El Golfo ante la “revolución árabe”: ¿tiempo para el cambio político?

Tema: Los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo no son inmunes a los recientes movimientos de protesta en Oriente Medio y el norte de África.

Resumen: El impacto de la denominada “Revolución de los Jazmines” ha llegado a los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). En casi todos ellos, o ya han tenido lugar manifestaciones o bien han sido convocadas. De un modo inesperado, los monarcas del Golfo se están viendo obligados a implementar reformas como respuesta a las demandas de sus ciudadanos, en un nuevo intento por relegitimarse. ¿Estará en juego la hasta ahora incontestable estabilidad de las monarquías del Golfo? En este ARI se analizarán los movimientos de protesta que han emergido en esta región tras la caída de los regímenes tunecino y egipcio. A continuación, se evaluará el efecto que podrían tener sobre el contrato social propio de estos estados rentistas y, finalmente, se señalarán sus posibles implicaciones regionales e internacionales.

Análisis: Los movimientos de protesta en Túnez y Egipto iniciados a principios de 2011 hicieron que, como en el resto de países árabes, los grupos pro-democráticos del Golfo se sintieran fortalecidos para exigir el reconocimiento de sus derechos. Al igual que en el resto del mundo, los monarcas del Golfo no pudieron imaginar el impacto que la oleada de protestas tendría sobre sus poblaciones. La caída de Ben Ali quizá les puso sobre aviso, pero sólo tras el derrocamiento del presidente egipcio, el 11 de febrero de 2011, creció la preocupación.

Ajenos a la opinión pública de sus ciudadanos, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) optaron por expresar apoyo a sus aliados. El primero albergó en su territorio al desterrado presidente tunecino, y la visita del ministro de Asuntos Exteriores emiratí al presidente egipcio durante la crisis hizo pensar que se establecería en ese país. La retransmisión de las revueltas las 24 horas del día a través de la cadena de televisión Al-Jazeera ha sido interpretada como una toma de posición en sí misma, que se vio confirmada por el rápido comunicado oficial emitido por Qatar tras la caída de Mubarak, expresando respeto por los deseos del pueblo egipcio. Ante posibles reacciones de sus poblaciones, los países con mayor activismo político optaron por implementar medidas preventivas: a finales de enero, Kuwait anunció que, en conmemoración de los 50 años de independencia del país, se otorgaría a cada ciudadano kuwaití unos 2.500 euros. En un gesto muy similar, Bahrein determinó que se concederían cerca de 2.000 euros a cada familia bahreiní para conmemorar una década desde que se aprobó por referéndum el establecimiento de una monarquía constitucional. Ambos gobiernos anunciaron también que subvencionarían productos alimentarios.

Los habitantes del Golfo siguieron con emoción la caída de los dos dictadores árabes a través de Al-Jazeera, así como de las redes sociales y blogs de Internet, y en casi todos los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG: Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar) ha habido manifestaciones populares o al menos han emergido voces pidiendo cambios en los sistemas políticos. La multitudinaria respuesta a la convocatoria en Bahrein y las declaraciones de condena de gobiernos occidentales con respecto a la represión violenta de manifestantes pacíficos en ese país, pusieron finalmente en alerta a los líderes del Golfo.

La teórica inmunidad de los Estados rentistas

La teoría del Estado rentista sostiene que los Estados que obtienen sus ingresos de actividades económicas no productivas logran evitar que los ciudadanos desarrollen aspiraciones de participación política mediante la distribución de la riqueza y la ausencia de fiscalidad. Ello hace que teóricamente perdure la autocracia y, por tanto, la estabilidad política, social y económica. Sin embargo, son varios los expertos que cuestionan la relación causal entre el rentismo y el autoritarismo en los Estados del Golfo, pues las demandas de representatividad política han existido incluso desde antes del establecimiento de los Estados.

