El Gobierno de Afganistán

Estados Unidos y sus aliados afganos y de la OTAN han demostrado un progreso inequívoco en Afganistán este año. La actual campaña en Marja, el arresto del mulá Abdul Ghani Baradar y dos “gobernadores en la sombra” talibanes en Pakistán y el reciente ataque con aviones teledirigidos que tuvo como víctimas a altos líderes de la red Haqqani afiliada a Al Qaeda son todos pasos claros en la dirección correcta.

Sin embargo, no importa qué más progresos se hagan, EE. UU. y sus aliados no pueden triunfar en Afganistán a menos que lo haga el Gobierno afgano, y ese Gobierno está avanzando en la dirección equivocada. A menos que esto cambie, todos los otros esfuerzos serán en vano y los niveles actuales de compromiso internacional en Afganistán se volverán injustificables.

El presidente Obama definió los objetivos de EE. UU. en Afganistán: negarle a Al Qaeda refugio, revertir el ímpetu de los talibanes y ayudar a las fuerzas de seguridad y al Gobierno del país a “asumir la responsabilidad principal en el futuro de Afganistán”.

Con este objetivo, Obama lanzó un “incremento” militar de 18 meses con el respaldo de otros países de la OTAN, tras lo cual vendría el comienzo de la retirada. Para alcanzar estos objetivos en tan corto plazo, la OTAN y sus socios afganos deben superar tres obstáculos gigantescos.

Primero, deben combatir con mucho más éxito contra los talibanes en aras de crear espacio para la reconstrucción y una posible negociación. Segundo, deben convencer a Pakistán de empezar a oponerse activamente a los talibanes afganos y negarles el refugio y el respaldo que actualmente reciben. Tercero, deben respaldar el surgimiento de un gobierno afgano legítimo al que los ciudadanos no consideren, como sucede con el actual Gobierno, corrupto e ineficaz.

Las actuales señales preliminares de progreso militar y en las relaciones de Pakistán con los talibanes afganos no servirán de nada si el Gobierno afgano no puede establecer su legitimidad internamente. Los esfuerzos recientes por parte del presidente Karzai por limitar su responsabilidad pública muestran que el Gobierno en su forma actual carece o bien de la capacidad o bien de la voluntad de hacerlo.

Durante por lo menos un año antes de las elecciones de agosto del 2009, funcionarios de la OTAN admitieron que el fastidio de los afganos con la corrupción generalizada de su Gobierno figuraba entre las herramientas de reclutamiento más efectivas de los talibanes. El argumento era que las elecciones darían a los líderes de Afganistán un mandato claro para la reforma. Las elecciones profundamente desacreditadas acabaron con esas esperanzas.

El defecto original de las elecciones del 2009 fue estructural. No existía ninguna lista de votantes, así que resultaba prácticamente imposible impedir que se manipularan las urnas. El organismo encargado de realizar la votación, la Comisión Electoral Independiente, estaba dirigido por comisionados asignados por un candidato, Hamid Karzai, y por lo tanto eran parciales a él. Una institución, la Comisión Electoral de Quejas (ECC por su sigla en inglés) – un organismo híbrido de supervisión internacional y afgana-conservó su credibilidad durante todo el proceso. Sólo la presencia de la ECC, en especial sus comisionados internacionales, impidió que la polémica electoral se convirtiera en un conflicto con todas las letras.

Tras la elección, muchos esperaban que Karzai reconociera la necesidad de construir un gobierno que rindiera cuentas de sus actos, en aras de ayudar a asegurar no sólo el futuro de Afganistán, sino el futuro del respaldo militar y financiero internacional. En un discurso en Londres el pasado enero, Karzai prometió progresos en la lucha anticorrupción y promover la responsabilidad gubernamental. Sin embargo, parece estar sucediendo todo lo contrario.

Desde ese discurso, Karzai se opuso férreamente a los esfuerzos por combatir la corrupción oficial, intentó nombrar jefes de milicias en su gabinete, fracasó a la hora de promover la sociedad civil y debilitó los procesos destinados a aumentar la representación de las mujeres en el Parlamento. Emitió un decreto el 13 de febrero que le permite nombrar a todos los miembros de la ECC, una medida claramente destinada a debilitar las perspectivas de los movimientos opositores en las futuras elecciones.

La OTAN y la comunidad internacional deben hacer todo lo posible para fomentar un gobierno responsable en Afganistán. Si bien el Gabinete afgano no necesita estar plenamente centralizado, el país no puede salir adelante si el gobierno central fracasa. Por esta razón, a menos que el Gobierno de Karzai cambie su curso, no existe ninguna justificación para que los países de la OTAN arriesguen la vida de sus soldados y comprometan otros recursos valiosos en la lucha en Afganistán si la corrupción y la carencia de legitimidad del Gobierno afgano hacen que el progreso actual sea insostenible y el logro de los objetivos de la OTAN, imposible. Karzai es libre de dirigir su país como le plazca, pero EE. UU. y sus aliados no pueden y no deben mantener los actuales niveles de compromiso a menos que su Gobierno pueda consolidarse como un socio viable. El reloj de los dieciocho meses ya está en marcha.

Jamie F. Metzl, ex miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Clinton y supervisor electoral en las elecciones afganas de agosto del 2009.