El gobierno de Trump obstaculiza el aborto de una joven centroamericana

Kayla Forshey, a la izquierda, en una protesta contra los comentarios de Donald Trump sobre las mujeres y el aborto, en marzo de 2016 Credit Mary Altaffer / Associated Press

A principios de septiembre, una chica de 17 años de América Central fue detenida mientras intentaba cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos. Después de que la llevaron a un refugio para menores no acompañados en el sur de Texas en espera de los trámites de inmigración, se enteró de que estaba embarazada. La chica, a quien se identifica como Jane Doe en los documentos de la corte, insistía en que quería abortar.

Debido a la ley de consentimiento parental de Texas, necesitaba ir a la corte para obtener el permiso de un juez, lo que hizo con ayuda de Jane’s Due Process, una organización legal sin fines de lucro que proporciona representantes para menores de edad embarazadas en Texas. La organización recaudó el dinero para realizar el procedimiento a partir de fondos locales a favor de la interrupción legal del embarazo. Estaba programada para el 28 de septiembre, cerca del término del primer trimestre del embarazo de la joven.

Y entonces el gobierno de Donald Trump se involucró en el asunto. Como recompensa para sus leales simpatizantes de la derecha religiosa, Trump ha otorgado nombramientos federales a varios activistas que se oponen al aborto. Estos han estado trabajando sin llamar mucho la atención para desmantelar el acceso a la atención médica reproductiva mientras Estados Unidos está distraído con los exabruptos pirotécnicos del presidente.

Durante casi un mes, algunos de estos funcionarios han realizado una cruzada para forzar a la joven, cuyo futuro en Estados Unidos es extremadamente incierto, a continuar su embarazo. El que las acciones de los oficiales hayan detenido el procedimiento que quería la joven nos muestra las consecuencias en el mundo real del desprecio radical de este gobierno por la autonomía femenina.

E. Scott Lloyd tenía poca experiencia profesional con refugiados cuando Trump lo puso a cargo de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR por su sigla en inglés), que es parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos, en marzo. Sin embargo, sí tenía una trayectoria de activismo en contra del aborto, y había escrito varios artículos que condenan los anticonceptivos y el control de la natalidad.

En la ORR, que administra los refugios que albergan a los menores no acompañados como Doe, se le dio a Lloyd autoridad sobre chicas embarazadas particularmente vulnerables. Los expertos calculan que cerca del 60 por ciento de las migrantes que cruzan hacia Estados Unidos vía México han sido violadas. Brigitte Amiri, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por su sigla en inglés) y la abogada principal en el caso de Doe, me dijo que usualmente hay entre varios cientos y mil menores embarazadas no acompañadas bajo custodia de Estados Unidos. La ORR encabezada por Lloyd ha prohibido a los refugios que ayuden a estas chicas a interrumpir su embarazo de manera legal, y en cambio ha ordenado que reciban “asesoría en opciones que afirmen la vida”.

Antes de su nombramiento, Lloyd dejó claro que cree que el gobierno tiene el derecho de ejercer el poder de veto sobre las decisiones reproductivas de las mujeres. En un artículo de The National Catholic Register de 2009, propuso que las mujeres que recibieran asistencia de planificación familiar renunciaran a la opción de interrumpir sus embarazos.

“Sugiero que el pueblo de Estados Unidos haga un trato con las mujeres: mientras estén usando los condones, las pastillas anticonceptivas o los parches que les proporcionamos con nuestro dinero, ustedes prometerán no practicarse un aborto si el método anticonceptivo falla, lo que sucede a menudo”, escribió. “Darán al bebé en adopción si no lo quieren. Podemos hacer esto exigiendo a las mujeres que firmen una garantía”.

En la ORR, Lloyd enseguida utilizó la oportunidad de ejercer su poder sobre las decisiones respecto del embarazo de las jóvenes. De acuerdo con una demanda interpuesta por la ACLU en nombre de la joven centroamericana, Lloyd “se puso en contacto personalmente con una o más menores migrantes no acompañadas que estaban embarazadas y buscaban abortar, y discutió con ellas su decisión de interrumpir su embarazo”.

Según la demanda, en un caso sucedido en marzo —justo antes de que Lloyd asumiera oficialmente su cargo en la ORR— la oficina intervino a la mitad del procedimiento de aborto medicado de una chica que ya había sido autorizado por un juez. La joven había tomado una dosis de mifepristona, la primera parte del esquema médico de aborto, que tenía que ser seguida a las 48 horas de una dosis de misoprostol.

Sin embargo, antes de poder tomar el segundo medicamento, el director en funciones de la ORR en ese entonces, Ken Tota, ordenó que la llevaran a una sala de urgencias para ver si podía mantenerse el embarazo (al final se le permitió concluir el procedimiento de aborto).

En el caso de Dane Joe, se informó al refugio donde estaba albergada la joven centroamericana que, a pesar de la autorización judicial que había recibido, el personal no debía cooperar con su aborto. El 23 de septiembre, según sus abogados, la llevaron a un centro de embarazo y crisis antiaborto, donde la forzaron a ver un ultrasonido. Uno de sus abogados me dijo que Lloyd hizo que el refugio llamara a la madre de la chica en su país natal para contarle sobre el aborto, a pesar de que ella había dicho que su madre había ejercido violencia física en su contra. En medio de todo esto, Rochelle Garza, la guardiana nombrada por la corte, me dijo que la chica seguía “firme en su decisión de dar fin al embarazo a pesar del abuso emocional por el que estaba pasando”.

A esto siguió una batalla legal. Mientras se peleaba, dijo Garza, la chica estuvo bajo vigilancia personal constante, y se le prohibió toda actividad física. Cuando llevaron a los residentes del refugio a una salida al parque, la obligaron a sentarse en una banca mientras los demás jugaban.

“La tienen de rehén”, dijo Amiri. “Este es el caso con más insensatez en el que he trabajado a lo largo de mi carrera”. La Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, que supervisa a la ORR, me envió una declaración acerca de asegurar “que nuestro país no se convierta en un santuario abierto para que las menores que crucen la frontera de manera ilegal se realicen abortos pagados por los contribuyentes”. Y no respondieron a preguntas específicas que les formulé.

El 18 de octubre, un juez federal emitió una orden de restricción temporal que solicita a la administración dejar de bloquear el aborto de la joven. Su procedimiento, ahora de segundo trimestre, se programó para el 20 de octubre. Sin embargo, el gobierno de Trump interpuso una apelación con éxito, tras lo cual se estableció que el Departamento de Salud debe encontrar alguien que resguarde a Jane Doe a más tardar el 31 de agosto; si lo hace y ella queda fuera del control del gobierno, podrá interrumpir su embarazo como lo desea. Pero no está claro cuándo será que la chica podrá lograr su deseo de abortar. El aborto en Texas es, por lo regular, ilegal después de las veinte semanas; su gestación ronda las quince semanas.

Amiri parece estar genuinamente impactada por la intransigencia gubernamental. “La enorme oposición al aborto de esta joven es simplemente asombrosa”, dijo. “Y continúan redoblando sus esfuerzos una y otra vez. A cada paso del camino, pienso que en algún momento la justicia prevalecerá y el gobierno federal comprenderá que el Estado de derecho prohíbe lo que están haciendo, pero solo siguen llevándolo al siguiente nivel”.

Cuando se trata de controlar el cuerpo de una mujer, el único límite del gobierno es hasta donde puedan salirse con la suya.

Michelle Goldberg became an Op-Ed columnist for The New York Times in 2017.

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