Si bien los ingresos procedentes de sus exportaciones de hidrocarburos hacen que las condiciones socio-económicas de los habitantes del Golfo no sean comparables con las del resto del mundo árabe (con unos PIB per cápita de entre 60.000 y 16.000 euros), sí lo son sus sistemas políticos. Se trata de países muy jóvenes, independizados entre 1961 y 1971, que en menos de medio siglo pasaron de ser entidades sociopolíticas y económicas tribales (en las que el líder debía responder ante su comunidad), a lo que Hisham Sharabi llamó “neopatriarcados” y Gerd Nonneman ha denominado sistemas autoritarios “neo-tradicionales” con estructuras socio-económicas y políticas que combinan elementos tradicionales y modernos. Así, los líderes adquirieron cierta independencia política gracias a la legitimación de potencias coloniales (primero el Reino Unido y después EEUU), e independencia económica gracias al descubrimiento del petróleo. Sin embargo, para obtener el apoyo interno, han mantenido estructuras patriarcales y redes clientelares.

Estos regímenes se caracterizan, además, por haberse perpetuado en el tiempo mediante una conjunción de mecanismos represivos y de redistribución. Por otra parte, en lo que se refiere a libertades y derechos, la realidad de estos Estados es muy similar al resto de países árabes: Estados policiales en los que la censura y la auto-censura están profundamente afianzadas y donde la corrupción y el nepotismo son prácticas comunes. Más aún, la sucesión de reformas económicas durante las últimas dos décadas, en su afán por integrarse en el sistema económico mundial, tan sólo se ha visto acompañada de reformas políticas poco significativas, lo que ha llevado a una intensificación de la corrupción y ha acrecentado el descontento popular. A ello hay que sumarle el reto al que se enfrentan algunos de ellos, que ven cómo sus reservas de petróleo llegan a su fin (Bahrein y Omán), y la inflación a la que todas sus poblaciones se vienen enfrentando durante los últimos años. No obstante, a pesar de la abundancia de recursos, la voluntad de participación política y de mayor transparencia existe en todos ellos.

Son también sociedades muy jóvenes (más de la mitad de la población del Golfo es menor de 30 años de edad), con elevadas tasas de alfabetización (alrededor del 90%, con cada vez mayor número de licenciados universitarios, siendo la mayoría mujeres), pero con tasas de desempleo en aumento (superando el 25% en Arabia Saudí y el 15% en Bahrein y Omán). Además, forman parte del nuevo mundo globalizado y no han sido inmunes al efecto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Indiscutiblemente, estos factores han influido profundamente en la evolución de la cultura política de los ciudadanos del Golfo, al igual que en el resto de la región, por lo que deberían observarse junto al resto de Estados árabes bajo un marco de análisis que rebata la tan aseverada excepcionalidad árabe en los procesos de democratización.

La revolución llega al Golfo

Las primeras manifestaciones en el Golfo tuvieron lugar en Bahrein el 14 de febrero de 2011. Se han repetido diariamente y se concentran principalmente en el centro de la capital, Manama. Las principales peticiones de los manifestantes bahreiníes tienen como objetivo el establecimiento de un sistema político democrático que garantice las libertades y derechos de los ciudadanos, así como la revisión de las políticas discriminatorias contra la mayoría chií del país (casi el 70%) y las de nacionalización de extranjeros suníes para alterar la balanza demográfica. No se trata, sin embargo, de un conflicto religioso, pues el descontento es creciente entre todas las fuerzas de oposición, que tienen la percepción de haber sido traicionadas por el régimen al haber incumplido las promesas de liberalización política hechas por el actual rey, Hamad bin Isa Al Jalifa, cuando asumió el cargo en 1999. Aunque los partidos políticos están prohibidos, existen asociaciones políticas que actúan de facto como partidos y que representan a un amplio rango de facciones políticas incluyendo a populistas, liberales e islamistas suníes y chiíes.

El carácter pacífico de las manifestaciones se vio truncado con la violenta incursión de las fuerzas policiales y militares en la madrugada del 17 de febrero, que se saldó con tres muertes y cientos de heridos. Como consecuencia, las peticiones de reforma en el marco de la monarquía constitucional convirtieron en llamamientos de algunos grupos al derrocamiento de la dinastía Al Jalifa.

