El Gobierno ha perdido completamente la iniciativa, pues sólo se mueve a rastras, empujado por las circunstancias. De esta manera, reacciona tarde, reacciona de manera incompleta y, por tanto, reacciona mal. Las medidas anunciadas por la ministra de Hacienda no constituyen una rebaja verdadera de impuestos para los ciudadanos, pues para no tener que reconocer que rectifican en su planteamiento anterior, en el que se negaban a cualquier rebaja, ni deflactan la tarifa del IRPF ni rebajan el IVA de los productos básicos, que tendría mucho más efecto y, además, inmediato; mientras que la mínima bajada que proponen no se aplicará hasta 2023, siempre que salga adelante, pues en la negociación paralela de los Presupuestos Generales del Estado quedan temas pendientes sin cerrar todavía, como la propia ministra ha reconocido.
La exposición de la ministra de Hacienda ha sido puramente política, atacando las propuestas de rebaja de impuestos del PP, tratando de justificar su medida frente a las de las regiones que, como Madrid y Andalucía, han decidido deflactar la tarifa del IRPF. Esta medida encierra el hecho de que el Gobierno vuelve a seguir la senda marcada por el PP, que abandera las bajadas de impuestos, pero sólo lo hace a rastras y de mala manera, pues las medidas del Ejecutivo no dejan de suponer una subida de impuestos para muchos contribuyentes -la mínima rebaja es para muy pocos-, sin aliviar realmente a la clase media, y negándose a deflactar, como antes decía, la tarifa del IRPF y a bajar el IVA de productos básicos para beneficiar a todos los ciudadanos.
De esta manera, prácticamente no renuncian a casi nada de la recaudación extraordinaria que están consiguiendo con la asfixia de los ciudadanos por el efecto de la inflación. Prefieren seguir perjudicándoles a reconocer que la medida adecuada es la rebaja de impuestos, a la que se niegan para esa gran mayoría de ciudadanos.
Es más, a los que les rebajan ligeramente los impuestos no se los bajan suficientemente, pues las rentas bajas son las más afectadas por la inflación, al ser su propensión marginal al consumo mayor y soportar un sobrecoste de la inflación sobre su renta mayor, pagando más impuestos extraordinarios derivados de la inflación sobre su renta, lo que constituye un elemento regresivo para estas rentas bajas por la negativa del Gobierno a bajar el IVA de los productos básicos y a deflactar el IRPF.
Subida encubierta
De hecho, justifican no deflactar para que no se beneficien todos de una rebaja de impuestos, pero se olvidan de que la deflactación no es una bajada de impuestos, sino una medida para que el sector público no recaude más como consecuencia de dicha inflación. Por tanto, no deflactar supone subir impuestos, que es lo que el Gobierno, realmente, hace, aunque arrastrado por las circunstancias trate de vender que los baja -enmendando su propio discurso de hace unos días-.
En cuanto a las medidas concretas, proponen la creación de un impuesto, que llaman de solidaridad, a las grandes fortunas, que afectará a contribuyentes con más de 3 millones de euros de riqueza neta, a los que impondrá un tipo del 1,7%, del 2,1% y del 3,5%, según se encuentren en el primer tramo (entre 3 y 5 millones de euros), en el segundo (entre 5 y 10 millones de euros) o en el último tramo (más de 10 millones de euros), Por otra parte, tratan de justificar la doble imposición que a todas luces parece suponer esta figura tributaria permitiendo deducirse el Impuesto de Patrimonio en la tributación por este gravamen, pero, en ese caso, se entromete en la política fiscal de las regiones que desean mantener la exención, pues entonces operará el gravamen de grandes fortunas para dichos contribuyentes, embolsándose la Administración General del Estado esta recaudación. Perjudican a las comunidades autónomas, interfieren en sus decisiones y armonizan por la puerta de atrás.
A su vez, aumenta el tipo impositivo de las rentas del capital para rentas de más de 200.000 euros: lo aumentan un punto, del 26% al 27%. Para más de 300.000 euros lo incrementan dos puntos, hasta el 28%. Esto supone un ataque al ahorro, tan necesario para financiar la inversión, así como a los pequeños ahorradores que viven sólo de esas rentas. Por tanto, desincentiva el ahorro, con el elemento perjudicial que supone para la economía vía reducción de la inversión asociada, de manera que va a ahuyentar la inversión y, con ello, la actividad económica, el empleo y también la recaudación.
De la misma manera, es verdad que incrementan la reducción por rendimientos del trabajo en el IRPF, pero no tocan tipos ni deflactan tramos. Elevan la cifra de 18.000 euros a 21.000 euros y el mínimo de tributación sube de 14.000 a 15.000 euros, además de rebajar cinco puntos porcentuales en los módulos de autónomos y aumentar los límites de tributación por esta vía, junto con una elevación de la deducción del 5% al 7% en los gastos deducibles de difícil justificación para los autónomos en régimen de estimación directa.
Sin embargo, como ya he mencionado, el impacto es muy limitado y deja a muchos ciudadanos, especialmente de rentas medias, sin rebaja, de manera que les sube los impuestos a todos por no deflactar y por no rebajar el IVA de productos básicos.
Barrera a nuevas inversiones
En cuanto al Impuesto de Sociedades, la rebaja es mínima y a costa de espantar la inversión de las grandes empresas. Así, rebajan el tipo nominal del impuesto del 25% al 23% para pequeñas empresas (cifra de negocio inferior a un millón de euros), pero, en contrapartida, limitan en un 50% la compensación de pérdidas de filiales en grupos consolidados. Es decir, suben los impuestos, por mucho que lo vendan como un aplazamiento, con una previsión de recaudación de 2.439 millones entre 2023 y 2024. Esto puede suponer una deslocalización de empresas o, al menos, una barrera de entrada a nuevas inversiones, con la potencial pérdida de actividad y empleo y, con ello, de recaudación.
Por último, no devuelven prácticamente nada a los ciudadanos de la recaudación extraordinaria, pues la rebaja de 3.144 millones entre los dos años es financiada por el incremento de tributación en Sociedades y la recaudación del impuesto a la banca y el impuesto a las empresas energéticas. Es decir, no devuelve nada a los ciudadanos. El Gobierno ve incrementar su recaudación extraordinaria por la inflación en 22.000 millones de euros, con una previsión de que ascienda a 32.000 millones a final de año -esto sí que son beneficios caídos del cielo- y se niega a devolvérselos a los ciudadanos de manera inmediata.
En resumen, es una rebaja cosmética, fruto de la presión y no de la voluntad del Gobierno; no se aplicará hasta 2023, cuando la deflactación del IRPF y la rebaja del IVA a productos básicos tendría efecto inmediato; deja fuera de la rebaja a toda la clase media, y a quienes afecta la pequeña bajada se ve más que superada por los mayores impuestos que pagan en la cesta de la compra a causa de la inflación; y persigue el ahorro y la inversión, base de la actividad económica y empleo. Es, por tanto, una reforma a rastras, insuficiente y equivocada.
José María Rotellar, Profesor en UFV