Al gobierno del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, le quedan menos de tres meses en el poder y se nota.
Durante la última semana de febrero estallaron simultáneamente varios motines en las principales cárceles del país. Este hecho sin precedentes en Ecuador dejó 79 muertos, todos prisioneros, según la información oficial. Imágenes de extrema violencia circularon en redes sociales y chats. Volantes con amenazas hechas por supuestos cárteles de la droga fueron dejados en instalaciones del medio de comunicación TC Televisión, en Quito.
El presidente Moreno, un mandatario que ha evitado el escrutinio de la prensa, ha hecho pocas apariciones ante medios durante su mandato y ha optado por delegar en figuras políticas de su gabinete el careo frente a los ciudadanos de las decisiones más difíciles, se vio obligado a aparecer. En un mensaje difundido en cadena nacional la noche siguiente de los motines, dijo que “la lucha frontal de este gobierno frente el delito” ha tenido como consecuencia que aumente la población carcelaria y reconoció que se ha disparado el hacinamiento y la situación se ha vuelto “insostenible”.
Lo que ocurre en las cárceles demuestra un abandono por parte del Estado ante una realidad que es evidente: el sistema está colapsado y el gobierno no ha tomado decisiones para resolverlo. Que la pandemia vino a trastocar las urgencias, podrían decir algunos. Sin embargo, antes de la pandemia hubo dos años y medio de período gubernamental para plantear soluciones. Ahora, a 12 semanas de entregar el mando presidencial, el gobierno, ya de salida, se limita a intentar contener las crisis más que tomar decisiones.
Eso se refleja también en la apresurada renuncia del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, el pasado 26 de febrero. A Zevallos, quien estuvo al frente de la mayor parte de la crisis sanitaria, encargado de crear un plan de vacunación contra el COVID-19, adquirir las vacunas y distribuirlas de forma transparente, le quedaron grandes las tareas. Con enorme parafernalia, el gobierno anunció la llegada de 8,000 dosis en enero, para una población de 16 millones de personas. En el plan piloto inicial, se había anunciado la llegada de 86,000 dosis, sin embargo apenas ha llegado poco más de 40,000: una primera entrega de 8,000, una segunda de un poco más de 16,000 y una tercera de 17,500. Eso está muy lejos de las 18 millones de vacunas que ofreció el gobierno de Moreno.
Pocos días después de la llegada de las primeras dosis, saltó el primer escándalo: empezaron a saltarse la fila de vacunación y entre los primeros inmunizados estuvo la madre y otros familiares del ministro de Salud. A estos cuestionamientos —ante los cuales el presidente Moreno, manteniendo la tónica de su gobierno, guardó silencio— se sumaron las denuncias de que no solamente hacía falta la vacuna contra el COVID-19 sino también una serie de vacunas infantiles, entre ellas la pentavalente, imprescindible para los primeros meses de vida de los niños. Tampoco sobre esto se pronunció el presidente Moreno, a pesar de que la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría advertía que, de no resolverse la falta de vacunas, los brotes de enfermedades como difteria, tétanos, tos ferina, entre otras, podrían provocar una situación incluso más grave que la provocada por el coronavirus.
Mientras tanto, en su cuenta de Twitter, el presidente se pronuncia sobre asuntos menores como la rehabilitación de un estadio; el aniversario 192 de la Batalla de Tarqui; el Día de las Fuerzas Armadas e incluso sobre el ganador de un concurso televisado de cocina.
Ese parece ser el grado de impavidez del presidente de la República que no logra ver que, aunque su período esté por concluir, hay decisiones que no pueden esperar. En un contexto de pandemia, crisis carcelaria y angustia generalizada, el discurso presidencial —y las decisiones consiguientes— enmarcan un tipo de liderazgo que, en estos momentos, es imprescindible. Lo que el presidente hace, parece ser la estocada final a su ya mermada credibilidad pues, al parecer, como se sabe ya de salida, la indiferencia es su mejor carta: dejar que las cosas sucedan. Total, el 24 de mayo los problemas del país ya no serán los suyos.
María Sol Borja es periodista ecuatoriana y editora política en el sitio gk.city.