Después de las condenas de la Administración estadounidense (que cuenta en Manama con la más importante base militar de la región), el gobierno bahreiní ordenó la retirada de sus fuerzas de seguridad, permitió el regreso de manifestantes a las calles y anunció el inicio de un diálogo con todos los grupos para alcanzar la unidad nacional. Inicialmente respondió con la liberación de presos políticos y la amnistía a miembros exiliados de la oposición, pero ante las dudas de la disposición del régimen a implementar las reformas exigidas por la mayoría de su pueblo, las protestas se extendieron hasta alcanzar el distrito financiero de Manama. Desgraciadamente, la incapacidad de alcanzar una solución política al conflicto, desembocó en la declaración del estado de emergencia durante tres meses y en una intervención militar de las fuerzas de seguridad del CCG (denominadas “Escudo de la Península”), que ya se ha saldado con varias muertes y cientos de heridos.

El 15 de marzo Arabia Saudí y EAU enviaron alrededor de 1.500 efectivos, para “defender los edificios gubernamentales e infraestructuras del país” ante lo que consideran una “amenaza para la seguridad nacional”. Sin embargo, este movimiento es interpretado por la oposición (tanto chií como suní) como una invasión del país encaminada a aniquilar a los disidentes y a perpetuar el statu quo, y varios miembros del gobierno, incluyendo el ministro de Vivienda, han dimitido como consecuencia. Insisten en el carácter ilegal de la presencia del Escudo de la Península en su territorio pues, en teoría, sólo deben actuar ante amenazas externas. Por su parte, la Administración Obama, que declaró haber sido informada de la intervención militar pero no consultada, ha expresado su descontento y preocupación por la violencia empleada contra manifestantes pacíficos y ha llamado a que se busquen soluciones políticas.

Aunque más minoritarias que en Bahrein, desde finales de enero han tenido lugar sucesivas manifestaciones tanto en la capital de Omán, Muscat, como en otras ciudades del país. Si bien han sido en su mayoría pacíficas, hubo un episodio violento en la ciudad de Sohar el 28 de febrero que se saldó con dos muertes y varias personas heridas. Las peticiones de establecimiento de una monarquía constitucional y de mejores condiciones laborales coinciden con las de sus vecinos, si bien el liderazgo del sultán, Qabus bin Said Al Said, no ha sido cuestionado hasta el momento. De hecho, el sultán ha sido ampliamente respetado desde su acceso al poder en 1970 por la modernización que ha llevado al país y por el papel unificador del heterogéneo tejido social omaní. No hay que olvidar que la sociedad omaní se caracteriza por su carácter tribal, multiétnico y multiconfesional, incluyendo ciudadanos de origen baluchi, swahili e indio, y siendo el 50%-55% musulmanes ibadíes, el 40%-45% suníes y el 4%-5% chiíes.

Sin embargo, a pesar de las promesas hechas por el sultán, la liberalización política ha sido lenta y poco significativa. En la práctica, las reformas acometidas (establecimiento de una asamblea consultiva e implementación gradual de elecciones) parecen haber estado orientadas a buscar el equilibrio entre las demandas de reforma política de los sectores jóvenes de las poblaciones urbanas y el deseo de importantes elites tribales y comerciales de mantener el statu quo. En respuesta a las protestas actuales, el sultán reemplazó a nueve ministros y anunció que se elevaría el salario mínimo en un 40% y que se crearían 50.000 empleos públicos. Sólo algunos manifestantes parecen haberse contentado con estas medidas, pues los sectores más pro-democráticos continúan pidiendo cambios.

Kuwait es el país del Golfo con mayores libertades políticas. Su parlamento, la Asamblea Nacional (AN), está compuesto por 50 miembros elegidos mediante sufragio universal y tiene amplios poderes legislativos y relativa capacidad de control sobre el gobierno. Además, aunque los partidos políticos están prohibidos, las asociaciones políticas están reconocidas, como en Bahrein. Sin embargo, las peticiones de reforma de determinados aspectos que garanticen el establecimiento de un sistema más democrático han sido constantes, pues la AN se ha visto sumida en sucesivas crisis por su complicada convivencia con un gobierno que es designado por el emir, Sabah al-Ahmed al-Yaber al-Sabah.

