El gobierno de la I+D+i

Una de las acepciones del término “gobernar” en el diccionario de la RAE es “obedecer al timón” y es que el gobierno, de un país o una institución, tiene mucho que ver con la navegación. Pero algunas embarcaciones, como las lanchas fueraborda, responden muy rápidamente a cambios en el timón, mientras otras responden muy lentamente, como los cargueros supercontenedores.

Un supercontenedor de más de 200 metros de eslora cargado tiene tanta inercia que navega unos 13 kilómetros hasta alcanzar la velocidad de crucero y necesita otros tantos para detenerse. Cuando el capitán decide cambiar el rumbo necesita anticipar e iniciar la maniobra varios kilómetros antes de tomar el rumbo que desea. Por eso las maniobras de un supercontenedor se planifican y se ejecutan con mucha antelación y solo se baja palanca para gestionar riesgos o arribar a puerto. En las últimas cuatro legislaturas nuestros gobernantes han gobernado la I+D como si fuese una lancha motora de paseo, sin darse cuenta de que la ciencia es un carguero supercontenedor cuyo gobierno requiere de conocimientos de navegación apropiados.

¿Porqué se comporta la ciencia como un supercontenedor y no como una lancha fueraborda? La respuesta está en el largo período necesario para la formación de investigadores y para que una idea se convierta en una realidad con suficiente capacidad transformadora como para introducir innovaciones y oportunidades de desarrollo económico o social.

La formación de un investigador desde el inicio de una tesis de doctorado hasta su asimilación como investigador independiente requiere de al menos 10 años en un sistema de I+D “saludable”. Las oscilaciones en el acceso de jóvenes estudiantes al doctorado repercute sobre los recursos humanos de I+D una década más tarde.

El desarrollo desde que surge una idea hasta que se logran resultados y aplicaciones concretos requiere de al menos una década. Formular una idea capaz de perforar y ampliar las fronteras del conocimiento establecido puede llevar varios años. Una vez esta idea se concreta en propuestas de investigación es necesario dedicar dos o más años a conseguir la financiación para desarrollarlas, lo que llevará otros tres o cuatro años, y frecuentemente será necesario encadenar un par de proyectos para completar la investigación. La aceptación de estos resultados por la comunidad científica a través de su publicación en revistas científicas exigentes requiere de dos a cinco, o más, años. De hecho, ver una idea rompedora aceptada suele ser más exigente en tiempo y esfuerzo que una que solo matiza un paradigma ya existente. El tiempo de maduración de las ideas, desde la siembra a la cosecha, excede una década.

Los ciclos políticos, marcados por la duración de las legislaturas, son completamente inapropiados como marco de referencia para gestionar la política de recursos humanos y financiación de la I+D+i. No por muy repetido es menos necesario insistir en que la ciencia se debe gestionar desde estructuras independientes del poder político, que rindan cuentas a los representantes electos, desarrollando políticas con horizontes de continuidad de décadas, y un gobierno, en el sentido marinero, de la I+D+i suave, con cambios de rumbo y velocidad graduales, con la vista puesta en el horizonte, no en la proa.

Tan perjudicial es una fuerte aceleración como un frenazo en seco. La aceleración de la inversión en I+D en la primera legislatura de Zapatero creó enormes expectativas, pero también grandes ineficiencias: proliferaron infraestructuras “singulares”, muchas veces innecesarias u otorgadas por criterios puramente políticos o de “café para todos” sin evaluación independiente. Hablando de barcos... se dio una proliferación excesiva de buques oceanográficos en distintos departamentos de la administración —aún en 2012 España botaba un nuevo buque oceanográfico tras haber botado otro el año anterior— cuando las necesidades reales se podrían haber atendido con una flota menor pero mejor coordinada. Pero no se trata solo de barcos, sino de la proliferación como setas de “el mejor centro de biomedicina de Europa”, uno en cada capital de provincia, que también se ha demostrado insostenible. Estas infraestructuras (edificios, buques, bases polares, etcétera) suponen una carga que ha demostrado ser insostenible para nuestro débil sistema de I+D. Es la extensión del ladrillazo a las políticas de I+D.

La proliferación de plazas de investigadores durante los años de bonanza llevó a una caída de los niveles de exigencia hasta niveles mínimos. La congelación de los puestos de trabajo por tercer año consecutivo en 2013 supone que ni siquiera los mejor preparados tienen oportunidad alguna. Vemos marchar a los "Mesi" de la ciencia por no poderles ofrecer un sueldo equivalente a lo que Mesi gana en unas horas. Esto es injusto para los investigadores de calidad que han quedado actualmente sin opciones en España y genera un coste elevadísimo en mantener hasta su jubilación a investigadores que no contribuyen al desarrollo de la I+D al nivel exigible.

Impulsados por la abundancia, el movimiento de jóvenes investigadores “precarios” se empeñó en profesionalizar la formación científica. El resultado es que desde el año 2012 las becas de doctorado se reemplazaron por contratos con un coste que duplica al de las becas, a la vez que se daba una caída de más del 50% en la financiación para formación de doctores (de la administración central, comunidades autónomas, organismos de I+D y sector privado). Esto ha llevado a una caída sin evaluar, pero posiblemente en torno al 70%, en el número de doctores que han iniciado su formación en 2012. En Australia, desde donde escribo, uno de los países con un mercado laboral más dinámico y mayor inversión en I+D (>3% del PIB) del mundo, los estudiantes de doctorado tienen becas; son estudiantes, no trabajadores y no se sienten “precarios” por ello.

La profesionalización egoísta, por el colectivo que la reivindicaba, y miope, por no haber pensado en sus consecuencias, del doctorado es en buena parte responsable de que los jóvenes que ahora acaban la universidad no puedan iniciar una carrera investigadora, si es que les quedan ánimos.

Las consecuencias del colapso de la inversión pública en I+D en los últimos dos años, casi un 40% en términos reales, no se notará hoy ni mañana, sino a partir de 5 a 10 años, pues de nuevo en términos marineros seguimos avanzando con la “arrancada” (impulso) de los últimos años. Entonces veremos una caída apabullante en nuestra posición internacional que nos llevará mucho más atrás de donde partimos al arrancar la primera Ley de la Ciencia, pues entre tanto decenas de países como China, India, Singapur, Brasil, Chile y Malasia, entre otros, nos habrán sobrepasado.

El sistema de I+D se debe gestionar con crecimientos y objetivos estratégicos mantenidos en horizontes de tiempo de décadas. Es necesario crear un sistema que permita ahorrar recursos durante los años positivos del ciclo —en vez de dilapidarlos— de modo que el crecimiento y las trayectorias se puedan mantener durante los años de vacas flacas. El modelo más inmediato habría sido el Fondo Nacional de Pensiones. Lamentablemente, el Gobierno ya ha empezado a meter mano en esa hucha, que debiera usarse solo para garantizar las pensiones en el futuro. Las verdaderas reformas requerirían crear estas estructuras y mecanismos para el buen gobierno de la I+D, pero el Gobierno llama reformas a lo que es solamente destrucción.

Hacer arribar el buque de la I+D a buen puerto requiere de un buen gobernante y un buen gobierno que entienda que las maniobras de aceleración y desaceleración han de ser suaves y que entre la acción y la respuesta hay una separación de más de 10 años. Lamentablemente la irresponsabilidad de nuestros gobernantes nos va a llevar a una larga, muy larga, y penosa travesía del desierto, aunque en términos marineros el riesgo es de naufragio.

Carlos M. Duarte es profesor de investigación del CSIC.

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