Creo que todo el mundo está de acuerdo en adoptar medidas que luchen contra la mortalidad y morbilidad ocasionada por los automóviles. Pero también es cierto que el fin no justifica los medios y pienso que en la actualidad se están adoptando procedimientos perversos que lo que buscan es obtener determinados logros muy ajenos al fin de la siniestrabilidad.
Es de todos bien conocido que en un accidente de automóvil intervienen múltiples elementos y de diversa índole. Así pues, existen factores como la carretera, sus trazados, sus múltiples cambios de rasante, el firme -cuyas deficiencias afectan a la adherencia de los neumáticos-, la asistencia o no de arcenes suficientes, la falta o mala señalización, el mal drenaje, las graves deficiencias en la conservación y mantenimiento, etcétera.
Todos estos factores dan lugar a que las carreteras de nuestro país estén sembradas de un número elevadísimo de puntos negros y de tramos de concentración de accidentes causantes de la mayoría de los percances graves, sobre todo en carreteras secundarias en pésimo estado y sobre las que circulan camiones y autocares, originando auténticas catástrofes. De todos estos factores, el responsable único es el Gobierno, pero éste parece que no quiere saber nada del asunto, y ni el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ni el director general de Tráfico, Pere Navarro, hablan apenas de estos factores ni de la responsabilidad directa que tienen en su resolución.
La peligrosidad en las vías secundarias, con numerosos puntos negros, ha ido en aumento en los últimos años. Sólo en el 2007, más de 2.000 personas perdieron la vida, lo que supone más del 75% del total de accidentes con víctimas mortales. Las deficiencias de las carreteras resultan determinantes a la hora de explicar el alto grado de siniestrabilidad.
Pero, pese a esta evidencia, los gobernantes se escudan en la velocidad, a la que hacen responsable de todo lo malo que ocurre en la circulación vial. Con ello pretenden obtener dos objetivos muy claros y perversos. Primero, el de ocultar su responsabilidad en los aspectos antes citados, echando la culpa de todo al conductor que va muy deprisa. Y segundo -y deleznable-, el de sacar del pobre automovilista dinero a espuertas para así poder ayudar a la mala gestión económica del Gobierno.
Para lograr sus objetivos han hecho dos cosas: poner unos límites de velocidad casi imposibles de cumplir, e inundar las carreteras del país con miles de cámaras recaudatorias. Éstas no estarán colocadas en los numerosísimos puntos negros, que sería lo lógico, sino ocultas en tramos rectos de autovías, autopistas y radiales en las que los automovilistas pueden descuidarse con el acelerador; y ahí estarán los recaudadores con sus cámaras preparadas. ¿Saben que con el coste de estas miles de cámaras ocultas seguramente se podrían solucionar gran parte de los puntos negros mortales de nuestro país? Pero eso no interesa; los puntos negros sólo dan muertes y las cámaras dan dinero y encima revierten toda la responsabilidad en el conductor.
La velocidad supone progreso, confort y bienestar. Hace que las largas distancias en automóvil se acorten ganando tiempo y evitando el cansancio y la falta de atención que ocasionan los viajes largos. Ahí tenemos, sin ir más lejos, a Zapatero y a Blanco presumiendo de los trenes del AVE... Por supuesto que todos estamos de acuerdo en que es necesaria una velocidad responsable por parte del conductor y bien utilizada. No se puede ir a la misma velocidad fijada por Tráfico un día luminoso que un día con lluvia y niebla. El conductor normal bien lo sabe. También sabemos que un cuchillo afilado de cocina puede ser utilizado por un insensato para herir, e incluso matar a alguien, y pese a ello no se nos obliga a cortar el fiambre con cuchillos de plástico. Igualmente, la velocidad no causa ningún mal utilizada responsablemente. Siempre puede existir un loco que coja el cuchillo o el coche y pueda originar una tragedia, pero no representa más que a una mínima parte de los conductores, de la que no se pueden sacar conclusiones generales y que deban pagar por ello la mayoría de los conductores responsables.
¿Para qué queremos coches como los actuales, cada vez más potentes y seguros, y para qué tenemos que pagar por circular por magníficas radiales y autopistas si se nos exige hacerlo a las mismas velocidades que con los coches y las vías que existían hace 70 años? ¿Eso es el progreso? Además, en muchos casos ya no se trata ni siquiera de la posibilidad de superar los 120 Km/hora. Por poner un ejemplo, en la magnífica autovía que han hecho en la carretera de los pantanos -la 501- de la Comunidad de Madrid, después de tantas muertes ocasionadas, el límite de velocidad impuesto es de 100Km/hora. Quiere decir que nos obligan a ir a 80 o 90 como máximo en el año 2009.