En esta ocasión, el descontento en Kuwait está siendo expresado tanto por los grupos de oposición, como por los alrededor de 100.000 bidún (“sin” en árabe, que en el Golfo hace alusión a aquellos ciudadanos que, por distintos motivos, se encuentran “sin nacionalidad” alguna). Al igual que en otros países de la región, la convocatoria de movimientos de protesta tuvo lugar a través de las redes sociales y fue iniciada por los grupos de jóvenes Kafi (“basta” en árabe) y al-Sur al-Jamis (apelativo que utilizan para denominar a la Constitución como metáfora de un “quinto muro” de la muralla que protege a la ciudad de Kuwait). La primera concentración, planeada para el 8 de febrero, fue pospuesta como resultado de la dimisión (o destitución encubierta) del ministro del Interior. Pero la campaña continuó, culminando el 8 de marzo con una manifestación de unas 400 personas frente a la AN, en la que entregaron melones y sandías a los diputados (la palabra para referirse a esas frutas en árabe, battij, se emplea para denominar a alguien “corto de entendimiento”). Entre otras demandas, exigían la dimisión del gobierno, y en especial la del primer ministro, el jeque Nasser al-Mohammed al-Sabah, a quien se culpa en gran parte de la falta de libertad de expresión, de la corrupción y de obstaculizar las reformas económicas.

En respuesta, el gobierno ha comenzado a tomar algunas medidas incluyendo la liberación del profesor universitario Obaid al-Wasmi y la retirada de cargos contra los periodistas Mohammed Abdelqader al-Jassem y Mohammed al-Washeemi y contra el ex-secretario general de la Alianza Nacional Democrática, Jalid al-Fadhala.

El caso saudí

La atención se centra hoy en Arabia Saudí, el país con las mayores reservas de petróleo conocidas y el mayor exportador de crudo del mundo. Una mirada superficial puede convenir que la situación en este país es tranquila y que las posibilidades de revueltas similares a las de otros países de la región son escasas. No obstante, lejos de rebatir dichas previsiones, es necesario medirlas teniendo en cuenta factores generalmente desatendidos y sin infravalorar los segmentos que anhelan cambios dentro de la sociedad saudí.

Dejando a un lado aquellos que buscan el cambio a través de atentados terroristas, son tres los principales sectores (islamistas, liberales y chiíes) que durante décadas han expresado pacíficamente su voluntad de ser incluidos en los procesos de toma de decisiones, de que se ponga fin a la corrupción y de que se garanticen los derechos y libertades de los ciudadanos.

Los llamamientos en redes sociales a manifestarse (existen varias páginas pro-democráticas en Facebook y la actividad en Twitter es incesante) tan sólo han encontrado respuestas significativas en las principales ciudades de la región oriental del país, donde reside la mayoría de la población chií (10%-15% del total). Sin embargo, se han registrado algunas concentraciones minoritarias en otras ciudades: una, el 29 de enero en Jeddah (a propósito de las anuales inundaciones que sufren sus habitantes por las deficientes infraestructuras de la ciudad) y una pequeña concentración de mujeres que pedían la liberación de prisioneros en Riad, el 5 de febrero. Además, algunos intelectuales fueron detenidos tras proclamar la creación de un partido político (Partido Islámico Umma), por considerarse ilegal bajo la estricta interpretación islámica wahabí.

Las manifestaciones por parte de ciudadanos chiíes en el este del país comenzaron el 17 de febrero y se repitieron en días sucesivos en las ciudades de al-Awamiya, Qatif y Hofuf. Los manifestantes se sumaban así a las peticiones de otros grupos, exigiendo el fin del tratamiento discriminatorio al que este sector de la sociedad está sometido, así como la liberación de presos políticos. A pesar de su carácter pacífico, fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad causando varios heridos. A imagen y semejanza de los “días de la ira” que tuvieron lugar en otros países árabes, fueron convocadas manifestaciones a nivel nacional para el día 11 de marzo. Pero, como muy bien explica desde Riad la corresponsal de El País en la zona, Ángeles Espinosa, “el régimen superó sin incidentes significativos el temido día, mediante un imponente despliegue de seguridad que desincentivaba cualquier intento de manifestarse”. No obstante, hay otras manifestaciones convocadas en el futuro inmediato.

