No solo la crisis está marcando el pésimo final del Gobierno. Además de ese desbarajuste, que ha conseguido incrementar día a día, habrá que achacarle que tampoco ha cumplido algunos compromisos, entre ellos los de una ley que él mismo promovió.
El Congreso de los Diputados aprobó el año pasado la ley 7/2010, de 31 de marzo, general de la comunicación audiovisual (LGCA), cuyo título quinto establece la creación de la autoridad independiente del sector audiovisual, el llamado Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA). Han pasado 18 meses, tiempo más que suficiente, y nada se ha hecho. Se han disuelto ya las Cortes, pero el CEMA sigue sin existir.
España sigue siendo el único Estado de la Unión Europea que no dispone de una autoridad independiente para regular y supervisar la actividad de la comunicación audiovisual, al estilo del CSA francés o el Ofcom del Reino Unido, entre muchos otros. La excepción española prefiere que tal supervisión la siga ejerciendo un ministerio, lo que supone un deplorable intervencionismo sectario en el sector audiovisual de ámbito estatal por parte del Gobierno. Porque si no hay CEMA debe ser el propio Gobierno quien garantice los objetivos de la ley, pero esta no es una fórmula idónea. Así lo ha entendido toda Europa, excepto España, al crear y desarrollar instrumentos independientes de los gobiernos para la consecución de tales objetivos.
Pero el problema es más complejo. Porque esa ley se tramitó, entre otras razones, para cumplir con un imperativo legal europeo. Lo recuerda su preámbulo cuando dice: «Asimismo, esta ley supone un alineamiento con las directivas, comunicaciones, decisiones y recomendaciones de las instituciones europeas sobre los servicios públicos de radiodifusión en relación (…) con el control por organismos reguladores independientes del cumplimiento de la misión de servicio público encomendado». Y lo confirma su disposición final quinta: «Mediante esa ley se incorpora al ordenamiento español la directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre del 2007».
Pues nada de nada. Termina la legislatura y el CEMA no se ha creado. Lo que coloca a España en riesgo de ser denunciada por infracción de la normativa europea al ser imposible que pueda colaborar en la coordinación con otros organismos reguladores independientes de los demás estados para facilitar a la Comisión Europea información sobre la aplicación de la directiva. El Parlamento Europeo espera un informe de esta Comisión antes del 19 de diciembre. Si España no dispone de un organismo regulador independiente, tiene un muy difícil encaje en todo este trámite, como imposible será que forme parte de la EPRA (Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras, en sus siglas en inglés), que engloba a los organismos independientes y que se reunirá en Bruselas del 5 al 7 de octubre a invitación del CSA belga. Ausencia más inexplicable cuando son miembros de la EPRA los consejos audiovisuales de Catalunya, Andalucía y Navarra, mientras que España, siempre con gobiernos tan agresivamente celosos de sus competencias, ni está ni se la espera.
Aparte de estas cuestiones, hay que recordar que los grandes perjudicados por tal incumplimiento son los ciudadanos. Sin una autoridad independiente que garantice la legalidad de la oferta televisiva es fácil vulnerar los intereses informativos de los consumidores de medios audiovisuales de ámbito estatal. Es de ingenuos creer que el Gobierno español puede garantizar una RTVE respetuosa con el pluralismo, a lo que le obliga la Constitución, cuando ese mismo Gobierno es parte del pluralismo. Sin embargo, España sigue apostando por la confusión entre ser juez y parte, a pesar de que la ley lo prohíbe. Si en vísperas de unas elecciones el consejo de administración de RTVE, nombrado por los partidos políticos, ha intentado controlar sus informativos mediante el acceso al sistema informático de edición, cuánta necesidad hay de una autoridad independiente. Debe liberarse a los medios de comunicación públicos del poder político.
Ahora se incumple la LGCA, pero hace unos meses ya fue desvirtuada desde fuera, cuando los parlamentarios aprovecharon la reforma de la ley electoral (LOREG) para incorporar una modificación que obliga a los medios de comunicación privados a renunciar a su línea editorial durante los procesos electorales, sometiéndolos como si fueran públicos al sarcasmo de los bloques electorales. Un verdadero ataque a las libertades de expresión, de información y de empresa con que la Constitución tutela la función de los medios privados y que anula una de las más importantes innovaciones de la LGCA: diferenciar el sector privado del público limitando a este el servicio público y su consiguiente pluralismo interno. Como analicé en un artículo del mes de abril: dispararon contra la libertad.
Créanlo. En España sigue faltando el CEMA. Eso sí, siempre que la elección de sus miembros no responda a las perversas intenciones de las cuotas. El CEMA solo valdrá si es independiente.
Jaume Serrats Ollé, periodista. Exvicepresidente del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.