El Gobierno francés, auditado

Por Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra (EL PERIÓDICO, 10/01/08):

El inefable presidente francés no se detiene en su política de gestos hacia la galería política. El último, hasta el momento de redactar este artículo, ha sido su singular propuesta de remitir a la consultora privada Mars & Co. la función de evaluar a los 33 ministros y secretarios de Estado del Gobierno, en función de los resultados que sus ministros presenten de la gestión realizada. Nicolas Sarkozy institucionaliza la figura del ministro por objetivos de acuerdo con la fiscalización que del mismo haga una empresa privada que, como tal, nada tiene que ver con las instituciones de la V República, según consta en la Constitución de 1958.
Se dice que una de las lógicas a las que el presidente se siente especialmente apegado es a la de la popularidad de los ministros ante los medios de comunicación. Y que, por ello, los miembros del Gobierno han de presentar una cuenta de resultados de la que depende su continuidad en el Ejecutivo francés. Pero no ante el presidente ni ante el primer ministro, ni tampoco ante el Parlamento, sino ante un auditor privado. De acuerdo con ello, Sarkozy asume como propia una lógica en boga en determinados ámbitos del pensamiento político actual, según la cual todo lo que venga del mundo de la empresa privada es positivo y eficiente por la propia naturaleza de las cosas, frente a la rémora y la ineficiencia que significan las instituciones públicas. Incluso aquellas que por prescripción constitucional representan al pueblo francés, ya sean la Asamblea Nacional (Parlamento), el opaco primer ministro o --no se olvide-- él mismo, como presidente del Consejo de Ministros y responsable de su nombramiento, según establecen los artículos 8 y 9 de la Constitución francesa.
La --sin duda-- singularidad de la propuesta de Sarkozy se explica porque choca con el esquema institucional de la forma de gobierno democrática, que atribuye a las instituciones representativas la función de dirigir la po-
lítica del Gobierno y su control. Incluso, en un régimen político como el francés, un claro ejemplo de parlamentarismo racionalizado, donde el Parlamento tiene una posición secundaria respecto del Ejecutivo. Se trata de una colisión con la lógica institucional del Estado democrático porque, cuando menos, la propuesta de la auditoría privada introduce una vía paralela al funcionamiento de las instituciones republicanas, una vía protagonizada por una empresa privada que nada tiene que ver con la legitimidad democrática de la que, por el contrario, sí son depositarios el Ejecutivo y el Parlamento franceses.

EL PODER ejecutivo en Francia es dual. Esto es, se trata de un poder constitucional integrado por el presidente y el primer ministro. El jefe del Ejecutivo es el presidente, y el primer ministro lo será en tanto que goce, en primer lugar, de la confianza del presidente y después, de la Asamblea Nacional. Así es cuando, como ahora, ambos representan a la misma mayoría política. Las tornas cambian en situaciones de cohabitación política entre un presidente y un primer ministro pertenecientes a una mayoría distinta como fue el caso de François Mitterrand y Jacques Chirac, o de este mismo con el socialista Lionel Jospin.
Sarkozy es el responsable del nombramiento de sus ministros, a partir de la propuesta --más formal que real-- que le hizo el primer ministro François Fillon. Desde un punto de vista institucional, que no puede ser obviado salvo que se prescinda del Estado, ambos, el presidente y el primer ministro, son los encargados de verificar y evaluar la acción de los miembros del Gobierno. En especial, al presidente de la república, a quien, como responsable del Ejecutivo, le corresponde determinar y dirigir la política nacional, con el concurso del primer ministro, que, de acuerdo con el presidente, dirige la acción del Gobierno. El presidente y su primer ministro disponen de instrumentos muy consolidados en el esquema institucional del aparato administrativo del Estado francés para ejercer un control gubernamental sobre el rendimiento de los ministros del Gobierno.

ENTRE ESTOS instrumentos destacan con luz propia dos instancias de poder supraministerial ubicados tanto en el palacio del Elíseo (presidencia de la república) como en el Hotel de Matignon (sede del primer ministro). Se trata en el primer caso de la Secretaría General de la República y en el segundo, de la Secretaría General del Gobierno. En ambos supuestos, pero sobre todo en el primero, estamos ante una Administración propia, al servicio el presidente, integrada por varios centenares de personas, que hace de forma autónoma un seguimiento del Gobierno. Se trata de una superestructura administrativa estrictamente vinculada al presidente, hasta el punto de que no es extra- ño que aparezca como una especie de contrapoder frente al Gobierno y el propio primer ministro.
La historia de la V República, fundada por De Gaulle y diseñada por Michel Debré, está plagada de fricciones de esta naturaleza. Por tanto, este marco institucional pone de relieve que Sarkozy ya dispone de instrumentos para hacer el seguimiento que desee de sus ministros sin necesidad de caer en el esoterismo de la auditoría privada. Sobre la que sería de interés saber qué piensa el sufrido Fillon.