Entre las respuestas del gobierno saudí destacan las promesas de invertir inmediatamente 25.000 millones de euros y casi 300.000 millones más a lo largo de los próximos cuatro años en infraestructuras, educación y sistema sanitario, así como la promesa de creación de empleo público y un aumento de las prestaciones por desempleo. En cuanto a la comunidad chií, parece que han iniciado conversaciones para abordar sus reclamaciones, aunque informaciones contrarias indican que las detenciones han sido masivas y que son pocos los signos de cooperación.

Por tanto, el mayor reto al que se enfrenta la monarquía saudí es, a día de hoy, la comunidad chií que, en apoyo a los bahreiníes y ante el despliegue de tropas en el vecino país, podría verse alentada a expresar una mayor oposición al régimen, causando una escalada de violencia en la región oriental de Arabia Saudí. La ausencia de manifestantes en otras zonas del país se ve contrastada por las miles de personas que respaldan las movilizaciones en Facebook y firman las tres “peticiones” dirigidas al rey que circulan por Internet (el “peticionismo” es un método tradicional en la región y el único aceptado dentro de la estricta tradición islámica wahabí para hacer llegar demandas a los líderes). Lo cierto es que, conscientes de la importancia geoestratégica de su país y del apoyo internacional del que el régimen saudí disfruta, los ciudadanos saudíes que anhelan cambios se encuentran más incapacitados para perder el miedo que muchos de sus hermanos árabes que ya lo han perdido. Son también conscientes de la lealtad que las principales tribus aún mantienen hacia la monarquía. Además, la baza jugada por sus dirigentes de insistir en que manos extranjeras o grupos terroristas islámistas están detrás de las convocatorias, hace a muchos desconfiar de quiénes las lideran desde el anonimato. Nada tan esclarecedor como el comentario de un joven saudí en la red:

“Ansiamos el cambio más que nadie, pero el problema con el ‘viernes de la ira’ es que nadie sabe quiénes son sus líderes. Si supiéramos que es un movimiento saudí, estoy seguro de que mucha gente saldría a las calles. Mi opinión personal es que la CIA y el gobierno estadounidense consideran a Arabia Saudí como su tesoro personal tanto por las reservas de petróleo, como por ser su mejor amigo en la región. Para dar cualquier paso necesitamos apoyo mundial, no sólo local”.

¿Excepción emiratí y qatarí?

EAU y Qatar son los países del CCG donde menos perspectivas hay de que se produzcan movilizaciones populares, siendo quizá los que más se aproximan al modelo descrito por la teoría del estado rentista. Sin embargo, ello no significa que no existan sectores de la sociedad con voluntad de participación política e incluso opositores al régimen. Además, como en el resto de estados del CCG, las presiones internas e internacionales han obligado a los dirigentes de ambos países a iniciar procesos de liberalización política durante las últimas dos décadas. Con la intención de legitimarse tras su acceso al poder, tanto el emir de Qatar, Hamad bin Jalifa Al Thani (en 1995), como el presidente de EAU y emir de Abu Dhabi, Jalifa bin Zayed Al Nahyan (en 2005), apelaron a los sectores reformistas de la sociedad y a la comunidad internacional con el anuncio de programas de liberalización política. Pero más allá de celebrar elecciones para instituciones con poco o ningún poder legislativo, las reformas han sido muy poco significativas.

En ninguno de los dos países ha habido manifestaciones hasta ahora, pero sí se ha registrado cierto movimiento en las redes sociales (existe una página en Facebook que pide el derrocamiento del emir de Qatar y otra que llama a la revolución contra la corrupción en EAU). En el caso de EAU, un grupo de 133 académicos y antiguos miembros del Consejo Federal Nacional (CFN) han firmado una petición en la que piden el establecimiento de “un sistema parlamentario democrático que integre los elementos de una sociedad libre de miedo”, mientras que en el caso de Qatar hay una manifestación convocada para marzo.

