El gran fiasco separatista

La llegada a la presidencia de la Generalidad de Cataluña de Pasqual Maragall, en el otoño de 2003, puso fin a más de dos décadas de gobiernos de CiU. Para entonces, el Título VIII y el Estatuto de Autonomía catalán habían agotado su potencial descentralizador y se había desplegado en esa Comunidad un grado de autogobierno que jamás en su historia había alcanzado. Fueron más de 20 años de permanente diálogo y negociación que hicieron posible que la Constitución, todos y cada uno de los modelos de financiación y hasta el último de los traspasos de competencias fueran el fruto de un acuerdo explícito.

Poco importa ahora por qué la llegada de Artur Mas supuso una ruptura tan radical con todo ese legado. Tal vez el nacionalismo moderado no estaba mentalmente preparado para soportar la alternancia en el Gobierno, tan propia de todas las democracias. El ascenso del Tripartito comprometió por primera vez la hegemonía electoral de los nacionalistas de centroderecha abriendo paso a una dinámica izquierda/derecha en la que Mas no se sintió capaz de pelear. Menos aun cuando la nueva coalición gobernante construía su discurso sobre la impugnación de todo el trabajo previamente realizado. No valía ya ni la Constitución, que debía sustituir el modelo autonómico por el federalismo asimétrico, ni la financiación, que se decía injusta, ni las competencias siempre insuficientes. La pérdida de su identidad moderantista, asentada en el catalanismo pactista, que había servido para protagonizar la Transición y para contribuir a la mayor modernización de España jamás vivida dejó a CiU primero sin discurso propio y, a continuación, sin votos suficientes. En eso tampoco se distinguen de cualquier otro partido, sin discurso político sólido no hay respaldo electoral posible. El legado más tangible de Artur Mas, tras una década de esfuerzos ingentes para conseguirlo, es la más completa destrucción del espacio político del centro-derecha nacionalista en Cataluña.

El gran fiasco separatistaSe confunden quienes, a rastras de dinámicas ajenas, pretenden ahora centrar el debate en las nefastas consecuencias que para los catalanes tendría su independencia. Ni nuestros ojos ni los de nuestros nietos verán jamás tal dislate. La unidad y la fortaleza de España, forjadas en siglos de historia en común, no serán quebradas por querellas inventadas, enfrentamientos burdamente provocados y dinámicas espurias de la política más local. El problema es grave, pero es otro. Los independentistas están consiguiendo la división entre los catalanes, un enfrentamiento construido sobre bases profundamente emocionales que apenas deja espacio a la racionalidad. Han instalado la dinámica del conflicto permanente frente a la cultura política del diálogo civilizado entre valores rivales. Como explicó Isaiah Berlin al hablar de las raíces del romanticismo, cuando prende la propensión a sacrificarlo todo por una iluminación interior, cuando se asumen ideales absolutos aun a costa de cualquier renuncia, la peor de las opciones es el compromiso ya que este significaría la traición a los principios más íntimos. El problema, real e inmediato, es la ruptura de la convivencia política en Cataluña. Mientras tanto, la contrastada serenidad y prudencia de los españoles hace posible, por fortuna, que las provocaciones no consigan generar animadversión alguna hacia los catalanes en el resto de sus compatriotas.

Casi cuatro décadas de Constitución nos dejan ver algunas goteras en el texto, es lo normal después de tan prolongado e intenso uso de sus previsiones. Casi nadie discute que unos u otros aspectos sean susceptibles de mejora y, como es conocido, todos los partidos de ámbito nacional hemos defendido en algún momento reformas parciales. Sin embargo, distraen la atención de lo más importante algunas propuestas que en esta coyuntura pretenden hacer de la reforma constitucional la respuesta política al desafío independentista. No está en la Constitución el origen del problema ni en su reforma la solución del mismo. Los cambios posibles, los que cabe formular bajo el amparo del amplio consenso que cualquier cambio exige, nunca servirían para aplacar las pretensiones de los más radicales, ni las de quienes pretenden quebrar la unidad de España ni tampoco las de aquellos que impugnan el pacto del 78 en su totalidad y aspiran a sustituirlo por otro. Para cualquier otra aproximación faltarán interlocutores políticos representativos en Cataluña por una muy larga temporada. Por eso resulta especialmente incomprensible el marcado acento que el partido socialista pone en la reforma como requisito necesario e inmediato para cualquier solución. Al conceder la necesidad de un cambio en la actual coyuntura está confirmando las presuntas carencias constitucionales y legitimando algunos argumentos de sus más inmediatos adversarios políticos.

Por eso también falta a la verdad Artur Mas cuando dice entre susurros «apretamos para poder negociar». En su patético final político tal vez no sea consciente de que él no está en condiciones de negociar nada, simplemente porque no representa ya a nadie. Para negociar la independencia (¡que irreal resulta incluso escribirlo!) cualquiera elegiría a otros interlocutores más genuinos y coherentes; para negociar una reforma carece de la fuerza política necesaria tras su viaje camuflado en el seno de una candidatura electoral profundamente heterogénea. Es probable que Mas sea desplazado de la Presidencia por sus nuevos compañeros de viaje; sería un final coherente con su larga huida sin rumbo alguno. Si eso ocurre, su proyecto político habrá muerto tras cuatro décadas de indudable protagonismo y la tarea entonces será construir un nuevo espacio político que haga posible la convergencia entre el sentir mayoritario de los catalanes.

Este es, en mi opinión, el contexto en el que los catalanes acudirán a las urnas el próximo domingo. En el peor de los casos, la mayoría estará en manos de una coalición rupturista de izquierda, independentista pero también orientada a destruir las bases de una sociedad libre y plural que podría seguir prosperando dentro de una economía de mercado. Si habla la mayoría, es decir, si la participación es tan amplia como el momento exige, se impondrá la sensatez que dará paso a una nueva etapa de moderación y diálogo.

Gabriel Elorriaga Pisarik es presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas de los Congreso de los Diputados.

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