El gran dilema electoral

Los primeros desarrollos de la precampaña electoral están siendo confusos, en parte porque en esta coyuntura atribulada que arrastramos desde el 2008 nadie quiere revelar sus cartas, y en parte también porque la autonomía de los gobiernos europeos es escasa en estos tiempos en que la crisis ha puesto de manifiesto que hemos de optar entre formar parte de una potencia europea, con divisa propia y envergadura continental, o de un club de esnobs individualistas en el que cada país juegue con gran dificultad su partida en el gran estadio de la globalización.

Pero lo cierto es que el tiempo apremia. Que mientras trabajamos afanosamente y con grandes sacrificios sociales en pos de la estabilidad presupuestaria (empeño que debería quedar concluido en el 2013), se hace patente que, después del gran crash, los planteamientos fiscales que valieron en la irrepetible época de bonanza no alcanzan para sostener el Estado, por lo que algo habrá que hacer. Los últimos datos del Banco de España son expresivos: a finales del primer semestre de este año, la deuda acumulada de todas las administraciones españolas había aumentado un 16,5% en términos interanuales, hasta el 65,2% del PIB, cinco puntos porcentuales más que un año antes. Tal aumento ha sido espectacular en las administraciones autonómicas (23,6%) y grave en la central (15,9%); la deuda de los ayuntamientos apenas creció un 6,2%.

En nuestro caso, el problema no proviene tanto de la recesión mundial cuanto del hundimiento del sector inmobiliario. Según el INE, el peso de la construcción (residencial y no residencial) en el PIB español aumentó del 11,7% en 1996 hasta el 17,9% en el 2007, último año antes de la crisis. Al mismo tiempo, este sector pasó de ocupar al 9,3% del empleo total hasta el 13% durante ese mismo periodo. El estallido de la burbuja inmobiliaria no solo provocó el desempleo de la mayor parte de los trabajadores del sector -más de 1,5 millones-, sino también el cese de una actividad que producía riqueza y contribuía a sostener al Estado. La construcción habrá de normalizarse un día, evidentemente, pero hasta un volumen mucho más modesto: si en el 2007 se construyeron 750.000 viviendas, en el futuro habrá que abastecer una demanda del orden de las 300.000 anuales.

Así las cosas, las respuestas que deben proporcionar los partidos políticos cara al 20-N han de versar, primero, sobre las actuaciones públicas tendentes a generar nuevas actividades productivas, preferentemente de alto valor añadido, que sustituyan al nicho que ocupaba la construcción. Y, segundo, sobre los cambios de fiscalidad que resultarán indispensables para sostener el Estado del bienestar, en las condiciones y con el alcance que exige la propia sociedad.

La primera de estas cuestiones generará en la práctica escasa controversia, aunque sin duda rivalizarán sensibilidades distintas; las dos grandes opciones políticas procurarán facilitar el camino de un modo u otro a los empresarios, a los emprendedores, para que aborden iniciativas nuevas y luchen por lograr mayor productividad. Y el debate ideológico se centrará más bien en el segundo asunto, ya que habrá que elegir entre dos opciones: si se desea mantener unos grandes servicios públicos universales y de calidad, será preciso revisar al alza el sistema impositivo y alcanzar niveles de presión fiscal comparables con los de los países a los que desearíamos parecernos. En cambio, la otra opción pasa por reducir el tamaño del Estado para dejar más espacio a la economía productiva a costa de limitar la calidad o el alcance de los servicios públicos y la asistencia social.

Este debate está ya implícito en las controversias preelectorales, pero resultaría saludable explicitarlo más, ofrecerlo de forma verdaderamente inteligible a la opinión pública para que nadie se llame a engaño. Porque en estas democracias europeas tan sofisticadas podría parecer que lo que está en juego en las citas electorales es simplemente la capacidad de gestión. Y aunque eso también se dirime, obviamente, lo realmente decisivo y lo que debería dirigir el voto es la orientación del avance, el acervo de valores y principios que los partidos que reclaman el voto portan en las alforjas para que les guíen a lo largo de la singladura.

Es cierto que el binomio derecha-izquierda ya no se caracteriza tan solo por el modelo fiscal. La socialdemocracia ha llegado a entender que la redistribución fiscal de la riqueza, más allá de ciertos límites, es empobrecedora e inútil, y enfatiza más como instrumento básico de igualación en el origen la existencia de grandes servicios públicos universales y gratuitos. Sin embargo, es incierto que las ideologías hayan periclitado: laten bajo la superficie a menudo opaca de los partidos, que a veces quieren abarcar tanto que desfiguran su apariencia. Pero nadie debe privarnos de nuestro derecho a votar con la conciencia de que, en democracia, un país es bastante más que una empresa, por lo que las creencias y los valores no pueden quedar al margen de nuestra pragmática decisión.

Antonio Papell, periodista.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *