El gobierno de la humanidad

El efecto más importante de la globalización, en verdad su quintaesencia, es el hecho de haber convertido la humanidad en una auténtica comunidad política, con unos intereses compartidos y un bien común universal. Hasta hace poco, la humanidad existía como idea antropológica, abstracción metafísica, especie biológica, unidad moral, concepto religioso o conjunto demográfico, pero no como comunidad política propiamente dicha. Esta nueva realidad histórica tiene, en mi opinión, un alcance y unas consecuencias jurídicas que apenas podemos vislumbrar por el momento.

La humanidad como comunidad no ha sido fruto de un pacto social premeditado sino de un hecho social incuestionable. Se trata por tanto de una comunidad que los juristas romanos llamarían incidental, nacida sin acuerdo previo, pero no por ello menos comunidad, ni menos llamada a desarrollarse como tal. Lo incidental está plenamente incorporado al ser humano.

Las mujeres y hombres que poblamos el planeta somos muy conscientes de que nuestra opinión cuenta en muy pocas ocasiones; de ahí que la democracia, sistema garante de este mínimo decisorio que nos hace sentirnos libres, haya de ser firmemente custodiada. Nacemos en el seno de una familia sin previa consulta, en un lugar no elegido, en una época quizás no deseada y en unas condiciones no pactadas. Tampoco sabemos con certeza cuándo nos llegará la muerte. Por lo demás, quitarse la vida es quitarse la libertad.

La humanidad como comunidad incidental naciente resulta completamente natural y así ha de ser reconocida. No aceptarlo sería oponerse a la fuerza de los hechos y al dictado de la razón. Toda comunidad establecida necesita de un Derecho, de unas reglas de juego garantes de justicia y paz. Se trata de una emanación del principio más elemental de justicia: ubi societas ibi ius. Una comunidad política sin justicia, sin Derecho, se descompone, se esclerotiza, se embrutece; en definitiva, se autoaniquila. Por el contrario, una sociedad ordenada jurídicamente se desarrolla y multiplica como todo cuerpo sano. Da fruto y cuaja en civilización.

Aquí radica precisamente la justificación de un Derecho global, es decir, de un Derecho común de la humanidad que, respetando exquisitamente el pluralismo político y la diversidad cultural y sin ninguna pretensión de uniformación, ordene conforme a justicia esta nueva comunidad, compleja e interdependiente, formada por todos los vivientes humanos. La principal diferencia entre el Derecho internacional y el nuevo Derecho global es que aquel se apoya en la soberanía de los estados en tanto este se fundamenta en la dignidad de la persona. No se trata, por tanto, de un capricho intelectual o una idea más o menos brillante, sino de una exigencia jurídica insoslayable desde que la humanidad se ha constituido en comunidad política.

Cualquier sociedad es controlable, susceptible de ser dominada por el imperio del poder o la fuerza de las armas. La comunidad humana globalizada lo es ahora también, con el agravante de que, a diferencia de otras comunidades menores, la humanidad es única e incluyente. No caben dos humanidades, como sí, en cambio, dos, 20 o 200 Estados. El problema de concentración de poder a escala global es más acuciante que el originado en los niveles inferiores. Mi maestro Álvaro d’Ors solía decir que la ventaja de la existencia de una gran diversidad de sociedades políticas era la posibilidad de elegir en cuál de ellas vivir, así como de poderla abandonar libremente llegado el caso.

El Derecho global, en este sentido, viene a resolver el problema de la excesiva concentración de poder mundial, en definitiva, del dominio de la humanidad por fuerzas espurias y criptocráticas, muy capaces, aunque parezca ciencia ficción, de gobernar el planeta como si de un cortijo andaluz o un rancho tejano se tratara. El nuevo derecho global, al ordenar la comunidad humana jurídicamente, la defiende del imperialismo totalitario, de la uniformación política o de una suerte de superestado mundial que transforme la humanidad en un gran Behemoth, sólo limitado por el principio de territorialidad.

