Arrecia el discurso, por llamarlo de modo piadoso, según el cual todo cuanto haga el Gobierno legítimo de España de aquí a las próximas elecciones generales es mero electoralismo, mercadeo persa, chalaneo, venta de España en interés propio. Emerge así el último mal de la patria: resulta que, a seis meses de unas elecciones generales, un Gobierno lo mejor que puede hacer es irse, disolverse, no actuar, no hacer nada; en definitiva, no gobernar. Semejante estupidez no se ha dicho tan claramente, pero se ha entredicho, sugerido, dejado entender y, lo que es peor, pensado por sectores representativos del Partido Popular, los que dan por concluida la legislatura desde hace ya, al menos, un año.
Se entiende el afán, las prisas de Rajoy por concurrir a unas elecciones cuanto menos complejas para él. Ahora Rajoy anuncia moderación -bienvenida sea- y pactos de Estado con el Partido Socialista en el caso de que el PP sea Gobierno. Magnífico, pero, claro, eso supondría dos cosas: la primera, que el actual PP ganara las elecciones; la segunda, que la supuesta oposición del Partido Socialista no se pareciera en nada a la que ha realizado el PP del señor Rajoy en esta legislatura. Ya saben: España se rompe, el Gobierno se lanza en brazos de ETA, Navarra se diluye, la patria es un salón de baile, y el último que apague la luz.
Lo último del PP es esto: los presupuestos para el año 2008 no son tales, sino mero simulacro de compraventa de voluntades políticas con el dinero de todos los españoles. Es decir, lo mejor que podría haber hecho el legítimo Gobierno de España es no presentar ya ningún presupuesto. Ningún nuevo proyecto de ley, ninguna nueva medida social, ningún debate sobre el superávit del Estado, ninguna iniciativa parlamentaria. Consiguientemente, se podría exigir a la vez, por qué no, que se cierren las Cámaras hasta la convocatoria de las elecciones y después, pues, eso, ya veremos.
Si esto ocurriera en Francia, Inglaterra, Alemania o Italia, nadie lo entendería. En realidad, en ninguno de esos países nadie hubiera osado plantearlo, ni abierta ni veladamente, porque nuestros socios en la Unión Europea y sus ciudadanías hacen justamente lo contrario. Lo lógico, lo que hay que hacer en democracia y lo que hay que exigirle al Gobierno desde la oposición mayoritaria es que gobierne hasta el último minuto de la legislatura y, por supuesto, que apruebe unos buenos presupuestos para el año próximo, por muy compleja que pueda ser su negociación parlamentaria. Esto es lo razonable y lo mejor para España: tener aprobados unos presupuestos solventes, antes que una prórroga de los actuales; que se tramiten hasta el último minuto de la legislatura todo tipo de iniciativas parlamentarias, y no sólo por parte del grupo del Gobierno, sino de todos y cada uno de los restantes grupos de la Cámara; que continúe la actividad normal de los representantes de la ciudadanía hasta que el presidente del Gobierno firme el decreto de disolución de las Cámaras y convoque elecciones generales.
Pero, claro, estamos en España, y nuestros viciados y escasamente democráticos hábitos hacen el resto. ¿Para qué queremos que siga gobernando el Gobierno legítimo de España si lo que deseamos es que se vaya cuanto antes? Éste es el "sólido razonamiento" que subyace en semejante campaña de desprestigio de la acción del Ejecutivo cuando a ésta se la tacha, por el simple hecho de existir, de electoralista.
Al ser todo electoralista, y por lo tanto prescindible, anticipemos ya las elecciones y dejémonos de literatura legislativa. Será por tan absurdo argumento por lo que se pretende rebajar la tensión de las Cámaras, aunque no la desmesura en las variopintas acusaciones a cuantas acciones realice el Gobierno.
Y no es que las acciones del Gobierno no sean criticables por la oposición parlamentaria, faltaría más; lo enfermizo es que sean rechazadas únicamente porque se presentan en tiempo preelectoral. El PP, de hecho, ni tan siquiera ha sido capaz de felicitar al ministro del Interior, el señor Rubalcaba, y con él a todo el Gobierno por el continuo y eficaz éxito policial en la lucha contra ETA. Y esto en unos momentos extremadamente delicados, cuando la banda terrorista dio por finalizada la tregua y expuso, de nuevo, a todos los españoles a su barbarie.
Estoy convencido de que, por el contrario, los ciudadanos españoles esperan, con razón, que su Gobierno gobierne y actúe hasta el último minuto de la legislatura; que los grupos parlamentarios sigan funcionando y presentando cuantas iniciativas estimen oportunas, incluido el grupo que sustenta al Gobierno, y colaborando todos en extender más y mejor un clima de civismo y respeto democrático al que los españoles tienen derecho.
El debate sobre el superávit es un debate europeo y americano importante. Debería producirse en España con rigor y no con descalificaciones chuscas. ¿Cómo lo invertimos, a qué lo destinamos? ¿Puede emplearse, aunque sea parcialmente, en políticas sociales? ¿Podemos mejorar el Estado de bienestar cuando la economía funciona razonablemente bien? Ésta es hoy una cuestión política de primera magnitud y el debate presupuestario debería abordarla desde la sensatez, la cordura, la mesura, la inteligencia y la elegancia parlamentarias.
Desgraciadamente, no parece que las cosas se planteen así por parte del principal partido de la oposición, que nada entre la teoría de la catástrofe y la demagogia del milagro. Todo con tal de evitar debatir económica, presupuestaria y políticamente con altura y seriedad las cuentas públicas del último presupuesto de la octava legislatura de la democracia. Los españoles lo saben, y es seguro que lo valorarán en su momento. Pero de momento, aquí no hay Gobierno interino ni Cámaras en desuso.
Joaquín Calomarde, diputado al Congreso por Valencia, adscrito al Grupo Mixto.