El gobierno electrónico: servicios públicos y participación ciudadana

En estos años asistimos a importantes cambios en los modos de relación en el mundo básicamente por dos elementos: la globalización y las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) han determinado cambios decisivos en las empresas, administraciones públicas y hogares.

La actual situación internacional ha de tender a la generalización del gobierno electrónico para que la ciudadanía pueda participar en procesos de toma de decisiones, favoreciendo la cohesión social, como señala la declaración del milenio de la ONU.  España debe esforzarse para dejar de perder posiciones en el contexto internacional y ocupar el papel de relevancia que ya alcanza en otros asuntos públicos.

La iniciativa europea i2010 y el plan de acción sobre gobierno electrónico proveen de pautas para la extensión de los servicios públicos electrónicos. El Gobierno de España ha aprobado un plan nacional de reformas, en el que se integra el Plan Avanza, que pretende alcanzar la media europea en los indicadores de la SI. Uno de sus objetivos concretos es extender la e-administración, poniendo en marcha el DNI electrónico y el registro electrónico. Además, desde las comunidades autónomas y las entidades locales se están desplegando diversos proyectos y actuaciones tendentes a promover la integración en la SI y el desarrollo del gobierno electrónico.

El gobierno electrónico en España se encuentra desigualmente desarrollado: algunos servicios son de enorme éxito y reconocimiento internacional, pero todavía muchas administraciones presentan un bajísimo grado de implantación. El mayor problema radica en la falta de participación e interés de los ciudadanos, asociada a la baja penetración de Internet entre los españoles y los problemas de formación y acceso a banda ancha en nuestro país. Para mejorar en administración electrónica, van a ser necesarias acciones decididas en, al menos,  los siguientes temas:

  • El Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas (CC AA) y las entidades locales (EE LL), debe asumir el liderazgo, a través del Plan Avanza, del desarrollode la administración electrónica, y sería deseable situar la responsabilidad sobre la SIy el gobierno electrónico en un nivel transversal, como la Presidencia o Vicepresidencia. Todos los ayuntamientos deberían estar presentes en Internet en 2007.
  • Hay que establecer un sistema de indicadores que permita tanto una comparación conlos indicadores europeos como el seguimiento de valores propios de interés en España a través de un observatorio público.
  • Hay que modificar la actual regulación y facilitar la creación de pequeñas redes inalámbricas públicas que compartan conectividad en áreas donde no existe oferta de banda ancha; y declarar el acceso a Internet en banda ancha como servicio universal.
  • Una unidad del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) debería dedicarse, encolaboración con las CC AA y las EE LL, a la simplificación administrativa. Se debe definir un conjunto de servicios e interconexiones públicas obligatorias. El MAP debe incrementar su centro de intermediación de servicios dentro del esquema nacional de interoperabilidad que es urgente aprobar.
  • Es necesario más presupuesto público en administración electrónica orientado a personal, inversiones, servicios, desarrollos, estudios e investigaciones.
  • Hay que facilitar la colaboración con el sector TIC español con nuevos modos de gestión y con el establecimiento de líneas de apoyo al desarrollo de soluciones de gobierno electrónico.
  • Todo el software de propiedad pública debe ser no consuntivo y estar accesible en un repositorio de titularidad pública con capacidad para ser copiado, estudiado, modificado y redistribuido bajo la licencia pública general de la Unión Europea (EUPL).
  • Hay que unificar el backofficey conectarlo a varios canales: presencial, telefonía, Internet, móvil, PDA, sistemas de autoservicio o TDT.
  • Es urgente aprobar la LAECAP sin que pierda su concepción actual y realizar una campaña de conocimiento de los derechos que otorga a los ciudadanos y el soporte jurídico que da al gobierno electrónico. Hay que modificar la ley electoral y dar paso al voto electrónico.
  • Es importante hacer una emisión generalizada del DNI electrónico en 2007, a la par que una distribución masiva de lectores. Se debería replantear la posibilidad de usar un pinbiométrico para facilitar la “usabilidad”.
  • Hay que fomentar el desarrollo de servicios de participación electrónica y software social (web 2.0) en las administraciones y desplegar experiencias e investigaciones tecnológicas y sociales relacionadas con el espacio público digital. Se debe otorgar la consideración de punto público de acceso a Internet a la cobertura wifi en espacios públicos.

Fernando Tricas Lamana, licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza. Especialista en TIC por la Universidad Politécnica de Madrid. Doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y premio de tesis doctoral de la Cátedra Telefónica. Miembro de los grupos de investigación GEOT (Grupo de Estudios de Ordenación del Territorio) y GSIC (Grupo Sociológico de Investigación Científica). Actualmente es director técnico de la unidad para la extensión de proyectos PISTA de la FEMP.

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