Como respuesta, las medidas adoptadas por ambos regímenes han sido también muy similares. En Qatar se fijaron precipitadamente las elecciones municipales para el mes de mayo de este año; en EAU se anunció la expansión del colegio electoral y la celebración de elecciones para el CFN en otoño de 2011 (una convocatoria esperada durante meses ante la finalización de la legislatura de la cámara en febrero de 2011). Además, ante el descontento mayoritario de los emiratos más pobres de EAU, el 2 de marzo se anunció una inversión de más de 1.000 millones de euros para mejorar sus infraestructuras.

Conclusión

Relegitimación o cambio político

Las favorables condiciones de vida de los ciudadanos del Golfo no han impedido que importantes sectores de sus sociedades hayan desarrollado la capacidad crítica con respecto a los regímenes autoritarios que los gobiernan, ni que hayan emergido movimientos de protesta pro-democráticos durante las últimas semanas. Sin embargo, ni las respuestas de cada gobierno, ni las iniciativas coordinadas del CCG –como el anuncio de un “Plan Marshall” que inyectará 14.000 millones de euros en Bahréin y Omán, o la reciente intervención militar en Bahrein– han contentado a la oposición.

Algo ha cambiado en las sociedades del Golfo, al igual que en el resto del mundo árabe, y si bien no se puede decir que haya ocurrido “de la noche a la mañana”, sí se puede afirmar que los derrocamientos de Ben Ali y Mubarak han despertado en los pueblos árabes la percepción compartida de que tienen el poder para cambiar las cosas, y esto es algo contra lo que los regímenes no podrán luchar indefinidamente. Por más que los regímenes traten de aplacar las protestas con medidas económicas y militares, o con reformas políticas “cosméticas”, tarde o temprano tendrán que aceptar que ha llegado el momento de integrar a la población en el proceso de toma de decisiones. Todas las monarquías árabes del Golfo, si bien en distinto grado según las características de cada caso (Bahréin en un extremo y Qatar en el otro), tendrán que poner en marcha reformas significativas si no quieren ver cómo sus regímenes pierden progresivamente toda legitimidad.

El derrocamiento de la dinastía Al Jalifa implicaría la caída de la primera monarquía en el mundo árabe desde que comenzaron las revueltas, y ese es un escenario que los líderes del Golfo quieren evitar a toda costa, por el efecto contagio que podría tener. Por este motivo, ni la temida perspectiva de verse abandonados por los gobiernos occidentales (como les ocurrió a Ben Ali y Mubarak), ni la exposición mediática a la que están siendo sometidos, han evitado que las protestas más multitudinarias hayan sido aplacadas violentamente. En especial, la intervención militar del CCG en Bahrein está destinada no solamente a mostrar el apoyo incondicional de todos sus miembros al monarca de Bahrein, sino también a mandar un mensaje inequívoco a todos los grupos de oposición del Golfo.

Es probable que el interés de la comunidad internacional por mantener la estabilidad en una región que alberga la quinta parte de las reservas mundiales de hidrocarburos, y de donde procede el 45% del petróleo consumido en el planeta, favorezca la supervivencia de estos regímenes. Pero, a pesar del posible deterioro de las relaciones con éstos y del temor a que emerja un Irán reforzado, Washington ha declarado que no apoya “incondicionalmente” a ningún régimen y que considera que la verdadera estabilidad sólo llegará a la región mediante “el diálogo y la reforma política”. Queda por ver cuánto hay de cierto en este discurso o si será una vez más, como dicen los árabes, kalam fadi (“palabras vacías”).

Como es habitual, la mayoría de los estados europeos siguen los pasos de EEUU en esta región, pero quizá sería el momento de ejercer una mayor presión desde la UE para que se pongan en marcha programas de reforma que respondan a las peticiones de sus ciudadanos y a los estándares internacionales en materia de libertades y derechos humanos.

Marta Saldaña Martín, investigadora en Estudios Árabes e Islámicos, Universidad Autónoma de Madrid y University of Exeter.

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