Me gusta comparar la función de este principio, siempre secundaria, con la del freno de mano en los coches: proporciona seguridad, sí, pero impide avanzar, que es, precisamente, la causa final de todo vehículo. Una sociedad es verdaderamente posmoderna cuando aplica el principio de territorialidad como medio y no como fin, y considera el territorio en función de la persona y no la persona en función del territorio. En esta cuestión, el actual Derecho internacional hace aguas por todas partes. Y el nacionalismo radical, también.

La humanidad requiere un estatus propio, incluso conceptual, distinto de cualquier otro, conforme a su peculiar singularidad. Y una forma de gobierno única, que bien puede denominarse antroparquía. Hablo de antroparquía y no de antropocracia porque se trata de un sistema de gobierno basado más en la legitimidad (-arquía) que en la mera legalidad (-cracia). El establecimiento de la antroparquía requerirá una revisión a fondo de las instituciones internacionales con el fin de adaptarlas a los criterios de democratización, solidaridad y subsidiariedad, y permitirá diseñar otras muchas instituciones globales de nueva factura. El primer paso importante hacia la antroparquía consiste en la transformación de la ONU en una institución libre de ataduras hegemónicas, que bien podría denominarse Humanidad Unida.

El corazón de Humanidad Unida sería su Parlamento Global. La única competencia de este parlamento -no necesariamente localizado en los Estados Unidos de América, y compuesto, no sólo por estados, sino por una constelación de instituciones globales- estribaría en determinar qué materias y en qué medida habrían de ser reguladas por el Derecho global, gozando así de una suerte de reserva de globalidad. La regla de reconocimiento de este nuevo ordenamiento, si seguimos la terminología acuñada por Hart, sería tan sencilla como sublime, por haber inspirado todos los sistemas democráticos: lo que afecta a todos, debe ser aprobado por todos (quod omnes tangit ab omnibus approbetur).

El calentamiento global, la erradicación de la pobreza en el mundo, la concentración de armamento nuclear, la lucha contra el terrorismo internacional, la reparación de los daños causados por desastres naturales, etcétera, son materias que nos afectan a todos los humanos y que bien podrían quedar sometidas al dominio jurídico global. Cada una de ellas, una vez declarada la reserva de globalidad por el Parlamento Global, sería competencialmente desarrollada por una institución global concreta. De esta manera, el gobierno del mundo generaría un poder político disperso, funcional, basado en instituciones globales interdependientes informadas por los principios de justicia, universalidad, solidaridad y subsidiariedad.

Es posible que lectores avisados sostengan que la antroparquía se encuentra, por el momento, más próxima al mundo de la utopía que a la esfera de la realidad. Pienso que no. La velocidad de vértigo de nuestra sociedad hace que muchas ideas puedan materializarse en muy pocos años. Baste el ejemplo patente de la Unión Europea, bella aspiración de un puñado de hombres de la pasada centuria con un corazón rebosante de perdón e ilusiones. Algo parecido ha sucedido con el inglés. Hace 20 años, la apuesta global por este idioma no estaba clara; menos todavía en Europa, cuna de lenguas maravillosas. Hoy, sin embargo, como si de un fenómeno natural se tratase, nadie cuestiona la lengua de Shakespeare como idioma de la globalización, como nueva lingua franca, del todo compatible con el uso y fomento de las restantes lenguas del planeta.

Pongamos, pues, los cimientos de esta nueva forma de gobierno de la humanidad, desarrollando el Derecho global y, con él, las enormes ventajas de una convivencia autónoma pero interdependiente. Seamos firmes defensores de la democratización de las instituciones globales y apostemos por una imprescindible regeneración de la ONU. Fomentemos, por fin, una cultura de solidaridad cosmopolita que acabe convirtiendo en realidad este sueño dorado de paz perpetua y hermandad mundial.

Rafael Domingo Oslé, catedrático de la Universidad de Navarra y presidente de Maiestas.