El gran desafío de la paz para Colombia

Colombia cruza los dedos ante la esperanza, esta vez justificada, de un acuerdo definitivo de paz con la guerrilla en activo más antigua de América Latina. A partir del asesinato de aquel líder liberal de izquierda, Jorge Eliécer Gaitán, un todavía muy presente 9 de abril de 1948, las violencias indiscriminadas de orígenes múltiples, los odios, las venganzas, se apoderaron de la vida cotidiana en todos los rincones de un país que parecía rendido a una suerte de inevitable destino bañado en sangre. Como describe la brillante narrativa del escritor bogotano Juan Gabriel Vásquez en su última novela, La forma de las ruinas (Alfaguara): «Nunca he sentido la devoción incondicional que otros sienten por la figura de Gaitán, que me parece más penumbrosa de lo que se admite; pero sé que este país sería un mejor lugar si no lo hubieran matado, y sobre todo podría mirarse con más gusto al espejo si el asesinato no continuara impune tantos años después».

Nunca antes se ha estado tan cerca de convertir en realidad el viejo sueño de lograr un futuro de convivencia pacífica; en un proceso, claro está, no exento de grandes obstáculos. El presidente Juan Manuel Santos puede pasar a la historia como el motor y artífice principal de un ambicioso y complejo proceso de diálogo anunciado en secreto a la guerrilla pocos meses después de alcanzar su primer mandato en el 2010, e iniciado con luz y taquígrafos a mediados del 2012 con la mediación inicial de Noruega, país con amplia experiencia en resolución de conflictos internacionales, y Cuba. Santos dejó atrás la etiqueta de halcón ganada en su etapa como ministro de Defensa del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) para dar un gran giro político a su trayectoria con una atrevida propuesta de mano tendida, no sin condiciones, a la búsqueda de un definitivo acuerdo con la guerrilla de las FARC. Del mismo modo, Santos recompuso las muy deterioradas relaciones con Venezuela y Ecuador, congeló un convenio militar con Estados Unidos que hubiera supuesto la cesión de siete bases militares y firmó, en coherencia con su ideología económica neoliberal, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con el Gobierno de Barack Obama.

La extrema derecha golpea la esperanza de paz con todos los medios a su alcance. No solo el expresidente Uribe y su delfín, Oscar Iván Zuluaga -obtuvo un nada menospreciable 45,01% de sufragios en la elección presidencial del 15 de junio del 2014-; desde la Procuraduría, una de las más altas instituciones del Estado, se ha complementado una especie de cruzada contra todo aquello que pueda comportar progreso, en alianza con algunos empresarios ganaderos, agrupados en un poderoso gremio que aún goza de privilegios ancestrales; genuinos representantes reaccionarios, de activa y agresiva resistencia a cualquier negociación con las guerrillas. Una oposición radical que sostiene como única alternativa la vía militar; sin tener en cuenta los escalofriantes datos oficiales de los últimos 30 años: 6.800.000 víctimas registradas, un 86% de desplazados, más de 220.000 asesinados y el resto, víctimas de amenazas, homicidio, desaparición forzada, secuestro, violencia sexual, lesiones, torturas, reclutamiento forzado de menores y atentados.

Aunque el Gobierno mantiene un diálogo preliminar que avance en el inicio de negociaciones formales con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se mantiene un tono público beligerante entre ambas partes. Ha sido el propio presidente quien ha lanzado al ELN una especie de ultimátum al afirmar: «Se le está acabando el tiempo para ser parte de la solución política del conflicto armado». Se sabe, en cambio, que se habrían producido hasta seis reuniones en Ecuador, con presencia de delegados del Gobierno colombiano y de la guerrilla guevarista. De hecho, el presidente Rafael Correa ofreció Quito como sede de eventuales negociaciones. A diferencia de las FARC, la segunda guerrilla colombiana nació con el referente fijado en el éxito de la revolución liderada por Fidel Castro.

Nadie dice que vaya a ser sencilla la gestión de los probables acuerdos de La Habana, ni tampoco la de los posibles escenarios del posconflicto. Hay acuerdo en que sean las Naciones Unidas las encargadas de verificar el alto el fuego definitivo, aunque queda pendiente establecer el mecanismo que ratificará los pactos. Mientras el Gobierno propone un referéndum, las FARC prefieren una asamblea constituyente. De lo que no hay duda es de que se abrirán ventanas de libertad que deberían alimentar la generación de aquellas transformaciones económicas, sociales y políticas que el largo conflicto ha postergado. La gran oportunidad, el gran desafío para lograr la anhelada estabilidad que comporta la paz.

Antoni Traveria, Director de Casa América Catalunya.

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