los Estados quienes han tenido y tienen que parar el golpe y encontrar la solución.
En una primera fase (2008-2009) la reacción de estos fue ayudar a la banca, como siempre se ha hecho (mal) en los últimos 25 años: emitiendo deuda (pero no impuestos) y cargando con un peso insostenible a los Estados. No era la mejor solución, y la prueba es que nos hemos visto obligados a entrar en una segunda fase (2010-2011) de austeridad y ajuste severo, que penaliza al Estado de bienestar. Los recortes de gasto público siempre los sufren más las clases media y baja, consumidoras de los servicios esenciales. Además, se ha frenado visiblemente la economía creadora de empleo.
Estamos en una especie de callejón sin salida. Por eso, habrá que abordar, a partir de 2012, una tercera fase de la reacción frente a la crisis. Y solo nos queda un instrumento realmente efectivo, el que siempre ha tenido el Estado: los impuestos (no la deuda). Es lo único que puede dar a la Unión y a los Estados la capacidad de recuperar el crecimiento, en un momento de sequía crediticia para la inversión privada
¿Qué impuestos? La derecha optará por subir solo los impuestos indirectos, los que pagamos todos. La izquierda, por gravar al sistema financiero y a las mayores rentas personales o de capital, es decir, donde está el poder económico real, pero donde la carga tributaria es descaradamente menor (Buffett dixit).
Este es el debate de hoy en Estados Unidos, Europa y España. El debate de los impuestos. Sin impuestos progresivos no habrá una salida justa de la crisis, ni resucitará el crecimiento y el empleo. Es lo que venimos planteando en la izquierda desde hace tiempo, y ahora empieza a abrirse camino.
La pasada semana la Comisión Europea ha formulado como propuesta la tasa de transacciones financieras, que debería ir directamente a los presupuestos de la Unión, aligerando así lo que cada Estado aporta a estos.
La izquierda propone, además, tributos nacionales sobre las mayores rentas y propiedades. Empieza a vislumbrarse en Dinamarca y Finlandia, con nuevos Gobiernos de centro-izquierda. Estoy convencido de que lo mismo sucederá en Alemania, Francia e Italia tras las próximas elecciones generales, que cambiarán el signo de sus Gobiernos (ya está cambiando en los länder alemanes, en el Senado francés, en los municipios italianos). Se trata de lanzar programas de recuperación basados en impuestos progresivos y no en el recurso a la deuda nacional (que debería ser sustituida por eurobonos).
Este es un debate central en la campaña electoral española. El Partido Popular la da por ganada, pero su actitud empecinada de "no aumentar impuestos a los que más tienen" hace matemáticamente imposible la inversión en infraestructuras, el mantenimiento de la Sanidad y la Educación universales y gratuitas, y los demás servicios públicos. Es así de sencillo. Lo vemos en las muchas comunidades regidas por el Partido Popular, que ya han renunciado al impuesto de sucesiones y al impuesto del patrimonio. Ello contrasta, por cierto, con la mayor apertura a la imposición sobre la riqueza de los Gobiernos de Francia e Italia.
El rechazo de la derecha española a todo lo que huela a imposición progresiva sobre el capital, o la banca, o a cambios en el impuesto de sociedades (plagado de exenciones y deducciones que permiten su escandalosa evasión), esa postura del partido de Rajoy, digo, convierte en inviable no solo nuestro Estado social sino, además, el cumplimiento de los compromisos de reducción del déficit y consolidación fiscal (4,4 % de déficit para 2010 y 3 % para 2013) que España tiene contraídos con la Unión Europea.
Recientemente, un lúcido artículo de Bruce Bartlett (Financial Times, 26 de septiembre de 2011) ponía de relieve la enorme injusticia de los últimos 25 años de política fiscal conservadora en Estados Unidos -y en general en el mundo occidental- que han bajado los tipos máximos y privilegiado las rentas del capital, entregando a los más ricos cantidades espectaculares de dinero, supuestamente para que lo invirtieran, algo que no hicieron. Destruyeron así esa absurda teoría que justifica no gravar a los ricos para que así inviertan. Como si los no ricos no supieran gastar bien sus ingresos.
Según dice Bartlett, el aumento de los impuestos a las mayores rentas es el único medio de asegurar que el coste de la reducción del déficit se distribuya entre todos los sectores sociales. Es absolutamente irreal un descenso del déficit sin mayores ingresos fiscales, que lógicamente tienen que salir de las fortunas que la derecha se empeña en proteger.
En Europa se abre, pues, un periodo crucial en política económica (lo he llamado "tercera fase"), que deberá estar presidido por un contundente giro fiscal hacia los impuestos progresivos. Son el instrumento más poderoso que tenemos para el crecimiento que urgentemente necesitamos. Enfrentada a este cambio de paradigma fiscal, la derecha española lo tiene muy difícil para esconderse detrás del burladero de la indefinición y el secretismo de un programa que aboca a la ruptura con el Estado de bienestar.
Por Diego López Garrido, secretario de Estado para la Unión Europea.