El gran hedor

La sentencia dictada por la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel contiene tres párrafos demoledores en los que, en síntesis, se declara que el PP y el llamado Grupo Correa crearon, desde 1996, un "sistema de corrupción institucional" por el que este obtenía contratos públicos -con precios inflados- para sí o para otras empresas concertadas con él, a cambio de comisiones o regalos que se distribuían entre los corruptos, salvo en aquella parte que se destinaba al pago de gastos electorales del partido o a nutrir su caja B -un sistema opaco de contabilidad paralela que la sentencia afirma existe desde al menos 1989 y que se utilizaba, entre otras cosas, para que "personas relevantes del partido" recibieran sobresueldos-.

Además de estos párrafos, hay otro que ha servido para justificar la moción de censura presentada por el PSOE. En él se afirma que, aunque hay testigos que han negado la existencia de la caja B ("Arenas, Álvarez Cascos, García-Escudero, Rajoy, etc.") y la autenticidad de los papeles de Bárcenas, sus testimonios no son verosímiles.

Visto el asunto desde una perspectiva jurídica, estos párrafos concretos -que semejan un injerto en las 1.700 páginas de la resolución y el voto particular- son artificiales. De hecho, la prolija y desmesurada sentencia -irritantemente reiterativa, aunque hay que reconocer la enorme dificultad de analizar y valorar la prueba en un asunto tan complicado- prácticamente no explica el origen y la razón de estas explosivas afirmaciones, que terminan resultando autorreferenciales. Por eso, imagino que la lectura íntegra de la sentencia -o la más probable caza de términos- haya sido, para muchos, una especie de anticlímax. Tras decenas de miles de palabras para concretar los hechos y dar respuesta a las numerosísimas cuestiones jurídicas -de manera bastante discutible, por cierto, en más de una ocasión-, la gran contundencia probatoria sobre el núcleo de aquello que lleva a tantos a la cárcel resulta que solo sirve para que el PP, esa organización que se nos dice culpable de la creación y mantenimiento de un sistema de corrupción institucional y poblada por mandatarios mentirosos, responda como partícipe a título lucrativo, lo que implica, necesaria y sorprendentemente, no tener conciencia de que las cantidades que según los jueces utilizaron en su beneficio pudieran tener un origen delictivo. Es decir, el PP tiene que devolver 245.492,80 euros, pero no porque la sentencia afirme que hiciera nada malo, sino solo porque ese dinero no es suyo.

¿Cómo cuadrar, por tanto, esos cuatro párrafos con esa raquítica consecuencia jurídica? Más aún, resulta forzado sostener que la sentencia afirme que Rajoy ha mentido. A diferencia del detalladísimo e individualizado análisis de las declaraciones de otros muchos testigos, y las explicaciones sobre por qué el tribunal cree esto o por qué no da credibilidad a aquello, en el caso de Mariano Rajoy opta por incluirlo en un grupo ("Arenas, Álvarez Cascos, García-Escudero, Rajoy, etc.") y por señalar que los testimonios de todos sus integrantes, en bloque, sobre la inexistencia de una Caja B, no merecen credibilidad. Pero ¿afirmó Mariano Rajoy, en concreto, en su declaración, que no existiera esa Caja B como para decir que su testimonio no es verosímil? Además de leer la sentencia completa, he vuelto a escuchar la inútil, larga y, en general, desesperante declaración de Rajoy y resulta que no, que no lo hizo. En cuanto a lo que sabía, lo que afirmó es que los apuntes de los papeles de Bárcenas en lo que se referían a él eran falsos, que no ha llevado cuestiones económicas en el partido y que nunca tuvo noticia de donaciones ilegales, comisiones o prácticas irregulares.

Entonces, ¿por qué la sentencia declara probado un entramado de corrupción institucional entre el PP y el Grupo Correa, y dice sin decirlo que Rajoy miente? ¿Y por qué algo tan tremebundo solo se traduce en que el PP devuelva dinero? De hecho, el magistrado que emite el voto particular no solo afirma que no hay prueba de que el PP en sí se beneficiase del dinero que dos alcaldes corruptos utilizaron en actos en sus localidades -distinguiendo entre el PP y sus integrantes-, sino que expresamente critica en sus compañeros esos párrafos indicados al comienzo -tan trascendentes como para iniciar un proceso destinado a hacer caer un Gobierno-, porque en ellos los magistrados expresamente indican que su función es la de contextualizar una cuestión que no está dentro del conocimiento de la sala enjuiciadora. Contextualizando, se puede decir que el contexto de esa munición para la moción de censura es precisamente el de ser expresamente algo sobre lo que los jueces no tenían que decir nada.

