El Gobierno y la Guardia Civil

Por Juan José López-Burniol, notario (EL PERIÓDICO, 06/02/07):

Cuenta Luis Romero que, la mañana del 19 de julio de 1936, más de 500 guardias civiles subían –en columna de a dos– por la Via Laietana, con las armas apercibidas y marcando el paso, al mando del coronel Escobar. Desde un balcón de la Comisaría de Orden Público, el president Companys veía aproximarse la fuerza, acompañado de Josep Tarradellas, Vicenç Guarner y Frederic Escofet, quienes le aseguraban que la Guardia Civil estaba con el Gobierno. Companys, vivo aún el recuerdo del 6 de octubre, lo dudaba. El coronel marchaba impecablemente uniformado y con su bastón de mando en la mano. Al llegar frente al balcón donde estaba el president, ordenó alto. Entonces, desvanecido el ritmo inquietante del paso militar, el coronel Escobar se encaró al balcón, levantó la mano derecha al tricornio y dijo: ¡A sus órdenes, señor presidente! Terminada la guerra, Antonio Escobar Huerta fue juzgado por ¡rebelión militar!, condenado a muerte y fusilado el 8 de febrero de 1940. Pagó su lealtad a la República.
Es cierto que, en otros lugares, la Guardia Civil se sumó al Alzamiento –Santa María de la Cabeza, Simancas, el Alcázar,—, pero la prueba de su lealtad mayoritaria a la República se halla en el hecho de que, terminada la contienda, el general Franco evaluó su disolución. De hecho, la fidelidad de la Guardia Civil al mando ha sido constante en su trayectoria. Así, en 1931 obedeció a su director, el general Sanjurjo, facilitando el paso de la Monarquía a la República tras las elecciones del 14 de abril.
La Guardia Civil se creó en 1844, durante la década moderada, cuando la alianza nobiliario-burguesa sentó las bases del Estado moderno. Tras el desmantelamiento del Antiguo Régimen (leyes desvinculadoras) y la erosión de la Iglesia como estamento privilegiado (leyes desamortizadoras), se transformó el régimen jurídico de la propiedad de la tierra y se sustituyó una economía mercantilista por otra de librecambio. La liberalización del tráfico económico se hizo efectiva –según Tomás y Valiente– a través del establecimiento de la libertad de comercio e industria, la supresión de los gremios, la supresión de las aduanas interiores y la unificación del derecho mercantil. Ahora bien, esta liberalización econó-
mica era ilusoria sin un firme orden público en campos y ciudades. Y, para garantizar el orden en los campos, se fundó la Guardia Civil, que –pese a su nombre– tuvo desde su origen carácter militar, lo que la dotó de un rigor y de una disciplina de los que carece, por definición, cualquier institución civil.

ESTA EFICACIA de la Guardia Civil, pronto acreditada, la convirtió en una pieza esencial del Estado. La razón es obvia. Un Estado es un sistema jurídico; un sistema jurídico precisa, para ser efectivo, de una fuerza legítima que lo imponga a todos; esta fuerza legítima en la que se condensa el monopolio de la violencia que corresponde al Estado ha sido detentada sustancialmente, en España, por la Guardia Civil; ergo, la Guardia Civil se integra en el núcleo esencial del Estado. Además, la Guardia Civil fue también –según Murillo Ferrol– “un verdadero ejército de burocratización”, es decir, un formidable instrumento de centralización que llegó hasta el último rincón de España, como estudia López Garrido en La Guardia Civil y el origen del Estado centralista.
Por otra parte, la Guardia Civil tiene –por su naturaleza– un exquisito respeto a la estructura social existente, vertebrada –al tiempo de su fundación– por un sentido quiritario de la propiedad. Este hecho innegable explica la enemiga con que siempre la han distinguido los adversarios del orden establecido. No obstante, su lealtad sostenida al poder legítimo, cualquiera que este sea, ha hecho que la izquierda haya llegado a “descubrirla” –Felipe González dixit— como eficaz y disciplinado instrumento del orden jurídico democrático. Razón por la que ha causado sorpresa la manifestación de 3.000 guardias de uniforme y con tricornio, el pasado día 20, reclamando al Gobierno el cumplimiento de sus compromisos electorales y, en concreto, el de la desmilitarización de la institución, anunciada por Jesús Caldera en enero del 2004. Que a un Gobierno se le manifieste nada más y nada menos que la Guardia Civil tiene su morbo. Es para nota.

POR ELLO, sin entrar ahora en el debate de fondo sobre la desmilitarización –pues cuerpos militarizados son las gendarmerías francesa, holandesa y turca, la Guardia Nacional portuguesa y los Carabineros italianos–, sí debe denunciarse la necesidad urgente de modernizar el régimen interno del Cuerpo –régimen disciplinario, sanciones y derecho de asociación–, así como de actualizar su retribución, escandalosamente inferior a la de otros cuerpos con competencias y responsabilidades en modo alguno mayores.
Pero, más allá del respaldo a estas justas reivindicaciones, interesa destacar dos hechos. Primero, que es inadmisible ampararse en la naturaleza militar de la Guardia Civil –como se ha hecho hasta ahora mismo– para retrasar año tras año las reformas, aprovechándose de la obediencia característica de este Instituto y permitiendo que germine el descontento en un Cuerpo tan leal. Segundo, que la alegre asunción de compromisos electorales que luego no se cumplen al acceder al Gobierno constituye una de las causas mayores del descrédito de la política y de desprestigio de los políticos. Antes de hablar, hay que pensar. También los presidentes, cuya buena fe –por supuesto– se presume. Porque, en caso contrario, habrá que admitir como válida esta fórmula: talante sin credibilidad igual a cuento.