Pere Navarro, director general de Tráfico, está ufano. Para él, la velocidad y el malísimo conductor son los culpables de todo, y su patrono, el Gobierno, de nada. Dentro de poco querrá que dejemos el coche aparcado y que vayamos en borrico, como en la Edad Media. Sin embargo, no se da cuenta de que la velocidad que más mata -reconocido en la prensa por la anterior ministra de Medio Ambiente, Cristina Carbona- es la velocidad cero: los atascos y embotellamientos que sufren los conductores diariamente durante desesperadas horas para ir al trabajo. Ello supone elevar la contaminación gravemente, gastar combustible y perder millones de horas y de nervios. Pero esa velocidad cero de los atascos no da dinero, y por ello de ella no se habla para nada.
Considero que también hay que reflexionar mucho sobre el carné por puntos. ¿Sabe Pere Navarro, que sonríe ufano presentando a la prensa las cifras de los miles de ciudadanos que se han quedado sin carné, que la pérdida de éste puede significar la pérdida del empleo y la ruina de una familia? ¿Y se ha valorado lo suficiente que habrá quienes se merezcan la pérdida del carné por su insensatez, pero que la mayoría de las personas cazadas por las cámaras no iban a más de 120Km/hora, sino que circulaban, por ejemplo, por carreteras de doble vía, desérticas, sin semáforos ni pasos de peatones en las periferias de las ciudades que uno cree con lógica que son carreteras normales y resulta que las han declarado como vías urbanas por las que, por lo visto, sólo se puede circular a 20 o 30, igual que si circulásemos por una estrecha calle del centro de Madrid?
Por otra parte, vemos cartas al director en los periódicos de lectores que señalan cosas como que las cámaras de la DGT han cazado a un conductor por una radial a 200km/hora. Por supuesto que una conducta así está mal, es una temeridad, pero es mucho más grave y puede tener peores consecuencias que dejen circular a autobuses con cientos de personas a bordo y a camiones de gran tonelaje (muchos de ellos con líquidos inflamables) por las carreteras secundarias llenas de puntos negros, a 90km/hora, es decir, a la misma velocidad que puede ir un turismo o un deportivo. Y ello ocurre a pesar de que, por desgracia, cada cierto tiempo nos encontramos con la noticia de autobuses y camiones a 90Km/hora que han causado dolorosísimas tragedias humanas.
Los controles de velocidad, además de arruinar los bolsillos de los conductores, tienen efectos nocivos. El conductor asustado por las multas y la posibilidad de perder los puntos del carné tiende a conducir más pendiente de las cámaras que de la carretera misma, lo cual disminuye enormemente su atención, con todo lo que esto conlleva. Yo he presenciado en varias ocasiones cómo, circulando en caravana rápida, un conductor, tras divisar una cámara camuflada, instintivamente ha frenado en seco produciendo un choque de vehículos en cadena. Ahí tenemos el regalito de los que se supone cuidan de nosotros y velan por nuestra seguridad.
Los coches actuales son cada vez más potentes. Dice Zapatero que está muy preocupado porque no se venden automóviles. Y menos que se van a vender. A diario caen multas por docenas, ya que prácticamente no se puede aparcar en ningún sitio, a lo que hay que sumar innumerables impuestos municipales y de combustible, y ahora también las cámaras recaudatorias. Así las cosas, ¿quién va a comprarse un coche?, ¿para qué?
Los conductores están dolidos e indignados. Se encuentran saqueados, esquilmados y vapuleados y, además, con el peligro de quedarse sin dinero, sin carné y sin puesto de trabajo. El Gobierno le culpa de todo a la circulación vial y encima los pocos organismos o entidades que tendrían que defender a los automovilistas del acoso al que se ven sometidos no hacen prácticamente nada.
Pero no deben olvidar Zapatero y Rubalcaba que el conductor actual, sometido a sus políticas represivas y recaudatorias es un ciudadano, es decir, un voto. Y puede que la única forma que le queda de demostrar su indignación sea depositando su voto. Son millones de conductores y millones de votos; el Gobierno no debería olvidarlo.
Antonio Sierra García, cirujano de Urgencias y traumatólogo.