Sin división de poderes no hay libertad política. Por eso los enemigos de la libertad son enemigos de la división de poderes. Por eso es dogma liberal la necesidad de que, como afirmó Montesquieu y, tras él, los padres fundadores de los Estados Unidos de América, el poder frene y limite al poder. Un poder único y absoluto destruye la libertad.
El auto del Tribunal de Justicia de Madrid dictado ayer ha establecido que la decisión del Gobierno de imponer a la Comunidad de Madrid una serie de medidas restrictivas de la libertad de movimientos de sus ciudadanos por motivos de salud pública, y acatada por la comunidad, es contraria a Derecho. El Tribunal deniega la ratificación de las medidas acordadas por la Consejería de Sanidad de Madrid en ejecución de la orden dictada por el Ministerio de Sanidad. El Gobierno ha cometido, según el Tribunal, una ilegalidad. Nadie responderá de ella. Tampoco el ministro de Sanidad. El Estado de Derecho y el imperio de la ley son sólo molestias para quienes aspiran al poder absoluto.
Son varios los motivos que aducen los magistrados, unánimemente por cierto, para adoptar esta resolución. La principal es que una orden ministerial no puede limitar el ejercicio de derechos fundamentales reconocidos y garantizados por la Constitución. La administración que impuso las medidas no era competente para hacerlo, carecía de cobertura legal y no respetó los criterios de justificación, idoneidad y proporcionalidad. Debe quedar claro que el Tribunal no se pronuncia sobre la oportunidad o conveniencia de las medidas adoptadas, sino que sólo declara que la limitación del ejercicio de derechos fundamentales, como en este caso la libertad de desplazamiento y circulación de las personas, sólo puede realizarse mediante una disposición con rango de ley. La sentencia del Tribunal Constitucional 169/2001, de 16 de julio, y otras, declaran que la previsión legal de una medida limitativa del ejercicio de derechos fundamentales es condición de su legitimidad constitucional. En definitiva, que sólo una medida con rango de ley puede limitar el ejercicio de derechos fundamentales. Nunca una orden ministerial que, por cierto, ni siquiera firmó el ministro. La ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 tampoco contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales. Además, el auto afirma que resulta llamativo que no se abordara una reforma de nuestro marco normativo ante la gravedad de la pandemia. De pasada, una crítica demoledora.
El Gobierno ha recibido un varapalo judicial incontestable y merecido. Se diría que se cree omnipotente. Puede que algún día lo sea. Esperemos que no, porque la libertad y la democracia habrían muerto. Es un auto jurídicamente irreprochable.
Alexis de Tocqueville analiza como medios para evitar el despotismo en las democracias (lo que presupone que las democracias puede degenerar hacia el despotismo) la proliferación de asociaciones, las instituciones municipales, la ilustración de los ciudadanos, la libertad de prensa, el poder judicial y los derechos individuales. Hoy hay que reivindicar especialmente la idea de los derechos y el poder judicial. No hay libertad sin respeto a los derechos individuales. Y la existencia de estos no depende del arbitrio de los gobiernos. Es un error fatal creer que en las democracias los derechos se encuentran sin más garantizados. La soberanía popular favorece la concentración del poder y el riesgo de la disminución de la libertad. Por eso en las democracias hay que extremar la defensa de la idea de los derechos y de su grandeza y de la «majestad de las leyes». Un poder judicial independiente es uno de los mejores frenos al despotismo del poder. Ayer, una vez más, lo hemos comprobado. Un Tribunal anula una decisión de un Gobierno que se cree todopoderoso.
En tiempos tan duros para la democracia y las libertades, el auto publicado ayer es un argumento para la esperanza. Pero tampoco debemos hacernos vanas ilusiones. El Gobierno tiene medios para imponer su criterio y puede considerar que se trata sólo de una cuestión de formas. Pero acaso ignore que la democracia y la libertad dependen de una sutil cuestión de formas. En cualquier caso, la derrota judicial del Gobierno nos consuela y nos recuerda que la mayoría no lo puede todo. La supervivencia de nuestras libertades depende de nosotros mismos. La libertad no es algo que nos conceden sino algo que uno se toma. Pero aparte de la resolución de quienes amamos la libertad, nuestras libertades dependen hoy especialmente del Rey, de los jueces (no todos) y de los medios de comunicación (pocos). Lo demás es servidumbre. Por eso son los objetivos de quienes aspiran a destruir la libertad. El Frente popular separatista ataca al Rey, a los jueces no adictos y a la prensa independiente.
El Estado de las Autonomías puede que sea uno de los mayores errores de la Transición si no acaso el peor. No arregló lo que debía arreglar y creó nuevos problemas. Sin embargo, también ha tenido alguna ventaja. Dificulta el buen orden del gobierno, destruye la igualdad legal, fomenta el particularismo y el secesionismo, pero favorece la libertad al limitar el poder central. Madrid es un buen ejemplo. Por eso es la capital botín deseado de la izquierda radical.
El auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, publicado ayer, es una prueba de que aún el poder judicial frena y limita al poder ejecutivo. Al menos, en los casos de abuso más patente. Limitar el ejercicio de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución mediante una orden ministerial es algo que sólo se le puede ocurrir a quien carece del más mínimo sentido jurídico y piensa que el Derecho consiste en la pura decisión arbitraria del Gobierno. Pero hace siglos que sabemos que el Derecho no consiste en la voluntad del poderoso, y que la civilización y la libertad dependen de que el poder no sea omnipotente.
Ignacio Sánchez Cámara es catedrático de Filosofía de la Universidad Rey Juan Carlos.