Como hay una disonancia que hay que explicar, daré mi interpretación: los magistrados no creen a los dirigentes del PP, pero no pueden jurídicamente ir más allá, por ser los hechos anteriores a la reforma que introdujo la responsabilidad de las personas jurídicas y por tratarse, en muchos casos, de sospechas, al menos en esta parte de la trama, sobre personas indeterminadas. De hecho, con el juicio ya iniciado y pese a que solo se reclamaba al partido por su posible condición de partícipe a título lucrativo, aceptaron una declaración testifical que ya se preveía abiertamente inútil a los efectos del proceso, la de Mariano Rajoy. Los párrafos de marras son gratuitos porque las sentencias deben ser el vehículo para que los jueces fijen la versión oficial de aquella porción concreta de la realidad que ha de tener consecuencias jurídicas en cada momento. No son un vehículo para decir lo que se piensa sobre cualquier otra cuestión. Menos para introducir, a modo de nota al pie, un texto que fuera de los muros de la sala se convierte inmediatamente en una bomba. Hay una manera, además, de probarlo: la sentencia no tendría por qué haber variado un milímetro su fallo de haberse suprimido por completo esos párrafos que llenaron titulares. Quien la haya leído que haga un experimento mental y los elimine; verá que tengo razón.

Muchos agradecerán a los magistrados que hayan sucumbido a este ataque de sinceridad. La mayoría simplemente asumirá acríticamente las consecuencias del mármol y el oropel, por más que los dirigentes del PP se desgañiten diciendo que la sentencia no condena a nadie del Gobierno. Otros lo agradecerán por simple interés. Sin esas expresiones, que son como divisiones soviéticas atravesando el Óder, la útil imagen del hundimiento habría sido más difícil de escenificar. Otros más, por la creencia sincera de que es bueno para España y que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Yo, melancólicamente, discrepo -más aún cuando hay una causa judicial abierta sobre los papeles de Bárcenas- y no digo más porque para qué.

Quien carece de argumentos morales para discrepar, sin embargo, es el PP. En el verano de 1858 se produjo el Gran Hedor. El Támesis comenzó a exhalar un olor tan nauseabundo que el parlamento británico tuvo que impregnar las cortinas con cloruro de calcio y, al final, suspendió sus sesiones. Décadas de crecimiento caótico de la población, el uso anárquico de pozos negros, y la inexistencia de canalizaciones adecuadas fueron incrementando los vertidos descontrolados en el río. En 1849, el médico John Snow había avisado de la relación entre la contaminación del agua y el cólera, y en 1855 se había creado el primer órgano con competencia sobre todo Londres, un consejo metropolitano de obras que inmediatamente vio paralizada su actividad por las peleas entre compañías rivales y políticos. Hizo falta que los vapores de la inmundicia hiciesen irrespirable el aire de la ciudad y que muriera el marido de la reina Victoria de fiebre tifoidea, para que los poderosos se tomasen en serio el problema. La mierda -para qué los eufemismos- llevaba décadas acumulándose.

Aun sin esos pasajes tan desafortunados, la sentencia del caso Gürtel es otra enorme carretada de estiércol. Sus páginas nos muestran la porquería fluyendo sin obstáculo en los alrededores y dentro del partido. Nos revelan una política de omertá ante la mugre, de ignorancia deliberada. Eso, en la mejor de las hipótesis. Cómo creer las protestas y la indignación de los que hablaban de casos aislados cuando los hemos pillado cubriendo las alcantarillas con alfombras perfumadas.

El gran hedor es la herencia de una generación de políticos del PP y cada vez es más inverosímil que corra el agua, limpie los establos y quede alguien para contarlo.

Tsevan Rabtan es autor de Atlas del bien y del mal (GeoPlaneta, 2017).

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